Día: abril 12, 2011

El mar en los organismos internacionales

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El artículo que sigue, viene del diplomático Ramiro Prudencio Lizón. Es una pieza muy importante, cuya lectura recomiendo a todos los que visitan el blog. Los puntos delineados por Prudencio merecen estar al frente del presidente Morales y de los ex presidentes que procuran ayudarlo en la estrategia que el mandatario nacional desea formular. Los reproduzco con autorización del autor.

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Por Ramiro Prudencio Lizón

Con el fin de impulsar una política multilateral en la cuestión marítima, el Gobierno nacional ha determinado crear la Dirección Estratégica Marítima del Estado.   Esto es muy loable, pero habría sido mucho mejor que primeramente se hubiese constituido dicha entidad antes de haber determinado cambiar el curso de nuestra política marítima.

Lamentablemente con este viraje del plano bilateral al multilateral, se pone en peligro la estrecha relación  existente entre los gobiernos de Evo Morales y de Sebastián Piñera, la cual estaba dando buenos frutos, ya que Chile había reconocido y estaba dispuesto a solucionar la cuestión del Silala, del río Lauca, del ferrocarril de Arica a La Paz y, sobre todo, del problema marítimo boliviano.

En verdad, ¿qué espera nuestro Gobierno de los organismos internacionales?  Es menester señalar que el Pacto de Bogotá, es decir, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, aprobado en 1948, ha sido ratificado en el congreso por unanimidad.  Pero ningún congresista tuvo la curiosidad por preguntar, ¿por qué no se lo había ratificado antes, ya que habían pasado más de sesenta años de su suscripción?  La respuesta les sorprendería;  pues no se lo hizo porque su artículo 6º  libera a Chile de obligarse por este tratado en lo referente a nuestra reintegración marítima.   Este dice: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes…. o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.  La delegación nacional que concurrió a la suscripción de este tratado quedó tan molesta que incluyó en él una Reserva que dice: “La Delegación de Bolivia formula reserva al Artículo 6º, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las Partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado”.

Si el Pacto de Bogotá no obliga a Chile, entonces ni los medios políticos ni los medios jurídicos contemplados en él, como la Corte Internacional de Justicia, pueden tratar el tema marítimo.  Sólo quedaría como recurso el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya (TPA), ya que éste, por el Protocolo de 16 de abril de 1907, fue designado por Bolivia y Chile como árbitro del Tratado de Paz de 1904, “en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución de dicho Pacto”.  Nótese bien: según este protocolo adicional, el TPA sólo puede intervenir en la interpretación o aplicación del Tratado de Paz, no en su modificación o revisión.

Creado en 1899, el TPA es un tribunal “sui generis” porque no tiene jueces permanentes.  Consta sólo de una Oficina Internacional que desempeña las funciones de Secretaría, y de una lista de jueces.  Y los Estados que desean llevar a esta entidad alguna controversia deben conformar un tribunal, eligiendo jueces de esa lista, lo cual representa un gran trabajo burocrático.

Cabe recordar al respecto, que cuando se instauró la Liga de las Naciones, en 1920, se presentó una demanda de revisión del Tratado de Paz.  La Liga decidió conformar una comisión de tres juristas para que atendiera la factibilidad o no de la misma.  Esa comisión emitió un dictamen en septiembre de 1921, manifestando que “tal como ha sido presentada, la demanda de Bolivia es inadmisible, pues la Asamblea de la Liga de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún pacto y porque la revisión de los Tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes”.

Con el tiempo, la situación jurídica nacional fue perdiendo más potestades. Tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, consagraron aún más la intangibilidad de los tratados, sobre todo los de límites.

En consecuencia, sólo los organismos políticos como la OEA y la ONU podrían atender nuestra demanda.  La OEA ya lo hizo aprobando once resoluciones a favor de ella. En la última resolución además, se determinó que el problema  marítimo se mantendría en forma permanente en la organización.   Pero ellas sólo exhortaban a las partes a que reinicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una salida al océano Pacífico.

Ahora bien, si las dos partes, Bolivia y Chile, ya se encuentran negociando dicha salida al mar, ¿para qué insistir entonces en buscar apoyos de organismos internacionales que sólo tienen facultad para instar a las partes a reunirse y negociar el tema en cuestión?

 

El ejemplo de Rubén Costas

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El gesto del gobernador de Santa Cruz que le ha costado una herida de bala en la cabeza, tiene la virtud de mostrarnos que en Bolivia no todos han bajado la guardia frente a la criminalidad. Ante las noticias diarias de descubrimientos de fábricas de cocaína, depósitos de droga, corrupción y asaltos por doquier, Rubén Costas Aguilera asumió una actitud instantánea y demostró que nada está perdido cuando hay personas valientes y decididas, dispuestas a defender a las víctimas de injusticias. Su instinto de solidaridad, quizá cimentado en sus años en la Escuela Muyurina de los padres salesianos, sobre la carretera a Montero, afloró y de inmediato ordenó interceptar a los bandidos en motocicleta que acababan de asaltar a una señora.

Sin pensarlo dos veces ni medir riesgos, decidió que el crimen que acababa de presenciar desde el vehículo que lo transportaba no podía salir airoso. Su actitud le costó la reacción del bandido, cuyos violentos instintos criminales salieron a flote y no vaciló en apretar dos o tres veces el gatillo de la pistola .38 que llevaba. Una de las balas le entró sólo superficialmente por la sien izquierda, por encima de la oreja, y fue intervenido sin mayores consecuencias inmediatas. Algo milagroso, dado el calibre de la bala.

El presidente Evo Morales, quien manifestó indignación ante el suceso, se vino a Santa Cruz junto a su Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para expresar personalmente su solidaridad con del gobernador.  En una conferencia de prensa en la noche encomió el gesto. “Fue una actitud inédita”, dijo, y manifestó su esperanza de una rápida recuperación de la autoridad departamental.

Efecto marítimo? Distensión generalizada a la vista?

Después de todo, quizá este martes ha ocurrido un momento de inflexión válido para toda Bolivia.

Todo en uno

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El presidente Morales ha conseguido, arropado en el prestigio institucional de seis ex presidentes, tres acusados por su régimen, llevar la atención nacional alrededor de la estrategia que quiere elaborar para la causa marítima. Ahora no está más amarrado a la agenda de los 13 puntos con Chile como una camisa de fuerza y, necesitado de oxígeno político,  ha buscado el diálogo con los ex presidentes, quienes le han tendido un chaleco para flotar en el mar de problemas cada vez más difíciles en que se encuentra. La COB ha desacelerdo sólo un poco la presión callejera. Según el propio presidente declaró, llegó a temer que los aguerridos manifestantes quisiesen dinamitar el Palacio de Gobierno y, de paso, el Legislativo. A su modo de ver, los dinamitazos cerca de la Plaza Murillo eran una conspiración para apartarlo del poder.

Según un despacho informativo reproducido por el sitio  hoybolivia.com y originado en la agencia oficial ABI, dijo el domingo en Cochabamba:

“Sospechosamente, estos días (viernes y sábado), mineros que son delegados del sector privado, se van a la ciudad de La Paz. Han ido a dinamitar la Plaza Murillo. Hasta puedo imaginarme (que) es como un golpe de Estado”, denunció. A su juicio, si la policía dejaba a los manifestantes entrar a la Plaza Murillo, habrían dinamitado el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno. “Si me encontraban seguro que me dinamitaban, es como un golpe de Estado. Así pienso porque el sector minero privado ¿qué reivindicación tiene?”, cuestionó.

Al día siguiente parecía existir un pre-acuerdo para las demandas de los manifestantes, pero no variaba el 10% sobre los salarios básicos ofrecido por el gobierno. La COB decidió consultar a sus bases,  mantener la presión y para hoy martes los bloqueos callejeros eran parte del menú. El gobierno no  ha conseguido convencer a los dirigentes obreros de su alegada imposibilidad de conceder un aumento mayor. Ya el 10% ofrecido significaría un déficit en las finanzas públicas de más de $US 800 millones. Pero en la orilla opuesta se argumentaba que el presupuesto se basó en un barril de petróleo en $71 y que estos días está por encima de los $US 100. Sin embargo esto es un alivio sólo temporal. En algún momento los precios caerán. Y eso puede agarrar a las finanzas bolivianas sin el apoyo de las exportaciones no tradicionales, que no fueron debidamente estimuladas por el gobierno, que no mostró mayor interés en el desarrollo de la agricultura cruceña.

Cuando los manifestantes gritaban para acortar el mandato presidencial o un referéndum para revocar el mandato de las principales autoridades, vino el chaleco que apartó parte de la atención del público. Los ex mandatarios no tenían otra opción que reunirse con el presidente, no obstante el proceso que se sigue contra tres de ellos en el congreso. No responder al llamado del presidente Morales para consultarles sobre la cuestión marítima habría sido percibido por la población boliviana como un gesto anti patriótico.

Sin embargo, el alivio puede ser muy temporal. Este martes continuaban las movilizaciones y bloqueos en cinco áreas estratégicas de La Paz. Entre los manifestantes había representaciones de otros departamentos, inclusive de Santa Cruz, donde se registraban marchas de los trabajadores de los hospitales, que cumplían hoy su octavo día de huelga, opuestos al plan para  un solo sistema de salud al que le atribuyen el propósito de querer echar mano sobre todo el dinero del sistema de salud, basado en aportes de los trabajadores a la CNS, para crear uno que atienda a todos los bolivianos.

El círculo de dificultades se completa con el inicio del juicio contra los acusados del fiscal Marcelo Soza. Ya hay tres órdenes de aprehensión, dos de las cuales afectan a dos nombres emblemáticos de las armas nacionales: Gary Prado Salmón y Lucio Añez, el primero por haber rendido a la columna guerrillera de Ché Guevara, y el segundo por su infatigable campaña contra el general García Meza.  Ambos en situación de retiro, se los acusa de ser la columna central del movimiento atribuido a Eduardo Rózsa Flores, el croata-húngaro-boliviano muerto en el Hotel las Américas hace casi dos años. Curiosamente, la acusación contra casi todos los procesados, se basa en declaraciones de uno de los personajes que más ha trajinado por los noticieros bolivianos en los últimos tiempos: Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien de “testigo excepcional” pasó a la condición de acusado. Villa Vargas es la persona que aparece en el video revelado el 13 de enero por Cadena A de televisión por el periodista John Arandia, de La Paz, en el que Villa Vargas aparece recibiendo un supuesto soborno de 31.500 dólares. “El Viejo” denunció que el video era una tramoya. Dijo que el dinero que le dieron le fue quitado al concluir la filmación, y reiteró que todo  lo que había dicho al fiscal Soza había sido bajo presión y torturas. Con todo, sus denuncias no han tenido valor, pues las acusaciones basadas en sus primeras declaraciones continúan válidas en el proceso.

Pero un bochorno mayor ocurrió cuando la policía impidió el ingreso a la sala de audiencias en Cochabamba al trío de juristas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) que buscaba observar la audiencia. Les exigieron una visa especial para la audiencia. El trío partía hoy de vuelta a su país y preparaba un informe para presentarlo a la OAB y luego al Ministro de Justicia.

“Lo que intentaron hacernos no lo he sufrido en ninguna parte del mundo”, me dijo Leonardo Avelino Duarte, presidente de la filial de la OAB en el Estado de Mato Grosso. “Si no querían que presenciásemos la audiencia, es porque algo se tramaba”, agregó Tércio W. de Albuquerque, parte del grupo. Dijo que intentarán influenciar para que el gobierno de su país “mire al gobierno de Bolivia con ojos diferentes”, agregó, y dijo “Dilma Rousseff no es lo mismo que Lula”.