Día: diciembre 1, 2009

La izquierda repite en Uruguay, derecha se consolida en Honduras

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Con José Mujica, en Uruguay, se ha consolidado la izquierda que había instalado Tabaré Vasquez hace cuatro años. El presidente saliente había puesto a Uruguay en el mapa político mundial como parte de la llamada “izquierda moderna”, lejos de los vocingleríos de Chávez, realista en las relaciones con sus vecinos Brasil y Argentina y cauto con Estados Unidos. Con  el 52,5% de los votos obtenidos en la elección del domingo, la izquierda de ese calibre tiene cuatro años más en el gobierno. Al frente del espectro ideológico está Honduras, donde se impuso Porfirio Lobo, también con más del 50% de los sufragios ese mismo día, lejos de Elvin Santos, el candidato del presidente depuesto Miguel Zelaya.

Lobo puede contar con el reconocimiento de Estados Unidos,  Panamá, Costa Rica, México, Colombia y Perú. Aún se resisten a darle la mano los gobiernos de Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Nicaragua.  Pero nada indica que esta situación vaya a extenderse por demasiado tiempo.

Se viene nueva ley de hidrocarburos

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 El diario financiero Valor, de Sao Paulo, trae hoy una noticia que asegura que el gobierno del presidente Evo Morales prepara una nueva ley de hidrocarburos que estará lista para discusión y firma después de las elecciones del domingo. El nuevo documento ha generado muchas expectativas entre las empresas y analistas bolivianos. Algunos apuestan, dice la publicación, que Bolivia reducirá la carga tributaria sobre las empresas en procura de más inversiones para aumentar la producción de gas.

La publicación no menciona la controvertida obligación que se impone a las empresas bajo la nueva CPE de reinvertir sus utilidades en Bolivia. Esa obligación, en la práctica, es un veto a las inversiones. (Nota: Es como decirle a un empleado. No le vamos a  pagar. Su sueldo estará depositado en un banco, pero no podrá hacer retiros.)  

Para Carlos Arze Valdez, investigador del Centro de Estudios para e Desarrollo Laborista y Agrario (CEDLA), en La Paz, “el gobierno quiere revertir la situación de bajas inversiones en la industria de gas. Y para eso tendrá que reducir los impuestos de las empresas que exploran en busca de gas, como desean las petroleras,” dice Valor.

Advierte que el gobierno ha evitado hablar en  público sobre el tema. Preguntado por valor este viernes sobre la posibilidad de una flexibilización fiscal de la nueva ley, el coordinador de campaña electoral de Morales, el diputado Jorge Silva, dijo solamente que “no se descarta” y en seguida agregó: “Pero no es la prioridad”.

Agrega Valor: “Para la economista Carmen Crespo, que integra un equipo de especialistas que ayuda al gobierno a redactar el proyecto de ley, el objetivo es producir una legislación compatible con la nueva constitución. La actual ley de hidrocarburos es de 2005 y fue sancionada por el gobierno anterior, del presidente Carlos Mesa. Aunque con el apoyo de la bancada del partido de Morales, el MAS. En 2007, ya en el gobierno, los contratos fueron revisados, como exigía la ley de 2005, pero aún estarían atrasados respecto a la nueva Carta”.

“La nueva ley tiene que aplicar la nueva constitución, tiene que definir, por ejemplo, como las empresas van a pasar a operar como prestadoras de servicios y no más como concesionarias, como es hoy, y cómo es más práctico para ellas”, dijo Crespo a Valor.  Agrega la publicación: Los contratos de prospección y producción coloca a las empresas como prestadoras de servicio, pero los contratos que tratan de otras actividades, como transporte, refinación y distribución para redes internas en Bolivia, aún mantienen a las petroleras como concesionarias.

Los cambios previstos, según Crespo, incluyen aumento de impuestos, incluso en algunos de los contratos de Petrobras, que no quiso comentar el asunto. La empresa, que es operadora de cuatro campos de gas en Bolivia, tiene participación en un quinto, participa en un quinto y también en el transporte y compresión del gas natural.

Las expectativas del gobierno no son de bajar la recaudación, sino de subir en esas y otras etapas”, dijo Crespo,  ex investigadora de Cedla. “En relación a los contratos vigentes (de prospección y producción), no creo que habrá cambios. Los contratos que serán firmados sobre la nueva ley serán más flexibles en términos fiscales”.

Continúa: El ministerio de Hidrocarburos reunió hace un mes a las empresas que tienen contratos en sociedad con YPFB para discutir la nueva ley. Según el ministerio, el gobierno quiere concluir el texto en diciembre o enero y enviarlo a la nueva Cámara Legislativa que también será elegida el domingo. “El mensaje que las empresas dieron al gobierno fue que las empresas ya pueden estar adaptadas a los contratos vigentes para operar los campos que en los que producen. Pero que, para nuevas inversiones, más incentivos fiscales serán necesarios”, dijo Carlos Delius, Vicepresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

El estado se lleva el 50% de los ingresos de las empresas más de una porción variable que según las empresas puede hacer que la tributación supere el 90%. Carlos Arze Vargas dice que no espera una reducción de la porción de los 50%. “Eso provocaría reacción en las calles”. La salida, dijo, sería crear otros beneficios fiscales.

Para Vargas, el gobierno flexibilizará la cobranza por necesidad política.  Evo no va a conseguir cumplir las promesas de industrialización del gas durante el primer mandato, para industrializar es preciso un aumento de producción y los contratos actuales han desincentivado las inversiones. El gobierno se dio cuenta que no puede obligar a las empresas a invertir”, Según Arze, uno de los reflejos de la falta de inversiones está en la capacidad diaria de producción de gas. Dese 2004 la capacidad se mantiene en cerca de 40 millones de m3 diarios. Hace menos de una década, eran perforados 64 pozos per año. Hoy son sólo cuatro por año.

Debate ante un perfil

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La negativa del presidente Evo Morales de presentarse a un debate antes del domingo que viene llevó al programa El Abogado del Diablo de Unitel a crear un perfil del mandatario y sobre esa base hacer que su panel de cuatro analistas lo comente. El perfil derivó en algo parecido al deshojar de una cebolla. Cada capítulo de las dos horas del programa fue una evocacion de los años de confrontación acentuada que al país le ha tocado vivir. El perfil procuraba mostrar “las dos caras de Evo”, desde la promesa de que su gobierno sería sin muertos, la realidad de que los ha habido por docenas hasta las esperanzas que su administración concita en una mayoría del país. Según una encuesta mostrada durante el programa, un 66% de la población asocia el nombre del presidente a la esperanza de un presente y futuro mejores. Ese  porcentaje no se traslada necesariamente a una intención de voto, pero es ilustrativo de bajo qué signo  el país se encamina a las urnas este domingo, en medio de dudas sobre la honestidad del proceso y de gritos de victoria anticipada.

Como el presidente se ha declarado marxista-leninista y como su vicepresidente ha dicho que el gobierno que viene será el de apretar la marcha hacia el socialismo, es legítimo evocar las colas y la represión, expresiones conspicuas del socialismo real. Sólo que Bolivia no tiene la ventaja de contar con costas marítimas como Cuba ni la ventaja de Venezuela de poder suplir con petrodólares cada vez más escasos la leche que sus granjas no producen más.

Rompió el baile Susana Seleme quien dijo que el perfil que se había presentado ante ella y sus colegas del panel –Félix Patzi, Jorge Lazarte y Humberto Vacaflor-  para discutirlo ante la audiencia, era “un buen perfil” de un dirigente marcado por el sindicalismo y la confrontación. Habían recorrido por la pantalla las imágenes de Evo Morales víctima y victimador, reprimido y represor. Confesó su simpatía inicial por el presidente, pues “se abría la posibilidad de construir”. La simpatía le duró bien poco: sólo pocos meses, dijo, al recordar las primeras cartas de la baraja que traía el nuevo gobierno: suprimir la fórmula de dos tercios para aprobar las decisiones de la Asamblea Constituyente y buscar imponerlas con la mayoría simple, que era la que había conquistado el MAS. Y dijo algo que una buena parte de la audiencia debe haber escuchado como un redoble: entendía que la simpatía perdurase en los sectores menos favorecidos, pero no  entendía el mismo fenómeno enquistado en la clase media.

Patzi, más o menos asociado al gobierno  pero con reservas a su administración, subrayó que el régimen Morales resultaba de la exclusión de un 70 u 80% de bolivianos, colocados en las galeras más inferiores de la vida nacional a lo largo de mucho tiempo.

Lazarte subrayó que el perfil exhibía los contrastes que marcan a la sociedad boliviana y que Evo Morales, remató, los expresa de manera muy diferente de Nelson Mandela, el líder negro sudafricano que de una prisión de 25 años salió sin rencores para buscar la unificación de su país y cerrar brechas entre blancos y negros.

Vacaflor tomó un atajo y mencionó los daños que al país causa la coca, una característica del gobierno del presidente Morales, cuyos sembradíos invaden bosques y parques nacionales.

Por el atajo condujo de lleno al tema de la cocaína y del peligro patente de que la droga acabe por caracterizar al gobierno ante la comunidad internacional. Intervino Patzi para subrayar que “coca no es cocaína” pero poco pudo alegar ante las afirmaciones de uno de sus colegas que la coca del Chapare está toda destinada a la droga. Para Lazarte, la cuestión ha formado un  “círculo de hierro” alrededor del presidente, que viene de la coca y por más que lo quiera no puede romperlo atacando el problema a fondo.

Luego vino la justicia. Salvo Patzi, esta vez mejor articulado que en otras ocasiones, los demás panelistas vieron en el gobierno un propósito deliberado de extirparla de raíz para imponer su propio concepto de justicia.

Con la nueva CPE, los magistrados del Tribunal constitucional, la Corte Suprema y demás tribunales, serán elegidos por voto directo del pueblo. Será una experiencia inédita en el país y en la región, excepto Cuba. Funcionó en los primeros años de la extinta Unión Soviética, pero se tuvo que retornar a la designación en base a méritos y por elección legislativa ante la multitud de problemas que eso causó.