Día: junio 5, 2010

El martirio de cuatro policías

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No es posible evadir el pensamiento de que lo ocurrido estos días puede haber sido sólo la punta del témpano. Para muchos que  vieron la TV en los últimos dos días, el espectáculo que se les presentó sobre  el horror ocurrido en Saca Saca o  Cala Cala, la zona potosina de los llamados  “ayllus guerreros” donde fueron sacrificados los policías Nelson Antonio Alcócer Casano,  Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos, puede ser una ratificación de una realidad salvaje, para muchos tal vez sólo intuida.

El oficial Alcócer Casano fue asesinado el  lunes o martes de la semana que acaba, mientras las autoridades del gobierno aún pedían a los dirigentes de esos ayllus que entregasen “vivos, o al menos sus cadáveres” del grupo policial asesinado, informaron los diarios este sábado. Las viudas y sus parientes vestidos de negro, el rostro acongojado de los amigos y la mirada atemorizada de los policías compañeros de los asesinados conformaban un cuadro terrible en el salón de velatorio policial de Oruro la noche del viernes. Los cuatro tenían “traumatismo encéfalo-craneano”. Los habían matado a golpes de piedra y palos, una forma salvaje de acabar con la vida de la que rara vez se escucha hablar. A tres de ellos les habían abierto la cabeza por la brutalidad de los golpes. La Patria, de Oruro, informó que los forenses también habían observado “golpes con heridas graves en el resto del cuerpo en cada uno de los victimados” y que uno de los uniformados “sufrió quemaduras múltiples”. Es decir, antes del asesinato, los policías fueron torturados.

El cuarteto se encontraba en una misión en Uncía, supuestamente para investigar un robo de automóviles. Voceros de los criminales –o quizá los propios asesinos-dijeron que el grupo extorsionaba a los pobladores de Uncía, localidad cercana a Llallagua y a las minas de estaño de siglo Veinte, una de las regiones más desoladas de Bolivia donde el único sustento es una minería cada vez más pobre. Es posible que lo que más incomodaba a los lugareños era la presencia policial que, de alguna manera, inhibía el contrabando de vehículos.  Uncía es ahora un puerto libre sin ley, bajo dominio de  “ayllus”, organizaciones primarias de indígenas del altiplano. El estado  plurinacional boliviano no está debidamente presente en ese lugar. Bajo la nueva Constitución Política del Estado, dirigentes indígenas  de esos  “ayllus” creen que pueden aplicar sus propias normas y costumbres sin discusión. Entre esas normas rige la pena de muerte, que no existe en la CPE que se aprobó en un cuartel de Oruro y mayoritariamente ratificada en plebiscito.

Acusados de extorsión y de haber matado a  un taxista, es posible que tres hubieran sido asesinados primero, a los pocos días del secuestro, el 23 de mayo, dicen casi todos los medios impresos que pude leer.  El suboficial segundo Alcócer Casano habría sido ejecutado el miércoles, mientras los parientes de las víctimas, especialmente las esposas, negociaban la libertad del grupo. La Prensa dijo en su edición del sábado que un investigador había informado que tres policías fueron ejecutados entre el 23 y 25 de mayo. Alcócer habría sido asesinado entre el 28 y el 30, y que los cuatro murieron “a picotazos”. No hay un informe detallado y preciso sobre cómo ocurrieron los asesinatos. Pero es plausible pensar que los ejecutores sintieron que tenían vía libre para la barbarie desde el momento en que el Estado que había utilizado la fuerza en otros lugares, no se atrevió a rescatar al grupo ni a enviar una fuerza policial disuasiva al lugar.

La Prensa también dice que el miércoles 26 de mayo, un cabildo de los  “ayllus” de Uncía –layme, aymaya, pukara y garacha- declaró a la región zona de libre tránsito para el contrabando, desconoció a la policía y autoridades judiciales y admitió el cuádruple crimen.

Una misión presidida por el Ministro del Interior y el Secretario de la Presidencia, Sacha Llorenti y Oscar Coca, respectivamente, realizó a principios de semana una gestión infructuosa para la entrega de cadáveres. Una versión sin confirmar ha dicho que los cuatro habían sido enterrados cabeza abajo para que sus espíritus no pudiesen retornar. Los cadáveres fueron entregados sólo cuando las cuatro viudas, que habían logrado ingresar al lugar accedieron a firmar un documento en el que renunciaban a enjuiciar a los torturadores y ejecutores de sus maridos.

La Razón dijo que las cuatro mujeres y su abogado denunciaron que hubo “negligencia” del gobierno, al no actuar para salvar a los policías linchados cuando estaba en condiciones de hacerlo.

No es la primera vez que Bolivia se encuentra ante un hecho de magnitud semejante en brutalidad. Hace dos años ocurrió en Achacachi, cuando once personas, a quienes la comunidad acusaba de ladronas, fueron bañadas en gasolina y se les prendió fuego. En un campo de fútbol como para que el espectáculo fuese visto por el mayor número posible de personas. Las víctimas fueron momentáneamente antorchas humanas. El país estuvo frente a un espectáculo dantesco que muy pronto ha quedado en el olvido.