Ley del embudo

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Gumercindo Pradel, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) de tendencia oficialista, fue castigado (azotado) de acuerdo a “usos y costumbres” de los nativos de la CIDOB original. La justicia se ha movilizado ordenando la detención de los cabecillas de la CIDOB original, y el Comité Cívico del Beni ha anunciado un paro en el departamento en respaldo a los líderes originarios Adolfo Chávez, Fernando Vargas, Lázaro Tacoó y el ex diputado Pedro Nuni, a quienes percibe como víctimas de una justicia que consideran deformada por su parcialidad con el oficialismo.
El Comité Cívico del Beni tiene algunos argumentos para caracterizar a la justicia de esa manera: Marcial Fabricano, también líder indígena y cabecilla de las primeras marchas de los pueblos indígenas hasta La Paz, recibió 50 azotes en 2009 según los términos de la “justicia comunitaria” incorporada a la Constitución Política del Estado. Mientras las fotografías de la espalda llagada de Fabricano daban la vuelta al mundo, la justicia decidió que el castigo era una cuestión de exclusiva aquella justicia nativa, con la que no debía interferir. Dos años después ocurrió la intervención policial sobre la marcha indígena que estaba en curso contra la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS. Hasta ahora se desconoce quién dio la orden y la investigación sobre la represión salvaje contra los indígenas no avanza.
No ha ocurrido igual con el caso de Pradel. Los dirigentes del sector originario no asistieron a una audiencia judicial (temían ser arrestados) como parte de la investigación sobre la paliza a Pradel. La última línea de defensa de los originarios es ahora elanunio de un paro cívico dispuesto este jueves si los dirigentes son  arrestados. Nada sugiere que la calma esté a la vuelta de la esquina. La justicia está en entredicho y la parcialidad que le imputan los líderes benianos, nativos y urbanos, contribuye a la desconfianza creciente que parece levantarse contra uno de los pilares institucionales del estado. El Comité Cívico que ordenó el paro dice que la actitud de la justicia retrata una “ley del embudo”: amplia para unos, angosta para otros.

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