Día: enero 18, 2011

Paraguay concede refugio a Cossío

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La Comisión Nacional de refugiados (CONARE) de Paraguay decidió otorgar a Mario Cossío la condición oficial de refugiado y desairó la gestión que oficialmente había emprendido la Ministro de Transparencia  Nardi Suxo para que el gobernador suspendido no recibiese asilo.  Con la decisión paraguaya suman tres las naciones vecinas de Bolivia cuyos organismos de protección a los derechos humanos  juzgan que el sistema judicial boliviano no ofrece garantías para la administración de una justicia imparcial. Brasil y Perú ya tienen refugiados bolivianos.

Sobre Cossío, suspendido del cargo de gobernador de Tarija bajo fuerte presión del partido de gobierno, pesan acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Pero ante lo que consideraba una imposibilidad de defenderse con todos los recursos legales, optó por pedir refugio en el vecino país.

La decisión del CONARE de Paraguay fue adoptada por uanimidad, dijo la senadora Zulma Gómez, citada por el sitio ABC digital este mediodía, en base a cuya versión la red de emisoras rurales ERBOL lanzó un “flash” informativo en la primera página de su sitio en la red de internet. Esa decisión puede hacer pensar a los jueces bolivianos que sus actuaciones son también seguidas de cerca en los países vecinos, y más allá.

Las gestiones de la ministro Suxo, así como las declaraciones del gobierno boliviano en contra de Cossío, deben haber tenido efecto contrario al buscado, y afianzado la convicción generalizada en todos los medios opositores bolivianos de que en Bolivia la justicia está supeditada a los intereses del Poder Ejecutivo.

La decisión se suma a la que en los últimos días tomó Brasil, al conceder refugio a otros personajes bolivianos que se sentían acosados por el gobierno. Con los asilos recientes, hay en total 121 asilados bolivianos en el vecino país. En junio de 2009, el gobierno brasileño otorgó la condición de asiladas a 118 personas. Todas se consideraban perseguidas a raíz de los sucesos de Pando.

Cossio fue de grupo de prefectos (hoy gobernadores) que primero manifestó su oposición a algunas de las normas que aprobaba el presidente Morales desde los tiempos de la Asamblea Constituyente.

El oleaje del video

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Desde el jueves 13 por la noche se derrite la afirmación del gobierno que sostiene que en el oriente de Bolivia se había forjado un grupo terrorista con intenciones magnicidas y separatistas. Este colapso ocurre a pesar de los esfuerzos del gobierno por desacreditar el video que muestra el soborno a quien era considerado “testigo clave” en los acontecimientos que llevaron al 16 de abril de 2009 y a los hechos que siguieron.

Las páginas web de este  lunes estuvieron activas con noticias sobre las declaraciones del Ministro Sacha Llorenti y su antecesor Alfredo Rada, quienes descalificaban el video en el que son entregados  31.500 dólares a Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, cuyas declaraciones fueron la base para construir la tesis de que Eduardo Rózsa Flores montaba un movimiento de terror y separatismo desde Santa Cruz.

El programa “No Mentirás” de PAT mostró al Ministro de Gobierno cuando decía que “El Viejo” no era testigo clave de la investigación del fiscal Marcelo Soza sino un acusado en la misma investigación. Por si acaso, quienes lo denominaron testigo de esa calidad fueron los propios investigadores, poco después de los sucesos del  16 de abril de 2009.  El ministro pidió “responsabilidad” y preservar la reputación de las personas. La recomendación venía en el rastro de declaraciones de algunos dirigentes políticos que subrayaron que hace dos años y medio el ministro del interior era Alfredo Rada y que habría sido responsable de la huida de “El Viejo”, cuyo paradero es ahora desconocido. Con todo, la recomendación pareció extraña en el ambiente de “dispara primero y averigua después”  que está instalado en Bolivia.

Al paso de esa recomendación, salió el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien era entrevistado anoche por el mismo programa. El ex defensor dijo que ese cuidado no había existido cuando se trataba de opositores al gobierno y que eso hacía pensar que en el país había ciudadanos de primera y de segunda. Y subrayó que el video  había puesto graves interrogantes a toda la trama relacionada con el episodio del 16 de abril de hace dos años.

Como el programa también mostró el momento en que el presidente Morales decía que había ordenado  una investigación del caso, surgió el planteamiento de una investigación internacional, de la OEA, de países vecinos (no de UNASUR) sobre todo el caso. El planteamiento ponía en evidencia la desconfianza creciente en la justicia.

El sistema judicial boliviano está desprestigiado, y ese desprestigio ahora cruza las fronteras, como lo confirma el asilo concedido al juez Luis Tapia Patzi por Brasil, al dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, y al ex gerente del Comité pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar. En Brasil ya hay decenas, y quizá centenas, de refugiados. Tapia Patzi se oponía a que los cruceños a quienes se les requería una declaración indagatoria tuviesen que ir a La Paz, como aún exige el fiscal Marcelo Soza.  No se trata de defender a nadie a priori, sino de las dudas que cunden sobre la calidad de la justicia en Bolivia.

Una sorpresa de la noche fue la entrevista a Samuel Diez de Medina, quien dijo que algunos de sus secuestradores la década pasada eran ahora parte del gabinete ministerial. No mencionó a nadie en particular, pero hizo la afirmación cuando se refería al juicio que se le ha instaurado bajo la acusación de “terrorismo financiero” por decir, en un programa de TV en el extranjero, que el peso boliviano sería revaluado hasta seis unidades por un dólar (6,94 actualmente). “No soy terrorista”, declaró. De inmediato dijo que terroristas eran los que lo secuestraron en la década pasada durante 45 días y cobraron un millonario rescate por su libertad.