Tropiezos del “vivir bien”

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La pregunta de Juan Carlos Urenda Díaz se proyecta como un relámpago en cielo descubierto: ¿“Viven bien” o han vivido bien los indígenas campesinos en Bolivia que practican o han practicado una economía basada en el “vivir bien”? Urenda, el abogado autonomista, a quien el presidente Evo Morales ofreció públicamente incorporar a su equipo de gobierno para discutir temas de autonomía, tiene otra pregunta:  ¿”Habrá valido la pena constitucionalizar el principio/concepto del “vivir bien” o suma qamaña como objeto fundamental del modelo económico boliviano?”

Estas y muchas otras preguntas están planteadas como desafío en un folleto preparado por el también constitucionalista en una edición bilingüe de El Estado Catoblepas  (español-inglés, Editorial El País) que sintetiza sus preocupaciones sobre la CPE  aprobada el 25 de enero por dos tercios de los bolivianos.

 Urenda subraya que para alcanzar el “vivir bien” y desarrollar el país, la CPE prescribe que habrá una “distribución justa” de la riqueza y de los excedentes económicos, pero sin especificar si se tratará de los excedentes públicos o privados.  Está, dice, abierta la temporada para confiscar la riqueza ajena.

El folleto abarca cuatro breves capítulos que él subtitula como Las Contradicciones Destructivas del Estado Boliviano: Igualdad vs Racismo; Democracia Representativa vs control social; Autonomías vs Centralismo, y Desarrollo económico social vs “vivir bien” y el estado comunitarista.  A este último alude el primer párrafo de este Registro y bajo ese concepto se prescribe que el Estado producirá bienes y servicios con  “control social” de la producción y la participación laboral en las decisiones y beneficios, que Urenda califica como fórmula segura para fracasar.

Los cuatro temas son trabas explicadas didácticamente como  frenos al intento de poner en marcha el tren en que está embarcada Bolivia. (De ahí el título. El catoblepas es una bestia mítica mitad búfalo y mitad cerdo cabeza gigante, condenada a mirar hacia abajo, y a devorarse a sí misma).

Sin que los otros tres sean menos arqueadores de cejas, mencioné el primero por las grietas que abre en la economía y que convierten algunas ideas en autogoles.

Uno podría pensar que los mil millones de dólares entregados a YPFB son una forma de catoblepismo (¿la primera gran mordida sobre el organismo nacional?). Imaginen: 1% anual de interés y sin garantías, pues la empresa constitucionalmente no puede ofrecerlos. Todos rogamos porque sean administrados con éxito.

Horst Grebe, ex ministro director del Instituto Prisma y economista con tránsito internacional,  advirtió que la decisión  “no es legal”. El economista no es persona a la que se le puedan atribuir credenciales conservadoras.  “Es (lo que el BC tiene como reservas) el ahorro financiero de los bolivianos que está en la administración del Banco Central, pero no es propiedad del Gobierno, no puede hacer uso de ellos. (Hacerlo) es…transgredir las normas existentes”,  dijo en La Razón. Del gobierno, nadie respondió.

Pese a  las contradicciones de la carta constitucional, es improbable que el gobierno quiera ahora modificarla. Es posible que con la lógica de “si no es legal, vuélvanlo legal”  busque arreglárselas en cada traspié.  Los parches podrían ser muchos, hasta volver irreconocible el original, con un resultado, diría Urenda, “catoblepasquiano”.

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