Mes: abril 2013

Cuarto aniversario

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El “caso terrorismo” cumplió cuatro años este martes 16 de abril en medio de un acelerado descrédito. Con el fiscal jefe de la investigación Marcelo Soza de vacaciones por 60 días y con las expectativas nacionales insatisfechas sobre las pruebas para sostener la acusación, son cada vez menos los que creen en la tesis del gobierno de que en Santa Cruz se forjó una conspiración magnicida, terrorista, alzamiento armado y separatista. Las pruebas son la esencia de toda acusación.

La estructura construida por el fiscal  ha sufrido vendavales sucesivos en los últimos dos meses, a partir de la instalación de las audiencias en Santa Cruz, el 18 de febrero.

Uno de los más recientes, que la mantiene todavía postrada, son los audios en los que una voz atribuida al fiscal admite la siembra de pruebas para apuntalar el caso del Ministerio Público; la voz también admite la ausencia de pruebas contra los acusados. El fiscal les niega autenticidad y dice que la voz en esas grabaciones no es la suya, aunque dos estudios especializados, de Brasil y de España,  dictaminaron lo contrario.

Pero el golpe mayor que ha echado a la lona la tesis gubernamental y la tiene bajo conteo de protección ocurrió el viernes pasado, 12 de abril, cuando el Tribunal Constitucional quitó soporte legal a la declaración de rebeldía que pesaba sobre el general retirado Gary Prado Salmón por no haber asistido a las audiencias de Tarija (y de Cochabamba). El militar retirado, en silla de ruedas desde hace décadas, certificó sus condiciones de salud que le impedían desplazarse a zonas altas. Con la decisión del TC, todo el caso retrocedería hasta la etapa que comenzó en Cochabamba, en 2011, y las audiencias se afincarían definitivamente en Santa Cruz.

La conmemoración central del cuarto aniversario del episodio del Hotel Las Américas estuvo en la Plaza 24 de Septiembre, donde fue puesto a la venta al público el libro-testimonio “Desde adentro” del ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes Bruno, uno de los primeros en ser llevado al penal de San Pedro, de La Paz. Curiosamente, no ha sido presentada la prueba con la que sería incriminado: una pistola de 1944 sin cacerinas y enmugrecida que había vendido a Eduardo Rózsa Flores. Esa era el arma que portaría el supuesto comandante a quien se le atribuye un plan para dividir a Bolivia.

En el acto austero que ocurrió antes del mediodía, la esposa del general Prado, Maria del Carmen de Prado, leyó un discurso emotivo en el que dijo que “la verdad ha comenzado a desvelarse. Estamos muy cerca de conocerla entera y aunque la quieran negar u ocultar una vez más, los delitos que se han cometido en contra de nuestro pueblo y en contra de nuestras familias no van  a quedar impunes”.

A cargo del cuidado de su esposo, especialmente en las diligencias judiciales, dijo que el caso no ha sido  sino “un burdo y tenebroso plan que pretendía descabezar a Santa Cruz y aniquilar nuestro proyecto autonómico”.

El presidente del Comité cívico pro Santa Cruz, Fernando Castedo, propuso la disolución del caso y una comisión supervisada por la Organización de las Naciones Unidas para investigarlo. La diputada Jessica Echeverría dijo que en Santa Cruz “nunca hubo un caso terrorismo”.

El gobernador Rubén Costas, en declaraciones separadas, dijo que  “hay desesperación en el gobierno” porque “el caso se le cae”. Y una de las figuras de todo el caso, Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, dijo que “los terroristas están en el gobierno”. En otra declaración, el fiscal Soza, citado por un canal de TV, afirmó que Villa Vargas tomaría Viagra para provocarse estados de presión alta y glucosa elevada en la sangre. Hice una breve y rápida búsqueda en la internet y encontré alguna referencia, pero no de las características conclusivas que sugirió el fiscal.  La incidencia del viagra en pesonas con diabetes como “ElViejo”” es  menor al dos por ciento.

Así transcurrió parte de la jornada 1.461 desde el estallido del caso.

Y qué pasa con el juez Tapia Pachi?

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Ahora que el Tribunal Constitucional ha reconocido la prioridad del ámbito natural para llevar a cabo el llamado “caso terrorismo”, las autoridades deberían otorgar también garantías para el retorno a Bolivia del juez Luis Tapia Pachi, quien defendía la misma causa ratificada por el TC. Tapia Pachi pretendía que el juicio se instalara en Santa Cruz, el lugar de los acontecimientos del 16 de abril de 2009. La actitud del juez determinó su salida del país y está asilado en Brasil desde 2010, cuando sus colegas del Ministerio Público ordenaron su detención. Creo que el público, especialmente el cruceño, querría saber qué ocurre con él, y cuál es su situación juridica, pues este juez es uno de los elementos importantes del caso en curso desde hace cuatro años.

Una cuestión de opinión pública

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El diario paceño Página Siete me pidió razonar sobre por qué existe tanto interés en los bolivianos por el “caso Rózsa”. Escribí el siguiente artículo, publicado hoy:
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Una cuestión de opinión pública

Los audios divulgados por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzáles son tema obligado de conversación y debate porque ponen en entredicho una versión oficial sostenida a lo largo de cuatro años; vienen en dirección contraria a la que en su momento el gobierno proclamó como la única verdad que los bolivianos debían creer.
Con su contenido, los audios han generado un fenómeno de opinión pública que explica la actitud crispada de muchos cuando se los aborda. Nadie se siente aislado y todos endosan la importancia de aplicar justicia para aquel que las informaciones nos muestran diariamente como un hecho violento de características raras veces vistas en Bolivia. La crispación crece con grabaciones en las que una voz atribuida al fiscal principal del caso admite que hubo “siembra de pruebas” para apuntalar la versión del gobierno, inclusive que hubo disparos a paredes del lugar donde estaba el grupo de Eduardo Rózsa Flores para simular intercambio de fuego. Las afirmaciones del fiscal de que se trata de un montaje no han logrado neutralizarlos.
Los especialistas dicen que un movimiento de opinión pública surge ante algún acontecimiento fuertemente emotivo que primero concita unanimidad; luego se manifiesta en juicios que gran parte de la ciudadanía comparte y que, finalmente, convocan a la acción. Esto concurre en el “caso terrorismo” que surge con violencia (en el cadáver de Rózsa los forenses certificaron un balazo en cada hombro, otro que le destrozó el cerebro, tres más al lado derecho del tórax y un séptimo en la base del pulgar derecho) y mensajes impactantes para la sociedad boliviana. No fue menos brutal la muerte de sus dos compañeros acribillados la madrugada del 16 de abril. A todo eso se suman dudas sobre si alguno de ellos, o los tres, podían ser auxiliados oportunamente (hay una clínica a 200 metros). Y luego están los procesados y afectados en el “juicio del siglo”.
“Terrorismo” no era un término frecuente, al menos en Santa Cruz. Si se le agregan “magnicidio” y “alzamiento armado” para culminar en “separatismo” surge un conjunto fuertemente emocional que, por su magnitud, en muchos generó un escepticismo que en estos días, con las revelaciones atribuidas a los audios, empieza a hacerse sentir. La importancia de aclarar el episodio plenamente se ha convertido en unanimidad. Y la convocatoria a la acción, la fase cumbre de un movimiento de opinión pública, se manifiesta en la presión ciudadana para que toda la verdad sea descubierta. Estamos solamente al comienzo de este proceso.

Un exocet sobre el “juicio del siglo”

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El ministerio público quedó boquiabierto cuando la defensa leyó una resolución del Tribunal Constitucional emitida este viernes anulando la declaratoria de rebeldía del general Gary Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija. La decisión, que el tribunal rehusó darle aplicación inmediata hasta no contar con una notificación oficial, de hecho inhabilitó a parte del tribunal, que ahora tendría que constituirse en Santa Cruz, la sede natural del caso reclamada persistentemente por los acusados y la defensa.

La decisión del Tribunal fue el equivalente al lanzamiento de un misil exocet sobre la estructura de la acusación en el “juicio del siglo”, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.  Las pruebas de la acusación aún no han sido presentadas.

A raíz del caso hay una docena de personas presas de un total de 39 acusados y decenas de exiliados. Las audiencias se reanudarán el 22 de abril, cuando el tribunal deberá admitir oficialmente la notificación y tomar una decisión. Si es llevada a cabo rigurosamente, la decisión implicaría retornar a la fase abierta en Tarija, y consiguientemente el apartamiento de las juezas ciudadanas y eventualmente del propio juez Sixto Fernández que, por pasar el caso a depender de su “jurisdicción natural”, tendría que entregarlo a un juez de Santa Cruz.

Es decir, se formaría un nuevo tribunal, con elección de jueces ciudadanos del padrón electoral de Santa Cuz. “El caso tendrá que pasar a su juez natural. Eso nadie lo puede cambiar. Lo aseguro”, dijo el abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, quien celebraba la decisión dle TC calificándola como “un gol de chanfle”, por encima de la cabeza de arquero. La decisión asumida contra su defendido “fue una arbitrariedad”.

El retroceder a la instancia de Tarija movería otras piezas pues la declaratoria en rebeldía del general Prado Salmón y la jurisdicción natural para el caso son sólo dos temas de los muchos que encierra el  juicio en el que está en juego la palabra de las máximas autoridades del gobierno, que desde el 16 de abril de 2009 han asegurado que en Bolivia estaba en curso un complot gigante que pretendía acabar con la vida de autoridades y desencadenar una guerra de secesión. Todo semeja un desmantelamiento del caso.

Eran conspicuas en la sesión de este viernes la presencia de “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, luego de estar bajo terapia intensiva en Cochabamba, por causa de una diabetes descontrolada, y la ausencia del fiscal cabeza de a investigación, Marcelo Soza, quien goza de una vacación de sesenta días.

Las primeras audiencias del juicio se realizaron en Cochabamba, hace dos años. Ante las dificultades que presentaba la altitud de la ciudad para algunos de los acusados, se las llevó a Yacuiba y luego a Tarija. Al igual que a Cochabamba (2.520 metros de altitud), el general Prado Salmón declinó de asistir a Tarija (1.850) por prescripción de sus médicos. En Tarija, el juez aceptó una moción del ministerio público declarándolo en “rebeldía”, de modo que podía ser arrestado y llevado a prisión en cualquier momento. La rebeldía fue de hecho suspendida cuando las audiencias se instalaron en Santa Cruz y el ex general de división, recluido en silla de ruedas desde hace más de 30 años, pudo estar presente en las sesiones. Entretanto, la declaratoria de rebeldía lanzada en Tarija estaba bajo consideración del Tribunal Constitucional, que decidió sobre ella este viernes.

La decisión de TC estaba disponible en la página web de la institución, pero el juez Fernández dictaminó que eldocumento debía llegar físicamente a sus manos.

Caso terrorismo pierde a otro acusador

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La abogada Paola Barriga se apartó de la dirección jurídica del Ministerio de Gobierno en una decisión “netamente particular” para retornar a ejercer privadamente su profesión, anunció la página web de Radio Fides este viernes. La renuncia remeció el llamado “caso terrorismo”, a sólo horas de vencer el plazo para que el fiscal Marcelo Soza entregue las pruebas del proceso boliviano más bullado en lo que va del siglo. La renuncia tenía efecto  inmediato.

Actualización al amanecer del sábado, 6 de abril. Versiones que escuché  dicen que la abogada tuvo un altercado con miembros del tribunal en torno a una resolución que debería dictarse la semana proxima, cuando está prevista la reanudacion de las audiencias. La discrepancia subió de tono y la abogada abandonó el lugar (el Palacio Judicial).  

El alejamiento de la abogada priva al gobierno de uno de los pilares más fuertes de la acusación contra 39 personas con cargos de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. La fase actual del proceso se lleva a cabo en Santa Cruz desde el 18 de febrero, tras haber peregrinado por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. La raíces del caso vienen del 16 de abril de 2009, cuando un comando de la policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió a balazos al boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, al húngaro Arpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer.  Sobrevivieron el boliviano Mario Tádic y el rumano Elöd Tóásó, ambos presos junto media docena de bolivianos, además de otros que se encuentran con prisión domiciliaria. Hay también exiliados y refugiados.

La decisión de la abogada puede resultar incómoda para el círculo más estrecho del gobierno, porque ocurre  cuando la causa del Ministerio Público el “juicio del siglo” luce trepidante y debilitada, con la desaparición y reaparición del fiscal Marcelo Soza y los audios en los que una supuesta voz del magistrado informa sobre la “siembra de pruebas” para respaldar la acusación del gobierno. Dos informes técnicos privados, uno en Brasil y otro en España, aseguran que los audios son auténticos. Soza dice que son un “montaje”.

El debilitamiento del caso (que la abogada renunciante niega y sostiene, más bien, que es “sólido”) también pone en aprietos al presidente Morales, quien el mismo día del sangriento episodio declaró que sabía del grupo y había ordenado su “arresto”, con “instrucciones precisas” al vicepresidente Álvaro García, y al subcomandante de la policía. Al mismo tiempo, aplaudió la actuación de la policía.

La abogada, citada por Radio Fides, dijo que los constantes viajes a Santa Cruz habían trastornado su vida familiar. Ingresó al caso como una de las acusadoras del gobierno tras el descalabro causado por las denuncias de extorsión que llevaron a la cárcel al titular Fernando Rivera Tardío y sus asistentes, a fines del año pasado.

La nota informativa de Radio Fides cita su declaración: “La renuncia es por un tema netamente particular y personal, pero el proceso (por el caso terrorismo) es un proceso totalmente consolidado; se tienen pruebas que van a permitir llegar a una sentencia condenatoria y ya se tiene una acusación particular y una acusación fiscal que es la base de todo proceso”.

“La jurista estuvo cuatro eses en el cargo y tuvo que asumir toda la documentación legal que dej[o Fernando Rivera,quien había asumido la representación legal desde el inicio de este caso”, agrega la información de Fides.

La renunciante cree que la caso que sustenta el gobierno es “sólido” y que los acusados serán sentenciados.

Una anécdota personal: Al cierre de la última sesión del caso en el Palacio Judicial de Santa Cruz me acerqué a su escritorio, cuando recogía sus papeles. Me presenté y le pedí que me dijera la explicación del gobierno y la fiscalía para algunas de las contradicciones que parecían rodear al caso y específicamente cómo era posible que, según el fiscal Soza, el comando policial hubiese sido “atacado injustamente” por Rósza y su grupo, cuando, por todo lo visto, todos dormían y estaban casi completamente desnudos. Rehusó getilmente responder. “Hablemos, mejor, la próxima semana, cuando se reanude la audiencia”, me dijo. “Tendremos más tiempo…”

Las diez dudas de Guedes

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Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, fue uno de los primeros en ser enviado a la prisión de La Paz a pocos días del estallido del “caso terrorismo”. En un libro escrito desde el penal de San Pedro (“Desde Dentro”, aún sin presentación oficial),  el acusado de “magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo” figuran algunas de las dudas que más relevantes en torno a este episodio sangriento a punto de cumplir cuatro años. Ahora que está en debate la autenticidad y contenido de hasta dos grabaciones en las que habla una voz supuestamente la misma del fiscal, quien dice que el audio es un  “montaje”, vale la pena reiterarlas. Con el Dr. Soza de vuelta al escenario público, tras estar desaparecido durante más de dos semanas,  es importante responder a esas dudas (páginas 121,  122 y 123), listadas aquí con una edición mínima y el mismo orden:

1)      No sólo fueron apagadas las cámaras de seguridad del Hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009. También fueron borrados los registros a partir del ingreso de “los ejecutados junto al húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic”.

2)      Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) dijo que había recibido una llamada de Eduardo Rózsa Flores en la madrugada del 15 de abril contándole que había “encendido la mecha” de la carga que estalló a las puertas de la residencia del cardenal Julio Terrazas. Contradictoriamente, el policía que investigó lo ocurrido dijo que  el explosivo fue accionado por un detonante eléctrico que no requiere de fuego. Entonces, ¿fue mecha o fue detonante eléctrico? Además, el informe policial sostiene que el explosivo utilizado no es para matar sino para alarmar.  ¿Se puede hablar de atentado?

3)      El vehículo que transportó al supuesto grupo atacante a la residencia del Cardenal Terrazas era un Toyota blanco, embarrado, según la descripción de un guardia. El taxista que llamó a Radio Patrullas dijo que el vehículo era de color gris. ¿Cuál fue el vehículo?

4)      Nadie ha demostrado que la tapa de un basurero  encontrada en las casetas de COTAS en la FEXPO corresponde  a aquel donde fue depositado el explosivo frente a la residencia cardenalicia.

5)      El video de la operación en el hotel Las Américas muestra una pistola atribuida a Eduardo Rózsa Flores debajo de la almohada, pero el informe oficial posterior dice que el arma estaba en el suelo. (¿Modificación de escenario?)

6)      Las armas halladas en las habitaciones de Magyarosi y Dwyer estaban envueltas en bolsas o guardadas en gavetas, lo que vuelve improbable la idea de la confrontación que señala un peritaje realizado después, de acuerdo a la diputada Marisol Abán.

7)      La mochila rojo y blanco, según el video de la operación, fue llevada aparentemente desde la pieza de Rózsa a la de Tóásó, quien ha dicho que nunca manejó armas. En un disco compacto  (distribuido tiempo después de la incursión al hotel) se escucha decir a un policía que las únicas habitaciones sin armas eran las de los sobrevivientes; sin embargo, el fiscal dijo que la mochila con un arma estaba en el cuarto de Tóásó.

8)      El fiscal Soza no supervisó la operación policial, pero sí participó en el levantamiento de los cadáveres y en las primeras diligencias cumplidas por otras unidades policiales.

9)      La legisladora Abán, integrante de una comisión legislativa investigadora del episodio, afirma que en su presencia el Ministerio Público (no identifica a nadie en particular)  declaró que su presencia en el lugar era innecesaria pues el grupo fue descubierto en flagrancia, aunque en el momento de la acción policial los presuntos terroristas dormían desnudos o semidesnudos en sus piezas. El ministro de gobierno de entonces, Alfredo Rada, dijo que hubo flagrancia y por eso ocurrió el tiroteo. Sin embargo, en la audiencia de Cochabamba el fiscal Soza reconoció que no hubo flagrancia.

10)   ¿Qué hacía en el hotel el Director de Inteligencia Nolberto Clavijo, quien se había hospedado a las 23:00 (no antes, como afirmó)?

Reaparición del fiscal y la suspensión de la audiencia

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Este lunes después de Pascua, el fiscal Marcelo Soza resurgió de entre los desaparecidos sano y entero y declaró ante un juez de La Paz. Previsiblemente, el fiscal reiteró su apreciación de que el audio con el que se lo quiere incriminar es un montaje. Su abogado, Moisés Ponce de León, complementó: el supuesto y laborioso montaje fue realizado por el propio especialista brasileño, Ricardo Molina de Figueiredo, quien condujo el peritaje del audio más famoso de Bolivia en los últimos meses.
La reaparición del fiscal en el Día de la Mentira (1 de abril en muchos países, no así en Bolivia, donde el día equivalente es el de Inocentes, el 28 de diciembre) precedió al diferimiento de la audiencia del llamado “caso terrorismo” debido a la gravedad de la salud de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”).

La del lunes debía haber sido la audiencia reveladora del inventario actualizado de las pruebas sobre las que se sostiene “el juicio del siglo”, que se arrastra desde hace casi cuatro años (16 de abril de 2009). La audiencia deberá realizarse el 11 de abril.
Había suspenso por la audiencia de este lunes, pues el inventario permitiría saber, entre otras cosas, qué armas de las que supuestamente tenía el grupo encabezado por Eduardo Rózsa Flores, están aún bajo custodia y cuáles faltarían. Abogados de la defensa dicen que el número de bultos en Santa Cruz es de tres frente a una docena que había en Cochabamba, en 2011.
Uno de los que reclama las pruebas es el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno, quien ha dicho que vendió a Rózsa una pistola ametralladora “mugrienta” de 1944, pero que la que le mostraron en Cochabamba era una pistola flamante de 9 milímetros. Que el combatiente de los Balcanes hubiese pagado mil dólares por una pieza sin cacerinas ni refrigeración hizo dudar a Guedes sobre la calidad militar de Rózsa y el arma inútil es uno de sus argumentos para derribar la tesis secesionista del fiscal. Sólo mostrarla quebraría el argumento, afirma. No mostrarla sería aún más grave: la prueba habría desaparecido. El juez Sixto Fernández, que preside las audiencias, ha dicho que sin pruebas no hay juicio.
Entre los acusados había frustración porque el juez de La Paz, Genaro Quenta, recibió la declaración del fiscal Soza sin tomar medidas preventivas como las ordenadas contra casi todos los investigados.
El abogado Gary Prado Arauz subrayó la que le pareció una irregularidad de partida: el fiscal ingresó a declarar en la sala del juez a las 07:45, cuando el horario de trabajo empieza a las 08:30. De esa manera, Soza eludió a la prensa, que lo daba por desaparecido desde hacía más de dos semanas.
“Debían haberlo detenido”, dijo Guedes Bruno. Otto Ritter, el abogado del general retirado Gary Prado Salmón, agregó a otro grupo de reporteros: “En la lista de los que el gobierno no quiere vivos están “El Viejo” y el fiscal Soza”. Y anunció lo que se viene: “Lo interrogaremos nosotros, no sus colegas fiscales. El fiscal es nuestro testigo estrella”. “Le preguntaremos por qué no convocó a declarar al Vicepresidente; a quienes excluyó; serán nuestras preguntas”. Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del 16 de abril de 2009, dijo que el ir a declarar ante el juez Quenta equivalía a  “darle al ratón el queso”. Y el general Prado dijo que en el anunciado nuevo video , de 45 miutos (el debatido estos días tiene la mitad de duración) “hay revelaciones y veremos cómo las niega”.
La salud de “El Viejo” consumió gran parte de los 55 minutos de sesión. “El Viejo” está en preso desde que el fiscal Soza determinó que era un  “acusado clave” en vez de la condición de “testigo clave” que le habia asignado al principio de las investigaciones.

Para evitar mayores dilaciones en el proceso, el detenido Juan Alberto Kudelka sugirió al juez que Villa Vargas fuese trasladado a Santa Cruz de manera permanente. El juez sólo dijo que la sugerencia sería considerada. El paciente está en una clínica de Cochabamba, que informó que el examen de glucosa que se le practicó la semana pasada marcó un nivel superior a 500. La escala de seguridad es 70-110 en ayunas. A los especialistas se les debe haber parado el pelo.