Día: septiembre 7, 2010

El cangrejo en movimiento

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Que el Estado es mal administrador los bolivianos lo hemos comprobado muchas veces. Fue de los fracasos de la administración estatal que  surgió el elixir de “la patria se nos muere”, que  sólo consiguió extraer parcialmente al país de la unidad de terapia intensiva. Bajo el gobierno del presidente Morales el país ha vuelto a la terapia estatizante,  cuyos resultados aún no son percibidos de manera cabal pero los primeros síntomas ya están a la vista. El gas licuado escasea, la importación de carburantes va en ascenso y  no ha habido ninguna fiesta en el adiós que se le ha dado a la idea de que Bolivia sería el centro energético de un continente  parcialmente alimentado a gas natural. Y ahora escasea el cemento, sin perspectivas inmediatas de solucionar la falta a menos que se recurra a la importación.

Un pre-requisito para dotar al estado de una salud aceptable reside en la capacidad de gestión de sus administradores. Si no existe esa capacidad o se mantiene en la mediocridad, la salud del paciente será siempre precaria. Tal precariedad la sentimos en la industria de hidrocarburos. Las reservas declinan, no hay suficiente inversión para reponerlas siquiera a niveles de hace cuatro años cuando se conoció oficialmente el último informe técnico sobre cuánto gas recuperable tenían los yacimientos conocidos del país. No hay indicios de que la curva hubiese sido revertida este año y habríamos bajado a poco más de 9 billones de piés cúbicos, casi un tercio de los  volúmenes que los informes técnicos decían que Bolivia tenía hace ocho o diez años. Simultáneamente, nuestro propio consumo de carburantes va en ascenso: basta ver el flujo interminable de vehículos que se mueve por nuestras avenidas y por las carreteras hacia otras ciudades del país. Esta no es una buena noticia, para deleite de algunos “retrogradistas” encandilados con la idea de volver al pasado (o felices con que otros lo hagan). Marchamos hacia atrás y mientras no se invierta masivamente en exploración estaremos con el pescuezo bajo la guillotina.

Todos los regímenes socialistas han tenido graves y fatales fracasos de gestión.  Desde las hambrunas en China a las bromas envenenadas de los opositores en tiempos de Salvador Allende, cuando se decía que había barcos excavando en el mar porque una corporación estatal para explotar la arena del desierto había acabado con la arena. Quien o quienes le han dicho al Sr. Presidente que esos países son exitosos y que allí la gente se encuentra dentro de la frontera del vivir bien,  le  han escondido la verdad. Bastaría preguntarse por qué visitó la deslumbrante y ultra-capitalista Corea del Sur en vez de la opaca y militarizada comunista Corea del Norte.

Pero no es sólo en la gestión de la economía que el barco del estado hace aguas. Más peligrosa aún es la ausencia del estado en la defensa de los derechos humanos en casos recientes y dolorosos. La defensa de los derechos de humanos surgió como respuesta de la humanidad ante los horrores de la II Guerra Mundial. De Uncía a Caranavi vemos una sucesión lamentable de omisiones del estado para garantizar los derechos ciudadanos. Un elemento genético de los bloqueos, que casi como un ritual acaban en violencia: Al quedar  institucionalizados  en la década de 1990 en adelante como arma de defensa y promoción de derechos, se atentó contra otros derechos. Nadie o muy pocos defendieron esos otros derechos. El estado fue incapaz de hacerlo. Los días en que el gobierno no pudo o no quiso ingresar a Uncía fueron fatales para  los cinco policías que habían sido aprehendidos por comunarios de algunos ayllus de la región. Dejar que el conflicto creciera en Caranavi llevó a la acción policial, ahora desnudada por la Defensoría del Pueblo, cuyo presidente fue designado y aprobado por la mayoría oficialista en el Legislativo. Incluso el informe de uno de los fiscales de la investigación afirma que los disparos que mataron a Mario Hernani y David Callisaya partieron de la policía, desde una escopeta calibre 12. El gobierno no quiere ni discutir ese informe y uno de los abogados de la institución está bajo la mira de las autoridades. Sumamos Potosí y veremos una espiral gigante que grita que algo no está bien en Bolivia. En estos meses y en estos años está cundiendo una sensación de desamparo ciudadano respecto a la justicia que es urgente revertir. El presidente Morales ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido y, más todavía, ha asegurado que “se tienen pruebas, como documentación y fotografías”, de que funcionarios de la embajada de los Estados Unidos se reunieron con los dirigentes de Caranavi. Dicho por un Primer Mandatario la afirmación suena a toda una acusación que no es liviana. Hay que esperar que el gobierno haga conocer tal documentación y sus fotografías.

Caranavi es una de las tantas heridas abiertas en Bolivia que no restañan. Un editorial de la revista Pulso, de La Paz, se preguntaba la semana pasada si no era desacato  a la autoridad que la tropa policial, en orden impartida por escrito,  no portase armas de fuego lo hiciese y ahora existan evidencias de que sí había policías armados en el desbloqueo en Caranavi. Nadie, desde el oficialismo, ha respondido.