Día: agosto 24, 2013

De La Paz a Corumbá

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La salida del senador Roger Pinto y su presencia en Brasil es el mayor revés diplomático sufrido por el gobierno desde que el legislador pandino obtuvo el asilo del país vecino. Por la pertinaz la negativa de las autoridades a otorgar salvoconducto al senador, se suponía que la sede de la representación brasileña en La Paz era la más vigilada por los servicios de seguridad. Pero había brechas de seguridad en los sistemas de información del gobierno pues, que se sepa, ningún agente se percató del desplazamiento que ocurría en la sede brasileña.

El dirigente opositor, quien se asiló en la embajada en mayo del año pasado perseguido por dos docenas de juicios que le había instaurado el gobierno, debe haber salido de la residencia a mediados de la semana que acaba. Puesto que salió bajo una logística que de alguna manera sus forzados anfitriones proporcionaron, se descartaría un desplazamiento aéreo. El trayecto debe haber sido terrestre: La Paz-Santa Cruz-Corumbá.  Es un recorrido que demandaría no menos de 24 horas. Como un rally memorable.

Esta noche eran intensas las especulaciones entre observadores, analistas, políticos y diplomáticos sobre las derivaciones del caso. Pinto ha estado 453 días en la embajada brasileña (conteo de Erbol)  y sólo las anotaciones que pudiera haber registrado generan curiosidad. En esos días está escrita una porción  importante de las relaciones entre los dos países, que han estado tensas como pocas veces en su historia.

Hasta esta noche no había un pronunciamiento orgánico de las autoridades, salvo algunas declaraciones dispersas a través de medios del estado. La vocera oficial del gobierno, Ministra de Comunicación,  Amanda Dávila,  dijo que la condición de Pinto había cambiado de “asilado a prófugo de la justicia boliviana” (ABI). Se supone que habrá una gestión, sin mayores perspectivas de éxito para extraditar al senador dados los antecedentes que rodean el caso.

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, uno de los críticos de la concesión brasileña de asilo a Pinto, se mantuvo en discreto silencio. Otras autoridades como las presidentes del Poder Legislativo, que condenaron ácidamente la decisión de Brasil, también optaron por alejarse de los micrófonos. La misma actitud fue observada por el canciller David Choquehuanca y su circuito inmediato. Se trataba de un ruidoso silencio.

Un desenlace como el ocurrido no era imprevisible. Brasil no podía dejar que el “caso Pinto”  dejase en duda su calidad como uno de los campeones de la defensa del derecho de asilo. Las vías de persuasión para dar una solución al impasse fracasaron. No se conocen en detalle cómo se produjeron esas gestiones, pero se puede asegurar que han sido intensas.

Para facilitar el desplazamiento del senador puede haber contribuido el evento, verdaderamente ruidoso y genuinamente trágico, que ayer y hoy tuvo capturados los ojos y oídos del país: la tragedia de Palmasola.

Aguardan un recuento detallado tanto el rally La Paz-Corumbá del senador Pinto como la carnicería que ocurrió en la mayor prisión del país.

El desafío del gas

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A comienzos de 2003 una misión frondosa de funcionarios bolivianos (nueve ministros) encabezada por el propio presidente de la república llegaba a Brasilia con una misión casi imposible: convencer a los gobernantes brasileños que Bolivia no podría reducir el precio para el gas que le entregaba desde hacía cuatro anos. Brasil calculaba que cuando se llegase al máximo requerido (31 millones de metros cúbicos diarios), el precio sería prohibitivo.
El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a La Paz sin persuadir a los brasileños de que los precios contratados para el gas no debían ser discutidos. El asunto quedó para futuras reuniones. El gobierno boliviano –como siempre, salvo en estos los últimos años- estaba en graves apreturas y los ingresos fiscales no alcanzaban para cubrir los gastos presupuestados, menos aún para atender múltiples demandas salariales y de inversión. El precio del gas era entonces una fracción del actual.
Durante una entrevista en aquellos días en la capital brasileña, el mandatario me dijo que había agotado toda su fuerza de argumentación para conseguir imponer el punto de vista boliviano. “Les he dicho: Primero dejemos que el tubo (el gasoducto) se llene (Bolivia aún no había llegado al tope de sus entregas) y discutamos cuando eso ocurra. No hay caso. Llegué a decirles que si Brasil persistía en su actitud, pronto tendría que negociar con otros…”, entre los cuales mencionó a algunos líderes de entonces, entre ellos el actual presidente Evo Morales.
Los costos de la energía son sensibles en toda sociedad. Para Bolivia, reducir la factura de Brasil era como quitarse oxígeno para respirar. Para Brasil, cualquier rebaja en los costos de la energía que importaba también era importante. Había un ingrediente adicional: Sánchez de Lozada no era de los favoritos del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, del PT, entonces una estrella novedosa que refulgía en todo el escenario mundial. Además de los factores económicos, no había mayor interés político en otorgar una concesión al mandatario boliviano, ubicado en la otra esquina del modelo que encarnaba Lula. A fines de ese año, Sánchez de Lozada no era más presidente, en la cúspide de una secuela de eventos que desembocarían en la elección democrática de Morales, a fines de 2005.
La historia suele ser recurrente. Este viernes por la mañana leo en una entrevista (El Deber, Pág. 6) la declaración de un analista brasileño especializado en energía quien anticipa que Brasil demandará una disminución de precios en la discusión de un nuevo contrato, que substituiría al que fenece dentro de seis años. Marco Tavares dice que el precio debería ser de siete dólares por millar de unidades térmicas británicas (la medida para calcular el contenido energético del gas) en vez de los 10 dólares actuales. Es un 30% menos, que probablemente representa el valor que quiere Brasil. En ese porcentaje puede estar gran parte de la bonanza económica que ha tenido Bolivia estos años.
Con todo, el precio no es el único elemento importante. De acuerdo con el analista, y con cualquier observador de los vaivenes de la industria petrolera, el eje de todo es que Bolivia pruebe que tiene reservas suficientes como para garantizar un nuevo contrato. En negociaciones con Venezuela o con cualquiera de los productores árabes de petróleo habar de reservas es superfluo. Con Bolivia es esencial, pues el país no es más el reservorio gasífero que se creía a principios de siglo. ¿Se acuerdan que el presidente Chávez llegó a proponer un gasoducto continental sudamericano que uniría el gas de Venezuela (No. 1 en reservas) con el de Bolivia y Perú para llegar a toda América del Sur? La idea murió por imposible, ecológica (devastación en la región amazónica) y financieramente (US$30.000 millones).
Al ritmo actual de producción las reservas probadas bolivianas durarían entre seis y 10 años. Eso explica la prisa por conseguir inversionistas para explorar, pues YPFB sola no puede hacerlo. Se trata de una escala de miles de millones de dólares. No ha habido ningún hallazgo de magnitud en los últimos años. Hace poco, las autoridades anunciaron que los que encuentren hidrocarburos recibirían como compensación los gastos que hubieren tenido en la exploración. No es poco, pero está por verse si el incentivo es suficiente en esta carrera contra el tiempo.