27-0

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Puede ser también 90-0. Vamos a un ejemplo. Un campeonato de fútbol llega a la final y la pantalla muestra aquel resultado. Ud. dirá: Un momento. ¿Cómo puede ser que el equipo derrotado, que tiene un conjunto de estrellas,  no hubiera anotado un solo gol?

Así fue la jornada de este miércoles al concluir la lectura de los incidentes y excepciones del “Juicio del Siglo”, que individualmente sumaron unos 90, pero que agrupados en temas, llegaron a 27. El juez Sixto Fernández leyó la resolución del tribunal que preside y declaró inválidos todos los casos.  Ya habían sido resueltos, carecían de sustentación o el término de presentación había expirado.

Los abogados defensores están entre los mejores del país y es difícil creer que hubiesen sido incapaces de acertar un solo punto.  ¿“Será que somos tan tontos y ellos sean tan brillantes”?, me dijo uno de los abogados.

No son evidencia muchas de las fotos recopiladas durante la  investigación, inclusive aquella en la que un capitán de la policía aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de una alegada conspiración secesionista. Murió acribillado a balazos en la madrugada del 16 de abril de 2009.  El juez también consideró “subsanable” la falta de páginas en el expediente, anomalía denunciada por la abogada Verónica Suárez a poco de abrirse las  audiencias en Santa Cruz, en febrero. “Es una falta relativa, y por tanto subsanable”, dijo el juez.

En el inventario de las pruebas leídas el martes, no apareció la  pistola ametralladora,  “mugrienta y sin cacerinas”, que el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno dijo que había vendido a Rózsa para la supuesta operación secesionista. “Ni mencionaron la pistola ni me mencionaron a mí”, dijo Guedes, extrañado que ese dato no hubiese sido notado por los jurados.

Pese a la derrota, los propios acusados dieron algunos testimonios.

Elöd Tóásó, el joven rumano-magiar sobreviviente de la incursión policial al hotel Las Américas junto al boliviano-croata Mario Francisco Tádic, habló ante los jurados tras ser presentado por su abogado Alberto Morales. Habló en húngaro y un traductor llevó sus palabras en castellano al sorprendido tribunal.  Las primeras palabras del joven profesor de informática fueron como rayo en cielo limpio: no había tenido traductor y los fiscales no son precisos cuando dicen que un embajador y un cónsul húngaro tradujeron sus palabras en sus declaraciones tras ser detenido. Un cónsul o un embajador no realizan ese oficio y si lo hacen no son validados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues  esa función es de especialistas, subrayó. Otras declaraciones fueron “traducidas” desde el inglés, que en Tóásó no es fluido (se desconoce la calidad del inglés del traductor que, por lo que se sabe, era boliviano).

El abogado Abel Montaño pidió que el juez precisase cómo había sido aprobada la resolución de rechazo a las observaciones de la defensa: si hubo unanimidad o si hubo disidencias.

Su colega José Hoffman, de la defensa del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo, recordó:  la policía, en horas de la madrugada, allanó sin orden judicial un domicilio privado, el Hotel Las Américas, apagó los registros electrónicos “para que no se vea lo que iba  a ocurrir”, en un acto que constituye  falla absoluta en el proceso pero al que el juez no había hecho mención, dijo.

El abogado Gianni Prado, de Tádic, dijo a los jurados que el proceso ingresaba a un terreno de indefensión absoluta, para de inmediato pedirles que escuchasen a su defendido.

Integrante del grupo de Rózsa, Tádic también tocó nervios vivos: los abogados del gobierno (ahora presos, sospechosos de extorsión) recibieron un poder el 12 de marzo de 2009, lo presentaron casi tres semanas después y lo activaron el 14 de abril, horas antes de la explosión en el portón e la residencia del cardenal Julio Terrazas y sólo un día antes del episodio del Hotel Las Américas, cuando decidieron investigar supuestos delitos que no habían ocurrido.

Atacó un punto central del caso: la policía intervino, tomó el hotel y disparó a matar sobre Rósza, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi dentro de una operación que por lo menos fue planificada en sus principales detalles. Al haber obedecido a un plan,  (la policía llegó a Santa Cruz horas antes del episodio), no hubo flagrancia. Además, subrayó, el propio gobierno ha dicho que  sabía del rupo hacía semanas.  Recordó que el presidente Morales había dicho en Venezuela que, antes de viajar, había dejado órdenes para actuar contra el grupo.

“Entonces, no hubo flagrancia” (de parte del grupo de Rózsa), dijo. Eso dinamitaría un elemento esencial de la tesis del gobierno. La idea de una ejecución ha sido reiteradamente rechazada por los fiscales. El ex cabeza del caso, el fiscal Marcelo Soza, sostiene que el grupo, casi completamente desnudo, atacó “de manera injusta” al contingente policial, que se vio obligado a disparar.

El  coronel Zoilo Salces Sepúlveda también se dirigió al jurado: “Por favor, valoren lo que les voy a decir”, pidió.  Dijo que se había presentado voluntariamente a declarar en La Paz, sólo para ser detenido y enviado a El Alto, a Oruro y traído de vuelta a La Paz. El coronel retirado no sabe exactamente por qué lleva casi cuatro años preso. Ha presentado sus pruebas de descargo pero no ha conseguido una respuesta adecuada, dijo. “ “Si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”.

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