Un día para estar atentos

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La audiencia del caso terrorismo  debe reanudarse hoy con una agenda pesada y delicada. El reinicio se enrarece con uno de los acusados decidido a no asistir a las sesiones, el general Gary Prado Salmón, mientras el Juez Sixto Fernández no cumpla, dice su defensa, con todas las disposiciones de la resolución del Tribunal Constitucional  que anuló una decisión que declaraba en rebeldía al general Gary Prado Salmón.

Ese cumplimiento se traduciría en retroceder todo el proceso al último trimestre de 2011 en Tarija, cuando se produjo la declaración sobre el general vencedor de las guerrillas de Ché Guevara en 1967. Lo que significaría que incluso el juramento del jurado que preside el caso es improcedente, pues Prado Salmón, uno de los acusados, no estaba presente. Si esto fuese así, el Juez Fernández tendría que entregar el proceso a un juez local de Santa Cruz, algo que el fiscal Marcelo Soza, apartado del caso por el Fiscal General Ramiro Guerrero, consideraba una aberración.

El ex Presidente de COTAS, Ronald Castedo Allerdin, ha conseguido que el TC admita  favorablemente su demanda para no salir fuera de la altitud de Santa Cruz. Esto refuerza la acción que Castedo tiene introducida en Santa Cruz, donde ha acusado al juez de atentar contra su salud al obligarlo a ir a Tarija. Allí, el ex ejecutivo de COTAS sufrió uh infarto y tuvo que se traído de emergencia a Santa Cruz, donde estuvo bajo terapia intensiva algunas semanas. Por eso tiene en Santa Cruz una causa contra el juez.

El escándalo de las extorsiones, que tiene presos a los principales abogados del gobierno,  ha sido como una bomba sobre los cimientos del caso y compromete la seriedad de autoridades del gobierno que lo denunciaron como una conspiración magnicida, terrorista, con alzamiento armado y separatismo de Santa Cruz como su capítulo final. Ninguna de estas acusaciones ha sido probada. En los audios presentados por la senadora Carmen Eva Montaño la voz un personaje identificado por la oposición al gobierno y por dos pericias técnicas  internacionales como la del fiscal Soza sostiene que la mayoría fue incriminada por presión del gobierno y que contra algunos de ellos no hay cómo probar nada, incluso contra el ex dirigente cívico e industrial Branko Marinkovic. El fiscal Soza sostiene que la grabación es montada.

La audiencia de hoy tiene ingredientes de importancia capital.

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