El retorno de Joaquino

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René Joaquino vivió hoy tiempos de gloria, tras el oprobio de su desalojo de la Alcaldía de Potosí. Había sido electo en 2010 con el 65% de los sufragios emitidos entonces, en la consolidación de una cadena de  varias victorias en su joven carrera política (tiene 47 años). La racha de triunfos electorales  tuvo un fin abrupto cuando los concejales del partido de gobierno votaron para alejarlo del cargo, acusándolo de corrupción administrativa  por haber comprado vehículos de segunda mano para la limpieza de la ciudad pues las  unidades nuevas habrían costado demasiado al municipio. Su celo por ahorrar le costó el cargo por dos años.

La justicia es lenta pero llega y el Tribunal Constitucional que asumió funciones el año pasado declaró nulos los artículos de la ley fundamental de autonomías bajo los cuales fueron acusados y destituidos de sus funciones varios alcaldes y gobernadores, notablemente Joaquino y los gobernadores Ernesto Suárez Satttori (Beni) y Mario Cossio (Tarija). El líder beniano optó por renunciar para dar curso a nuevas elecciones que, hace tres semanas, ganó su compañero de ruta política, Carmelo Lens. Cossío está exiliado en Paraguay y quienes gobiernan su departamento todavía deben llevar el elegante pero expresivo título de “interino”.

El retorno de Joaquino  quedó expedito cuando el TC decidió que iba contra la ley el raro principio de que bastaba una acusación para deponer a una autoridad, que debía probar su inocencia en los tribunales. Los potosinos premiaron el estoicismo de su alcalde llevándolo en hombros de vuelta al Palacio Municipal.

No habían transcurrido tres meses de la sentencia del juez No. 1 del Tribunal de sentencia, Jaime Choquevilque que lo sentenció a tres años de prisión. Los sentenciados fueron el burgomaestre y seis concejales que lo apoyaron en su gestión.

Sin rencor y con la mano tendida, Joaquino reiteró el compromiso de trabajar por los potosinos. “He actuado en el marco de la ley. No tengo ninguna sentencia que pese contra mí”, dijo.

El fallo del TC ha sido precedido por otros tres, que han puesto de manifiesto la inconstitucionalidad de algunas de las decisiones más críticas del gobierno, entre ellas la figura del “desacato”, que fue excluida de las normas penales bolivianas, al igual que un gran número de países. La prueba de amor por la ley y de independencia del poder político  puede venir en los meses próximos cuando el máximo tribunal deba decidir si una nueva candidatura presidencial del actual mandatario Evo Morales es legal. El mandatario ha dicho que su aún no definida candidatura para las elecciones presidenciales de 2014 es legal.  Constitucionalistas y opositores consideran que no.

El Art. 168 de la CPE dispone que el mandato presidencial sea de cinco años y que el mandatario y su vicepresidente puedan ser reelectos “por una sola vez de manera continua”. En las disposiciones transitorias se establece que los mandatos anteriores a la vigencia de la CPE serán tomados en cuenta para computar los períodos de funciones. El gobierno sostiene que el primer mandato del presidente fue interrumpido y que por eso el que está en curso es el primero. Pero quienes piensan de manera diferente replican que es claro a quién se refiere la CPE cuando habla de un “mandato anterior” y que los constituyentes y legisladores lo sabían, sólo que ninguna carta magna legisla específicamente sobre personas.

Se espera el pronunciamiento del tribunal durante el semestre en curso.

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