Día: enero 11, 2012
Ahora es Yapacaní
El cabildo abierto convocado para este miércoles por la tarde por el comité interinstitucional de San Juan de Yapacaní desembocó en violentos enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes que presionan por la destitución del alcalde municipal del lugar, David Carvajal. Los enfrentamientos aún continuaban al anochecer, cuando ya se anunciaba que una persona había muerto y que varias otras estaban heridas. Horas más tarde, el sitio de El Deber informaba sobre tres víctimas fatales, lo que colocaba en el tablero de la política boliviana un nuevo factor de grave inquieud.
Al abrirse el horario informativo estelar de la noche, el corresponsal de Bolivisión, Roberto Soliz, informaba desde el lugar que hasta las 20 horas la violencia continuaba en Yapacaní, ubicado a 120 kilómetros por carretera desde Santa Cruz. La persona supuestamente fallecida había recibido múltiples impactos de “balines” (municiones de escopeta), dijo el corresponsal.
Al momento de iniciar esta entrada, no eran conocidos los detalles sobre cómo estalló la violencia. Pero la jornada pre-anunciaba disturbios, pues los representantes cívicos del lugar se niegan a aceptar el retorno del alcalde, quien ya había sido expulsado del lugar y esta semana fue reimpuesto por la policía tras la orden de una juez. Carvajal pertenece a un ala del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo.
Erbol, el sistema radial que reúne a unas 300 emisoras rurales, dijo que Radio Ichilo había descripto lo que ocurría en Yapacaní como una batalla campal. Durante el enfrentamiento murió una persona identificada como Abel Rocha Bustamante, de 26 años. La víctima fatal tenía once impactos y el cadáver era velado en la plaza principal de Yapacaní. Antes de la medianoche, El Deber informaba que había otras dos víctimas mortales: Michael Sosa y otra persona no identificada todavía. Los tres habían recibido impactos a la altura del corazón.
El Ministro de Gobierno, Wilfrido Chávez, confirmó en la noche la muerte de Rocha y dijo que habría una investigación para determinar cómo estalló la violencia. Hasta ese momento, era la única víctima fatal sobre la que informaban los informativos de TV. Chávez dijo que los policías también habían tenido bajas, entre ellas un policía había sido herido en el cuello y la cabeza durante los actos violentos que habían ocurrido días atrás.
La fuerza policial extraordinaria enviada al lugar, dijo el ministro, cumplía el mandato constitucional de preservar la ley y el orden público, alterado por la oposición de organizaciones cívicas al retorno de Carvajal, quien estaba como alcalde del lugar. Informó también que los disturbios habían tenido origen en «intereses personales» de algunos concejales, a quienes no identificó. Tampoco ofreció detalles sobre cuáles serían esos intereses.
Al final de su informe por TV el ministro anunció que el Alcalde Carvajal había renunciado. Y poco después los informativos de TV reportaron que la fuerza policial que se había estacionado en Yapacaní para proteger al ahora ex-burgomaestre, se retiraba dirigiéndose a Santa Cruz.
Con la renuncia, supuestamente desaparecía la necesidad de mantener allí al contingente policial, que, de acuerdo con las imágenes mostradas por la TV, abandonaba el lugar seguido de numerosas personas. Las imágenes dejaban la impresión de una retirada apresurada. La tensión en Yapacaní, sin embargo, persistía.
No era el único lugar en el que prevalecía la inquietud. En San Buenaventura, población de La Paz sobre la frontera con el departamento del Beni, frente Rurrenabaque, el alcalde Adalid Carvajal fue tomado por la población y lo sometió a una forma de «justicia comunitaria» hasta que informe sobre 1.500 turriles de cemento asfáltico que habrían desaparecido, en un aparente caso de corrupción. El material estaba destinado a obras públicas en el lugar. Carvajal fue colcado sobre un cepo (un madero) donde permanecía hasta el atardecer bajo la vigilancia de cientos de pobladores.
El rostro de la represión
La actuación policial en Yapacaní muestra el rostro de las autoridades cuando se enfrentan a movimientos que las contrarían y escapan a su control. No tienen mejores armas que la represión, que exhibe el rostro más feo del gobierno. Repasen la historia de los últimos años y verán que el libreto se repite año tras año, gobierno tras gobierno (se esperaba que el actual fuese diferente.)
En Yapacaní había ayer decenas de presos (86, en la cuenta de El Deber) a raíz de un conflicto que venía gestándose durante meses. Hoy, en un clima de alta tensión, se debe realizar un cabildo.
El centro inmediato del conflicto es el alcalde del partido de gobierno, David Carvajal, quien ayer reingresó a su despacho apoyado por una fuerza policial de entre 500 y 700 efectivos, la más numerosa vista en mucho tiempo en ese centro. El cabildo pretende demandar la retirada de esa fuerza e insistir en la destitución del alcalde.
Cuando fue establecido, a 120 kilómetros por carretera desde Santa Cruz de la Sierra, Yapacaní era una promesa para la colonización. Ahora tendría unos 30.000 habitantes (poco más de 9.000 en el censo de 2001).
El problema afloró en los últimos meses del año pasado, por constantes denuncias sobre la escasa ejecución municipal de programas ya presupuestados. Era un caso de gestión administrativa que se agravó en espiral cuando los medios audiovisuales del lugar fueron atacados y destruidos por grupos afines al alcalde y al partido de gobierno, según organizaciones cívicas. Los medios atacados eran críticos de la gestión municipal. Más al fondo, sin embargo, parece existir un problema entre plantadores de coca, algunos de los cuales han tomado áreas de la reserva forestal de El Chore.
Un cabildo anterior logró la salida del alcalde, pero una orden judicial dispuso su reinstalación, que tuvo lugar esta semana, con el apoyo de la fuerza policial y en medio de disturbios. Ese tipo de decisiones judiciales no es común.
Las declaraciones de autoridades del gobierno central sobre inversiones en Yapacaní el año pasado irritaron más a quienes protestan contra el alcalde. Dirigentes cívicos retaron ayer a esas autoridades a ir a Yapacaní y mostrar qué obras se han realizado en el lugar.
El diario El Mundo en su edición de hoy cita a Freddy Machaca, presidente de la Federación de Juntas Vecinales, denunciando violación a los derechos humanos por parte de la fuerza policial. “Pido a (las organizaciones de) derechos humanos que vayan a la población”, dijo.
El conflicto no es buen augurio para comienzos de año. Se suma a otro con los plantadores de coca en la localidad yungueña de La Asunta, enfrentados con la fuerza militar que procura eliminar plantaciones ilegales.
Mientras tanto, en Santa Cruz 