Crónicas del Juicio del Siglo

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Los abogados apelaron cuando en mayo de 2010 un juez de La Paz impuso medidas cautelares sobre el general Gary Prado Salmon, entre ellas prisión domiciliaria y prohibición de hablar con los medios de comunicación. Tres años después, la apelación aún no había sido resuelta pero, hace unos días, otros fiscales pidieron las mismas sanciones para el militar que el jurado del Juicio del Siglo rechazó tras la que probablemente fue una debatida decisión (deliberó  una hora). El incidente muestra las dificultades del proceso para avanzar sobre un camino agreste y  empinado desde que en febrero comenzaron las audiencias en Santa Cruz, bajo una presencia constante de los medios de comunicación.

Los acusadores deben demostrar que en Bolivia se intentó matar al presidente y a otras autoridades, en un proceso que, la acusación del gobierno afirma, buscaba crear una nueva nación. Los elementos esenciales del proceso fueron otra vez cuestionados en la última serie de sesiones, con la lectura de las incidencias  y excepciones que el jurado rechazó, salvo una inocua corrección en la numeración de páginas que carecían de orden. Los 29 conjuntos de observaciones fueron rechazados, en una decisión que los defensores, entre quienes están algunos que los mejores penalistas de Bolivia, no podían creer.   ¿“Será que somos tan tontos y que ellos son tan brillantes”?,  dijo, perplejo, uno de los abogados.

Un segmento emotivo comenzó cuando era juzgado el retiro del militar y su abogado, Otto Ritter, de la sesión del 26 de abril, en protesta porque el tribunal rehusaba cumplir, según interpretaron, toda la resolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una decisión del juez Sixto Fernández contra el militar. La acusación vino con todo su peso para castigar a Prado Salmón con las sanciones a las que había apelado en 2010 sin quela justicia se hubiese aún pronunciado.

El incidente exhibe la fragilidad de la justicia nacional y agrava la inquietud sobre su paso lento y la indefensión en que pueden encontrarse muchos otros casos, carentes de la luz pública que ofrece el Juicio del Siglo. Se creyó que los jueces electos por voto directo en elecciones con una abstención gigante irían a resolver este atascamiento monumental. Las autoridades suponían que el sistema de elegir a los jueces –no designarlos por méritos- colocaría a la justicia Bolivia en una vanguardia mundial. Lo ocurrido prueba que seguimos en la retaguardia. Este concepto trae una conclusión: no se levanta una nueva estructura cuando no existen bases sólidas para hacerlo. El resultado puede ser peor de lo que se quería substituir.

El coronel retirado Zoilo Salces Sepúlveda, de Trinidad, contó su historia ante el tribunal desde su detención en 2010, tras haber ido voluntariamente a La Paz para a declarar. Lo llevaron preso, a una prisión de alta seguridad, en Chonchocoro, en pleno altiplano. De allí peregrinó por la cárcel de Oruro y volvió a la de La Paz. Salces expuso los argumentos con los que ya en Tarija se defendió pidiendo que su caso fuese auditado. En sus palabras, pasó ocho días detenido antes de ver a un juez; los tribunos de su caso no le prestaron atención y de hecho dispusieron que continuase su prisión preventiva en el penal pues no valoraron sus puntos de vista.

“Por favor, valoren lo que les estoy diciendo”, dijo el militar beniano. Y si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”. Tampoco esta vez tuvo respuesta. Para un hombre que no consigue entender por qué está preso, valía la pena citar una porción mínima de su exhortación.

Los tres defensores del Prado Salmón y el propio defendido ofrecieron una defensa densa en frases y argumentos. Fueron los momentos más intensos de la fase que culminó hace unos días. Por lo que se percibe entre quienes asisten a las audiencias (parientes de los acusados en su mayoría) y las entrevistas de los medios a la gente de la calle, la base de la acusación –separatismo- luce absurda -un país mediterráneo dentro de otro o una división y subdivisión de Bolivia-  y lejos de convencer.

La acusación martilleó sobre el abandono intempestivo protagonizado el 26 de abril por el general Prado Salmón y su abogado principal. El fiscal Sergio Céspedes calificó el acto como un desprecio por las garantías que había ganado con la  libertad condicional y como una manera de dilatar el juicio. La sesión había tenido que ser suspendida una hora antes de su término reglamentario después que el juez Fernández advirtió al militar sobre la gravedad de su decisión. La acusación recibió de contragolpe el razonamiento del abogado Ritter equivalente a “ver la paja en ojo ajeno”. Recordó que en la misma jornada del jueves 10 los acusadores se habían atrasado 25 minutos y que, meses atrás, la única explicación que habían dado a la repentina suspensión de las audiencias en Tarija era que “al Dr. (Fernando) Rivera se lo han cargado” (llevado preso), al arreciar las investigaciones sobre la red de extorsión denunciada por Jacob Ostreicher. “Nadie se quejó”, dijo. El abogado criticó el paradigma resultante de la nueva CPE  que, de acuerdo a uno de los fiscales, había suplantado el derecho a la vida. “Aquel  ‘patria o muerte’”gritó Ritter con, repicando la rrr  con vehemencia. ¿“Se lo recuerdan”?  Era el grito castro-guevarista pronunciado en una de las sesiones de Tarija, cuando la defensa  reclamaba por la vida de los acusados, especialmente la de Ronald Saucedo quien estaba mal y horas después tuvo un infarto.

El abogado Alberto Morales tocó una cuerda diferente: los acusadores querían castigar a Prado Salmón por haberlo ya hecho con el abogado Ritter (fue multado con $US 1.500). “No pueden responder con cárcel a un acto aquel del que se acusa al general. (Los acusadores) les están pidiendo a Uds. que apliquen la pena de muerte al general Prado. No sé si conocen las cárceles del país. La sola mención de la cárcel de Palmasola es ya una tortura”. De inmediato entró a mencionar las penurias cuando alguien de la familia es detenido, especialmente cuando la detención tiene sesgos políticos y peor todavía cuando la acusación es por un terrorismo o un alzamiento armado que no tiene pruebas firmes que lo sustenten.

El abogado Prado Araúz subrayó la contradicción entre la defensa del derecho la vida con el castigo que los fiscales querían imponer al militar al pedir su prisión en Palmasola.

El propio Prado Salmón cerró su defensa con pocas palabras para subrayar su escepticismo sobre la justicia boliviana. Al blandir un suplemento oficia ordenado por la Vicepresidencia sobre el “caso terrorismo” , Prado Salmón dijo en ese documento ni se lo mencionaba, pero que cuando al ex fiscal del caso Marcelo Soza le preguntaron por qué Prado estaba detenido, su respuesta fue le habían impartido la orden “desde La Paz”. Concluyó con una arenga: “Llegó al colmo mi paciencia. Si vamos a terminar en Palamsola, terminemos de una vez”.

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