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El presidente Morales ha conseguido, arropado en el prestigio institucional de seis ex presidentes, tres acusados por su régimen, llevar la atención nacional alrededor de la estrategia que quiere elaborar para la causa marítima. Ahora no está más amarrado a la agenda de los 13 puntos con Chile como una camisa de fuerza y, necesitado de oxígeno político,  ha buscado el diálogo con los ex presidentes, quienes le han tendido un chaleco para flotar en el mar de problemas cada vez más difíciles en que se encuentra. La COB ha desacelerdo sólo un poco la presión callejera. Según el propio presidente declaró, llegó a temer que los aguerridos manifestantes quisiesen dinamitar el Palacio de Gobierno y, de paso, el Legislativo. A su modo de ver, los dinamitazos cerca de la Plaza Murillo eran una conspiración para apartarlo del poder.

Según un despacho informativo reproducido por el sitio  hoybolivia.com y originado en la agencia oficial ABI, dijo el domingo en Cochabamba:

“Sospechosamente, estos días (viernes y sábado), mineros que son delegados del sector privado, se van a la ciudad de La Paz. Han ido a dinamitar la Plaza Murillo. Hasta puedo imaginarme (que) es como un golpe de Estado”, denunció. A su juicio, si la policía dejaba a los manifestantes entrar a la Plaza Murillo, habrían dinamitado el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno. “Si me encontraban seguro que me dinamitaban, es como un golpe de Estado. Así pienso porque el sector minero privado ¿qué reivindicación tiene?”, cuestionó.

Al día siguiente parecía existir un pre-acuerdo para las demandas de los manifestantes, pero no variaba el 10% sobre los salarios básicos ofrecido por el gobierno. La COB decidió consultar a sus bases,  mantener la presión y para hoy martes los bloqueos callejeros eran parte del menú. El gobierno no  ha conseguido convencer a los dirigentes obreros de su alegada imposibilidad de conceder un aumento mayor. Ya el 10% ofrecido significaría un déficit en las finanzas públicas de más de $US 800 millones. Pero en la orilla opuesta se argumentaba que el presupuesto se basó en un barril de petróleo en $71 y que estos días está por encima de los $US 100. Sin embargo esto es un alivio sólo temporal. En algún momento los precios caerán. Y eso puede agarrar a las finanzas bolivianas sin el apoyo de las exportaciones no tradicionales, que no fueron debidamente estimuladas por el gobierno, que no mostró mayor interés en el desarrollo de la agricultura cruceña.

Cuando los manifestantes gritaban para acortar el mandato presidencial o un referéndum para revocar el mandato de las principales autoridades, vino el chaleco que apartó parte de la atención del público. Los ex mandatarios no tenían otra opción que reunirse con el presidente, no obstante el proceso que se sigue contra tres de ellos en el congreso. No responder al llamado del presidente Morales para consultarles sobre la cuestión marítima habría sido percibido por la población boliviana como un gesto anti patriótico.

Sin embargo, el alivio puede ser muy temporal. Este martes continuaban las movilizaciones y bloqueos en cinco áreas estratégicas de La Paz. Entre los manifestantes había representaciones de otros departamentos, inclusive de Santa Cruz, donde se registraban marchas de los trabajadores de los hospitales, que cumplían hoy su octavo día de huelga, opuestos al plan para  un solo sistema de salud al que le atribuyen el propósito de querer echar mano sobre todo el dinero del sistema de salud, basado en aportes de los trabajadores a la CNS, para crear uno que atienda a todos los bolivianos.

El círculo de dificultades se completa con el inicio del juicio contra los acusados del fiscal Marcelo Soza. Ya hay tres órdenes de aprehensión, dos de las cuales afectan a dos nombres emblemáticos de las armas nacionales: Gary Prado Salmón y Lucio Añez, el primero por haber rendido a la columna guerrillera de Ché Guevara, y el segundo por su infatigable campaña contra el general García Meza.  Ambos en situación de retiro, se los acusa de ser la columna central del movimiento atribuido a Eduardo Rózsa Flores, el croata-húngaro-boliviano muerto en el Hotel las Américas hace casi dos años. Curiosamente, la acusación contra casi todos los procesados, se basa en declaraciones de uno de los personajes que más ha trajinado por los noticieros bolivianos en los últimos tiempos: Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien de “testigo excepcional” pasó a la condición de acusado. Villa Vargas es la persona que aparece en el video revelado el 13 de enero por Cadena A de televisión por el periodista John Arandia, de La Paz, en el que Villa Vargas aparece recibiendo un supuesto soborno de 31.500 dólares. “El Viejo” denunció que el video era una tramoya. Dijo que el dinero que le dieron le fue quitado al concluir la filmación, y reiteró que todo  lo que había dicho al fiscal Soza había sido bajo presión y torturas. Con todo, sus denuncias no han tenido valor, pues las acusaciones basadas en sus primeras declaraciones continúan válidas en el proceso.

Pero un bochorno mayor ocurrió cuando la policía impidió el ingreso a la sala de audiencias en Cochabamba al trío de juristas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) que buscaba observar la audiencia. Les exigieron una visa especial para la audiencia. El trío partía hoy de vuelta a su país y preparaba un informe para presentarlo a la OAB y luego al Ministro de Justicia.

“Lo que intentaron hacernos no lo he sufrido en ninguna parte del mundo”, me dijo Leonardo Avelino Duarte, presidente de la filial de la OAB en el Estado de Mato Grosso. “Si no querían que presenciásemos la audiencia, es porque algo se tramaba”, agregó Tércio W. de Albuquerque, parte del grupo. Dijo que intentarán influenciar para que el gobierno de su país “mire al gobierno de Bolivia con ojos diferentes”, agregó, y dijo “Dilma Rousseff no es lo mismo que Lula”.

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