Día: mayo 18, 2012

Enfermera reafirma que fue torturada

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La enfermera Leonor Boyan, detenida hace ocho días en una de las jornadas de mayor intensidad de la lucha de médicos, salubristas y la Central Obrera Boliviana a raíz de un episodio que al Viceministro de Gobierno Jorge Pérez le costó un hematoma o una  herida superficial en la cabeza,  ha dicho que sí fue torturada a puñetazos y puntapiés por los policías y agentes vestidos de civil que la detuvieron aquel día.  Boyan había desaparecido de los noticieros nacionales y resurgió esta noche en las páginas electrónicas de Erbol que trajo una versión del informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la tortura y la violencia Estatal encomendado por la Defensoría del Pueblo para determinar si la funcionaria no regular del Instituto del Tórax, de La Paz, sufrió malos tratos durante su cautiverio. El informe, dice la noticia de Erbol, determina que “las afrentas propiciadas por los efectivos de la Policía Boliviana sí son catalogables como tortura”.

La información (que puede ser leída aquí) no trae ningún comentario de la policía ni del Ministerio de Gobierno, así como tampoco de la fiscalía que investiga el caso.

Erbol dice que el director del área socio terapéutica de la Defensoría del Pueblo, Andrés Gautier, se entrevistó con la enfermera de acuerdo a las normas del Protocolo de Estambul. La versión no precisa el lugar de la entrevista, si fue en el propio Hospital del Tórax o si la enfermera ya estaría en libertad. Ese protocolo, adoptado por las Naciones Unidas en 1999, fue redactado por decenas de expertos en leyes, salud y derechos humanos a lo largo de más de tres años de trabajo con la participación de unas cuarenta organizaciones y es considerado primordial en las investigaciones en torno a personas que alegan haber sufrido torturas y malos tratos.

Gas: El proyecto que no fue

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Como pocas veces en su historia, entre los años 2001 y 2002 Bolivia pudo estar a un paso de poner pie firme en el Pacífico a través de un polo gasífero en Puerto Patillos, cerca de Iquique, norte de Chile. El proyecto estaba avanzado pero fue enviado al congelador porque parecía obvio que no obtendría aprobación legislativa y, peor, Gonzalo Sánchez de Lozada, que acababa de ganar las elecciones presidenciales, no parecía convencido de la importancia de suscribirlo cuanto antes. El termómetro del debate ascendía rumbo al rojo y, comenzando por el gobierno entrante, no tenía mayores adeptos la idea de que un asunto de la magnitud que para Bolivia representaba el proyecto llegase al capítulo final a cargo de Jorge Quiroga, cabeza del gobierno que se iba.
Después sobrevino el huracán que sepultó a gobiernos, y la riada social y política que cubrió al país arrastró también al proyecto.
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