Asamblea Cívica blinda a Costas

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Miles de personas portando banderas verde y blanco se volcaron sobre el estadio Ramón Tahuichi Aguilera este viernes para  exigir respeto a la voluntad popular ante tentativas que atribuyen al partido gubernamental de despojar al gobernador Rubén Costas del cargo que ganó en elecciones hace dos años.

En un ambiente festivo,  bailes y cantos de por medio, la primera Asamblea Ciudadana del país decidió recolectar firmas para un referéndum nacional que suprima la posibilidad que ahora existe de que las autoridades electas sean suspendidas sin un previo juicio de responsabilidades.

La decisión, aprobada por repetidos “si” que resonaron en el escenario deportivo, parece marcar el comienzo de movilizaciones en todo el país en torno a planteamientos semejantes y puede haber rescatado la iniciativa política hasta ahora monopolizada por el partido de gobierno. Estaban presentes dirigentes cívicos de otras regiones, visiblemente de Tarija y del Beni.

“Estamos cansados de la confrontación. Estamos cansados de la tiranía. Queremos vivir en libertad”, dijo Roly Aguilera, del equipo de gobierno de la gobernación cruceña.

El acto cívico de esta tarde pareció también anunciar la reocupación del Comité pro  Santa Cruz del escenario de grandes luchas cívicas del que hasta ahora parecía marginado. La Asamblea Ciudadana, una figura democrática contemplada en la CPE, fue vista como un triunfo de ese comité.  Su presidente, Herland Vaca Diez, cerró la asamblea anunciando que la resolución aprobada sería enviada a la legislatura departamental para ejecutarla.

El gobernador Costas lució feliz, levantó a niños en los brazos, dio abrazos y apretó manos, y dijo que la iniciativa tendía a esparcirse por todo el país, como ocurrió con los cabildos que llevaron a la elección directa de gobernadores y a las autonomías departamentales. El referendum deberá ser nacional y disponer cambios en la Ley Marco de Autonomías.

También estaban presentes delegados juveniles de cuando menos cuatro países (Paraguay, Nicaragua, Panamá y Chile) que observaron el desarrollo de la  asamblea, lo que parecería indicar una coordinación continental para participar del  movimiento ciudadano de esta tarde.

La multitud había empezado a aglomerarse en el centro deportivo desde poco después del mediodía.

Con excepción de Costas, quien tiene una veintena de procesosen su contra, todos los gobernadores opositores han sido apartados de sus cargos. La asamblea cívica de esta tarde manifestó su decisión de blindar al gobernador,  acusado por fiscales del  gobierno por los gastos incurridos en la realización de un referéndum que votó por los estatutos que confirieron autonomía al departamento más poblado y con mayor riqueza de Bolivia.

Al lado del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Herland Vaca Diez, estaban dirigentes cívicos de Cochabamba y Beni, y la plana mayor de la cúpula cívica que departamental. La asamblea contó con representaciones de todas las provincias y poblaciones importantes del departamento y por su magnitud y sus planteamientos se convirtió en un desafío político mayor para el gobierno del presidente Evo Morales.

Una de las primeras  propuestas aprobadas por la multitud sugirió la recolección de firmas en todo el departamento para convocar a un referéndum que dé lugar a reformas de la ley marco de autonomías. La ley vigente es considerada como una limitación de la autonomía que la región se proponía alcanzar cuando propuso esa modalidad administrativa luego adoptada para todo el país.

Los legisladores departamentales del partido de gobierno quieren apartar a Costas apoyados en una norma que permite la suspensión de una autoridad electa bajo la simple indicación de un fiscal; los legisladores que apoyan al gobernador dicen que la Constitución dispone que ninguna autoridad puede ser suspendida si antes no ese comprueba el supuesto delito en un juicio. Argumentaciones semejantes llevaron a la separación de los gobernadores de Beni, Tarija y del alcalde de Potosí, que militaban en filas opositoras al gobierno.

Los oradores reclamaron respeto para la región y para su economia, amenazada por recurrentes trabas, desde la limitación para sus exportaciones hasta el cierre temporal de Puerto Aguirre, la salida al Atlántico que tiene ahora Bolivia y por la que pasa más del 30% de las exportaciones del país.

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