Día: julio 22, 2011

Dilema ambiental del presidente

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El diario británico The Guardian trae en una de sus ediciones recientes, un extenso trabajo periodístico, que aparece en uno de sus blogs, sobre la controvertida carretera de Villa Tunari, una de las más importantes localidades del Chapare, hasta San Ignacio de Moxos. Son más de 300 kilómetros de extensión que los indígenas del oriente dicen que no los favorecerá, aunque el gobierno está decidido a construirla. El tema es abordado en aquel diario, uno de los más progresistas de habla inglesa.

La nota cuya autoría corresponde a Mattia Cabitza, bajo el blog  “La Pobreza Importa”, publicado en aquel diario bajo cooperación con la Fundación Melinda y Bill Gates, empieza con una descripción que retrata el parque Isiboro-Secure: “Mapajos gigantes se levantan por sobre la bóveda, los monos aullan a lo lejos y uno que otro jaguar se desliza libremente por el suelo. La  jungla boliviana es un lugar de belleza natural intocada.  Pero lo que para algunos es un remoto y pintoresco lugar, para otros es la maldición del subdesarrollo.  El parque nacional Isiboro Secure no es una excepción. Alberga a algunos miles de especies de aves, mamíferos y plantas. Pero es también una de las áreas más pobres de América Latina.”

Con más de un millón de hectáreas, el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) está protegido doblemente. Como parque y como territorio de los mojeños yuracarés y chimanes, para quienes el gobierno parece apresurado en llevar adelante su controvertida versión de progreso y prosperidad.

El reportaje cita al presidente Evo Morales en un discurso en Sacaba: “Quieran o no, construiremos la carretera”. La nota periodística dice que Morales quiere construir la carretera que atraviesa el parque con el argumento de que conectar pueblos y comunidades aisladas es de interés estratégico para todos los bolivianos, inclusive para los del TIPNIS. Pero los pobladores del parque se oponen a la obra y están listos para luchar. La nota continúa:

“Si el gobierno quiere traer maquinaria pesada para aplastar nuestros derechos, ciertamente empezará un conflicto con nosotros”, dice Mauricio Cuéllar. Este dirigente lamenta que Morales,  quien se autodefine como protector de la madre tierra y los derechos de los pueblos indígenas quiera ejecutar el proyecto que los residentes del parque dicen que causará degradación ambiental.

La nota reproduce declaraciones y conceptos que han sido divulgados en Bolivia. Lo novedoso es que ahora se hable de ellas en Europa y en medios en los que antes se registraban pocas críticas y muchos elogios al gobierno boliviano.

Dice: “En el escenario internacional, Morales es visto como uno de los mayores defensores del ambiente. El año pasado, acogió en Cochabamba una conferencia sobre el cambio climático, y Bolivia ha sido el único disidente  respecto a un acuerdo alcanzado en la conferencia sobre el tema en Cancún, cuyos términos fueron calificados por ese país como equivalentes a “ecocidio y genocidio”.

Continúa: Miremos en casa, sin embargo, y emerge un cuadro diferente. “Estamos viendo una contradicción enorme entre lo que dice y lo que realmente es”, dice María Lohman, de Somos Sur, un grupo boliviano que busca ofrecer una alternativa para el “modelo deshumanizador y predador”.

“Lo que vemos aquí es saqueo (de nuestros recursos) “, dice Lohman. “Cada año, unas 300.000 hectáreas se van en llamas (para clarear tierra para la agricultura)”.  “Y el mismo pillaje queda impune en el sector minero, sostiene. “Las mayores minas están en manos de corporaciones internacionales que saquean los minerales con los métodos más anti-ambientales”.

A pesar de acusar a Occidente por el cambio climático mediante el uso irracional de materias primas, la economía boliviana vibra con las ventas de gas natural. “Internamente, el gobierno de Morales utilizó la nacionalización del gas como uno de sus programas bandera”, dice Kathryn Ledebur, de la Red Informativa Andina, un grupo promotor de los derechos humanos y la justicia social en Bolivia.

También dice que Morales enfatiza que los ingresos de esa industria ayudaron a impulsar iniciativas importantes, como los bonos para los niños y madres jóvenes, asegura Ledebur. El artículo agrega citando a la misma fuente: “Sin embargo, este enfoque a veces colide con las prioridades internacionales del gobierno: cambio climático y respeto al ambiente”.

El trabajo cita a Daniela Leyton, una psico-politóloga de Kandire, organización que procura la paz con la protección de los derechos humanos y ambientales, quien dice que Morales actúa sobre dos lados en conflicto para atraer inversiones extranjeras y asegurar su sobrevivencia política. “Si tiene que responder a los donantes internacionales, tenemos al presidente indígena. Pero si tiene que responder a la gente de manera que pueda pagar los programas sociales y mantener la economía estable, necesitamos de proyectos grandes, y aquí hablamos sobre todo de la explotación de hidrocarburos”.

La nota atribuye a Leyton afirmar que la carretera TIPNIS ejemplifica el doble patrón del presidente respecto al ambiente. Agrega que depósitos de gas natural han sido descubiertos en los límites del parque, y que las empresas petroleras necesitan de la carretera para explotarlos. Pero persistir en la obra puede alienar la base que apoya al presidente, lo que, a su vez, puede ser impopular entre los donantes internacionales de Bolivia.

Es por eso, concluye, que Leyton cree que Morales puede prevalecer sólo a través de una consulta transparente y honesta con las comunidades indígenas en el TIPNIS, procurando un equilibrio entre dos lados en conflicto que resulte aceptable para todas las partes.

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Periodistas bolivianos solidarios con colegas de Ecuador

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El caso del diario El Universo ha repercutido en Bolivia como una advertencia de lo que puede pasar en este país con la elección de jueces en octubre, declararon este viernes tres organizaciones fundamentales de periodistas bolivianos. Un documento emitido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia,  la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Boliviana de Radiodifusión, declara que la sentencia de la justicia ecuatoriana contra El Universo, castigando con tres años de cárcel y una multa de 40 millones de dólares “a quienes se animaron a denunciar la instauración de una dictadura con fachada de democracia, es una advertencia de lo que puede pasar en Bolivia si el Órgano Judicial termina totalmente sometido al gobierno de turno”.

Las tres organizaciones divulgaron un pronunciamiento conjunto y expresaron condena y rechazo para el fallo contra el columnista Emilio Palacio y los directores del diario Carlos, César y Nicolás Pérez. El columnista, en un artículo a comienzos de año, llamó repetidamente de dictador al presidente Rafael Correa y de dictadura a su gobierno, calificativos que desencadenaron una acción judicial cuyo resultado fue celebrado por el gobierno ecuatoriano.

Las mismas organizaciones determinaron advertir a la población boliviana que atropellos, como el ocurrido en ecuador, contra la libertad de expresión y la democracia son posibles “cuando los jueces dejan de lado su deber de acatar lo que dicen las leyes para someterse a los caprichos del autoritarismo”.

El caso ecuatoriano, que ha generado expresiones de condena de la mayor parte de los foros mundiales de periodistas, vino a sumarse a la campaña que hay en Bolivia contra la elección de magistrados prevista para octubre. Los candidatos han sido todos aprobados por el partido de gobierno,  el MAS, que cuenta con una mayoría legislativa de dos tercios. La uniformidad de la aprobación hace temer que la justicia será aplicada en Bolivia de acuerdo a la voluntad del gobierno.

El documento agrega: “Los periodistas de Bolivia expresan su solidaridad con sus colegas ecuatorianos sentenciados a purgar penas en la cárcel por ejercer el sagrado derecho de expresarse y reflejar la realidad y reiteran que continuarán incansablemente defendiendo la libertad de prensa y expresión en Bolivia. Conscientes de la responsabilidad histórica que le toca al periodismo boliviano frente a un proceso de elección de jueces en el que quien se autocalifica como “mestizo” es habilitado como “indígena” y en el que se imponen restricciones que violan la Constitución Política del Estado (las tres organizaciones) reiteran su rechazo a la normativa electoral que refuerza la mordaza jurídica que el Gobierno pretende imponer a la prensa.”