Bajo el signo del “gasolinazo”

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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos entró al cuadrilátero que tiene al gobierno social-indigenista del presidente Evo Morales enfrentado con gran parte  del país y le señaló que la supresión del subsidio sobre el diesel y la gasolina constituye una “medida neoliberal” que, por la forma en que se ha implementado, empobrece aún más a los sectores más vulnerables de la población boliviana. Es más, le ha dicho que es irresponsable, pues una medida así, basada en argumentos conocidos desde hace siquiera un quinquenio, debió haber sido implementada desde el inicio de su administración y de manera gradual.

El pronunciamiento, del que la red de emisoras rurales ERBOL trajo en su página web un resumen esta  noche, a sólo horas del comienzo de  un nuevo año, es un sacudón para el gobierno, que hasta ahora ha tenido en los sectores que defienden los derechos humanos una actitud por lo menos comprensiva por las esperanzas que suscitaba para incluir a grandes sectores, indígenas en su mayoría, que no fueron debidamente incluidos en la vida ciudadana.

El “gasolinazo” decretado por el gobierno pone en evidencia “la voracidad del mercado energético… (que) está sometiendo y postrando en la miseria a los sectores más empobrecidos, principalmente a los no asalariados del país. Proclama que esa medida “menoscaba la economía familiar de todos los habitantes del Estado Plurinacional, en especial de aquellas familias de barrios periurbanos y de los que viven en los pueblos indígena originario campesino, que a la vez son migrantes o trabajadores y que reciben un sueldo mínimo de 679 bolivianos por mes y que en realidad no es respetado por públicos y privados.”

El pronunciamiento muestra la urgencia de hacer conocer al público, qué factores no divulgados llevaron al gobierno a dictar la medida. ¿Quién la propuso? ¿Desde cuándo? ¿Por qué YPFB no fue capaz de hacer  lo que se prometía, de plantas petroquímicas a mayores volúmenes de exportación? ¿Fue por incapacidad? Y si fue así, ¿en qué grado la misma condición afecta a todo el gobierno y sus empresas?

En dirección opuesta a la de las autoridades, la APDHB dice que el gobierno no puede negar que la medida es neoliberal,  “porque expone a las familias a merced del libre mercado”. De inmediato subraya que “… tampoco podemos negar que era una medida necesaria, pero NO AHORA, sino desde hace años atrás, y esta es la responsabilidad del gobierno, el no haber creado las condiciones suficientes para que este tipo de medidas no atente a los sectores más vulnerables”.

La medida, dice, pese a ser necesaria dentro de una visión macroeconómica y de largo plazo, es dura y atentatoria a los derechos y la dignidad de las familias bolivianas. El documento, de acuerdo a la versión de ERBOL, tiene seis conclusiones: 1) No es justo que las consecuencias de desajustes económicos que vienen de años atrás sean cargadas sobre las espaldas de los sectores menos favorecidos; 2) reclama salarios dignos y trabajo estable para todos; 3) apoyo a los pequeños y medianos productores y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria del país; 4) abastecimiento oportuno y control adecuado de precios; 5) acciones de gobierno transparentes y bajo consulta con los sectores populares y sus dirigentes; 6) preocuparse no sólo por la estabilidad macroeconómica sino por el bienestar de toda la población.

Debido a los festejos de fin de año en que se encontraba toda la población, el  documento no tuvo comentarios inmediatos de ninguna autoridad.

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