Nubarrones éticos

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No había acabado la jornada en la que el presidente Evo  Morales se reunía con nativos del TIPNIS ahora partidarios de que por su territorio pase una carretera asfaltada, cuando la red de emisoras rurales Erbol trajo las declaraciones de  una dirigente que afirmaba que el presidente había financiado los pasajes aéreos de toda la delegación de nativos que luego plantearía al mandatario que derogue la ley que promulgó hace un mes.

La nota de Erbol empezaba: “Rosa Fabricano Moye, capitán mayor del cabildo Natividad del retiro multi-étnico TIM, dijo que el presidente Evo Morales financió los pasajes a toda la delegación indígena que arribó a la sede de Gobierno esta mañana con el objetivo de pedir al primer mandatario la derogatoria de la Ley de Protección del territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y que la construcción de la carretera villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por esa reserva ecológica.”

La nota fue leída esta noche al Ministro de gobierno, Wilfredo Chávez, por el conductor del programa Que No Me Pierda, Enrique Salazar, durante un enlace del programa entre Santa Cruz y La Paz, donde el ministro era entrevistado. La nueva dimensión que planteaba la información de la dirigente indígena no fue asumida por el ministro, quien pudo zafarse del tema con alguna dificultad.

Lo que la dirigente hizo conocer a través de Erbol  exhibió el terreno movedizo en el ha ingresado la cuestión del TIPNIS y las formas éticamente borrosas de hacer política que con frecuencia se presentan en  Bolivia.

El Ministro dijo que no le parecía que lo ocurrido representase algo anormal. Pero, para muchos, resultaba difícil cuando menos no sospechar que lo ocurrido creaba una situación que equivaldría a: Yo pago y tú me pides lo que yo quiero que me pidas. Pues el tema central del asunto es que el propio presidente planteó hace sólo  unos días a los nativos que presionen por anular la ley que él había promulgado cuando unos 1.500 nativos (otras cifras mencionaron alrededor de 2.000) marcharon durante más de 60 días desde Trinidad hasta La Paz, a pie, para presionar por la modificación de la ley que autorizaba el paso de la carretera por aquella reserva natural, protegida por Constitución Política del Estado. ( A las aristas éticas se agragarían otras, sobre la forma en que se gastan recursos del estado que dudosamente contribuyen a la unidad de uno de los sectores más desguarnecidos de Bolivia.)

Tras esa marcha, que conmovió a gran parte del país y que fue recibida apoteósicamente por la población de La Paz, el presidente firmó la nueva ley que reemplazaba la que días antes había promulgado. Semanas antes, la policía había intentado frenarla con  una violenta intervención que derivó en una cadena de dimisiones.

El proyecto de carretera, a  la que le faltarían sólo los kilómetros de travesía por la reserva natural, era la estrella en los planes gubernamentales de vinculación vial. Los habitantes –o una parte de los que viven en la zona- temen que con ella se facilite el ingreso de un alud de sembradores de coca que acabe con la reserva.

El veto indígena le ha colocado una traba gigante al proyecto. La obra, por todo lo que se ha publicado en estos meses, fue ordenada sin la consulta a los nativos prevista por la CPE y los convenios internacionales de protección a las tribus indígenas que Bolivia ha suscrito.

La nota de Erbol agrega que “Fabricano indicó que un vehículo trasladó a los 30 indígenas desde San Ignacio de Moxos hasta Trinidad, en el Beni, desde donde por vía aérea arribaron a La Paz. El retorno será hoy por la misma vía”.  La versión informativa agregaba””El presidente Evo Morales ha financiado el pasaje para treinta personas para llegar a La Paz; nosotros venimos de  una comunidad que se llana Natividad del retiro, que es del multiétnico TIM; de San Ignacio nos trajo una movilidad hasta Trinidad”.

La temperatura del termómetro Tipnis subió esta noche varios grados.

La revelación de la dirigente indígena ocurrió en una jornada en la otros dirigentes de los nativos cuestionaban el informe del Defensor del Pueblo que responsabilizó de la represión brutal que desencadenó la policía sobre la marcha al ahora ex ministro de gobierno Sacha Llorenti  y a otras dieciocho también ex-autoridades. El presidente de la confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez,  dijo que el informe debía haber incluído al presidente Morales y al vice-Presidente García Linera. Este último dijo, hace unas semanas, que él sabía quién había impartido la orden para la intervención de la marcha y que en poco tiempo más el nombre sería conocido.

Adolfo Chávez también dijo que el informe debía incluir a los “colonos” del TIPNIS que durante más de dos semanas bloquearon y amanazaban a los marchistas a la altura de Yucumo, cerca de San Borja, y les  impedían el acceso al agua de un arroyo del lugar.  El contingente policial enviado a la zona del conflicto también impedía a los marchistas llegar hasta el arroyo hasta que, en un sorpresivo vuelco de la situación, un grupo de mujeres tomó de los brazos al canciller David Choquehuanca, que dialogaba como represedntante oficial, con nativos y colonos. Tras una escaramuza que no llegó a causar bajas, los nativos rompieron el cerco y llegaronn al agua. Al día siuguiente sobrevino el violento ataque policial.

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