Atentado contra TV católica en El Alto

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Dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto intentaron este viernes tomar por la fuerza el canal 57 de TV, propiedad de la Iglesia católica, dirigido por el sacerdote Sebastián Obermayer. La toma fue evitada por los propios vecinos, que volvieron un fiasco el intento de toma de las instalaciones.

El nuevo acto, que lesiona la libertad de expresión, se produce cuando sólo falta poco más de  un día para las peculiares elecciones bolivianas de jueces y magistrados y se encuentran en Bolivia observadores extranjeros, invitados por el gobierno para ver  el desarrollo de esa votación en la que los candidatos fueron elegidos por el partido de oficial.

La acción de la COR   siguió a una decisión del organismo de ocupar medios con una línea supuestamente contraria al “proceso de cambio”. La emisora  de TV sigue una línea independiente del gobierno. La acción de la central regional intentó también expulsar a los periodistas de las instalaciones televisivas.

En una conferencia de prensa esta noche,  el padre Obermayer dijo que había hablado con el Ministro del Interior y que éste le había asegurado que había ordenado que se asigne seguridad a la emisora. Una periodista lo interrumpió para decir, frente a las cámaras, que quien dirigía la supuesta seguridad era amigo del dirigente que encabezó la tentativa de toma y que, de hecho, no existía la anunciada seguridad. El padre Obermayer, arquitecto, es quien ha levantado las torres en la mayoría de las iglesias de el Alto, visibles desde todos los aviones que aterrizan en el aeropuerto de ese lugar.

Los detalles y la cronología del fallido intento no fueron claramente registrados por las  informaciones de la TV. Pero el suceso generó horas de tensión en la ciudad, una de las tres más pobladas de Bolivia, junto a Santa Cruz y La Paz.

La Asociación de Periodistas de La Paz emitió una declaración recordando que las amenazas de la COR atentaban contra la libertad de expresión y de prensa, y violaban la CPE.

El documento de los periodistas dice que la COR, “como institución de protección de los derechos de los trabajadores, debería recordar que el artículo 303 (de la CPE) sanciona con uno a tres años de prisión a quien “impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión y oficio, comercio o industria” de cualquier ciudadano.

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