¿Telenovela o reality show?

Los ingredientes para una telenovela en su etapa más sórdida emergieron a la luz pública a lo largo de casi toda la semana. Dirk Schmidt, un alemán que vive en Bolivia hace dos décadas, es detenido por quienes dice que han sido amigos y conocidos de la policía con los que trabajaba, pescaba y cazaba frecuentemente como supuesto funcionario de inteligencia del Ministerio del Interior. Se  lo acusa de conspiración y alzamiento armado, una acusación común en Bolivia, y es encarcelado mientras la acusación es analizada por un juez. Las autoridades superiores no creen  en sus vínculos informales con las organismos de seguridad, pese a que en la hoja de servicios que Schmidt presenta figura una contribución decisiva para desactivar algunas de las crisis más graves enfrentadas por el gobierno social-indigenista del presidente Evo Morales. La esposa del alemán, la boliviana Karina Flores Villa, presenta documentos que presuntamente avalan su nombramiento como informador directo de un vice Ministro del Interior que pocos días antes había sido destituido sumariamente sin mayores explicaciones al público. Surge, entonces, la creencia de que está en curso una lucha sorda de poder en el gobierno y que el vice ministro es una de las primeras bajas y que con él ha caído Schmidt.   Pero el Ministro del Interior niega que el alemán hubiese sido designado para cosa alguna, que los documentos exhibidos han sido forjados y que Schmidt  es un elemento peligroso, pues en su casa han sido encontradas  escopetas de caza de alto calibre y municiones.  Pero la versión oficial se tambalea y entra en  un hueco negro cuando el destituido viceministro declara que el alemán efectivamente había sido funcionario, que bajo su mando había sido un “informante” y no de hacía poco sino desde los albores del gobierno del presidente Morales. Y sobre el ex viceministro ahora pende un proceso.

El ambiente hierve de conjeturas y sigilosas conversaciones cuando entra en escena otro escándalo: el amauta Valentín Mejillones Acarapi (55),  que entregó el bastón sagrado de mando a Morales cuando fue ungido presidente en enero de 2006 entre las ruinas pétreas de Tiwanacu,  es detenido en su  domicilio en El Alto, la ciudad altiplánica desde  cuyas orillas la se domina todo el valle de La Paz. A su lado están dos colombianos que lo acompañaban. Tenía 250 kilos de cocaína líquida, la droga que hace años ha plantado los pies en Bolivia y  a la que se asigna una tajada importante  de la economía del país. El caso que envuelve a Mejillones cuestiona  los nexos de la gente próxima  al presidente más popular de los bolivianos en los últimos años, ganador de elecciones y plebiscitos por goleada. La gente se pregunta si aparece con semejante cantidad de cocaína en su domicilio el hombre que ungió a Morales en un colorido rito ancestral que los cineastas y la TV festejaron,  ¿qué puede esperarse de otros niveles? El descubrimiento y encarcelamiento de Mejillones ha acuñado un nuevo vocablo que se esparce por el país: Narco-amauta, por el nombre que se da desde tiempos inmemoriales a los indígenas sabios de una comunidad.

El gobierno, que niega que en Bolivia haya aumentado el narcotráfico aunque sí las extensiones de cultivos de coca, se halla ante un problema también moral y decide que Mejillones se juegue sólo ante la justicia. Un juez decide mantenerlo detenido en custodia mientras el caso se aclare. Para sorpresa y amargura de Mejillones ahora quieren apartarse de él muchos de quienes fueron sus amigos y colegas de oficio. La decisión del gobierno es saludada como una salida digna, pero muchos aún cuestionan su valor.  En otras ocasiones el gobierno ha prometido aplicar la ley severamente, incluso sobre quienes han sido parte del propio gobierno, pero todavía se aguarda el final: proceso legal y sentencia. Entre los casos recientes más destacados están los despidos sumarios de un presidente de YPFB, la principal empresa del país, y la de una ministra sospechosa de estar envuelta en un caso de corrupción. Raras veces un gobierno en Bolivia ha actuado contra su propia gente para castigar la corrupción. Algunos de los predecesores de Morales preferían cerrar los ojos, si no eran, simplemente, parte del mismo esquema de desfalco de fondos públicos. Pero en contraposición hay otros casos que opositores y críticos se afanan en recordar: las hermanas Juana y Elba Terán González, sorprendidas con 147,5 kilos de cocaína, aún no han sido juzgadas. Son parientes de una conocida dirigente del partido de gobierno. Hay otros conflictos que la gente recuerda periódicamente: un enfrentamiento a dinamitazos (murieron 16 personas, entre ellas dos mujeres) por la posesión de un área rica en minerales en el departamento de Potosí, hace cuatro años.  Otros conflictos sangrientos ocurrieron en Sucre, a raíz de la Asamblea Constituyente que acabó aprobando una todavía controvertida ley de leyes dentro de un cuartel; también los hubo en Cochabamba;  en Pando murió al menos una docena de personas en un violento enfrentamiento, aún no aclarado de manera convincente (una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas emitió un informe considerado como holgadamente favorable al gobierno sin tomar en cuenta las versiones de quienes se le oponían);  más recientemente, en Caranavi, cerca de La Paz, murieron dos personas entre grupos enfrentados por la localización de una planta de cítricos. Uno de los grupos en pugna estaba al lado del gobierno y no se sabe que haya habido una investigación independiente de lo ocurrido. Algo peor ocurrió en los “ayllus”(pequeñas comunidades indígenas) en Potosí, cerca de Chile, cuando un grupo de cuatro policías fue detenido por los llamados “comunarios” del lugar, ejecutados y enterrados boca abajo para evitar que, según la superstición del lugar, sus espíritus abandonaran el pozo en el que estaban y persiguieran a sus verdugos.  De ese incidente van dos meses y no se sabe que los fiscales ni la policía hubiesen logrado ingresar a los “ayllus” para investigar los asesinatos.

Los casos del alemán Schmidt y del  amauta Mejillones han estado diariamente en las primeras páginas de los principales diarios y no está a la vista un esclarecimiento que haga saber a los bolivianos qué pasó. ¿Qué papel jugaba Schmidt?  En una entrevista con el diario local El Día Schmidt dijo que temía que lo matasen “como al igual que Eduardo Rózsa”, el boliviano-croata apuntado como cabecilla de una supuesta banda que también supuestamente buscaba matar al presidente, desatar una campaña terrorista  y dividir al país. En un acto desesperado mientras era llevado a la cárcel este jueves, pidió a gritos que el presidente Morales intervenga. “Yo lo único que hice fue cuidar sus espaldas”, dijo. Rózsa murió en un controvertido episodio hace 16 meses en Santa Cruz y la alusión de Schmidt al caso ha reactivado especulaciones que de alguna manera el gobierno no era extraño a la presencia de Rózsa en Bolivia.  Mejillones, de su parte, asegura que fue sorprendido su “buena fe” por los dos colombianos junto a quienes fue capturado: Javier Patiño Morales y Nubia Estela Guarvizu Rico. Creía, dijo, que se trataba de fabricar jabones.  Su hijo Javier Alvaro Mejillones Mamani fue considerado cómplice y también enviado a prisión mientras se organiza el juicio. El joven Mamani estaba encargado de hacer vigilia para proteger la casa, pero no vigiló nada, pues cayó dormido bajo el sopor de una borrachera.

Y todo esto puede ser sólo el primer capítulo.