Día: abril 9, 2009

Jueves no santo

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 Los congresistas que hacían oposición a un proyecto electoral transitorio propuesto por el gobierno lograron salir del Palacio Legislativo cubiertos de pañoletas y sombreros para protegerse en medio de gritos, abucheos, amenazas y mujeres que, mostradas por la TV hacían crispar látigos amenazantes. No quedaron decepcionados de los episodios ocurridos al atardecer quienes habían conseguido ingresar a la Plaza Murillo para testimoniar la evolución de las deliberaciones que se llevaban a cabo en el recinto legislativo. Fue un capítulo completo de las complejidades que acompañan a este país en los últimos años.

Mientras la salida precipitada de los legisladores de oposición se llevaba a cabo, los parlamentarios del gobierno iniciaban el proceso para aprobar en detalle la ley que deberá regir los comicios del 6 de diciembre. Ese proceso podría acabar esta noche o al amanecer del viernes. Los pronósticos opositores más pesimistas sostienen que el proyecto es solamente la antesala de un “fraude monumental” y que el presidente Evo Morales, que se prepara para concurrir a la reelección, podrá conseguir hasta un 90% de los votos y contar con una “Asamblea Plurinacional” que le permitiría sellar su propósito de reafirmar el rumbo de Bolivia hacia una sociedad socialista comunitaria por lo menos hasta 2015.

Poco antes había ocurrido un “traspié” ya experimentado anteriormente por las fuerzas legislativas de oposición. En un momento de aflojamiento de la vigilancia sobre la sesión que llevaba más de 20 horas, el gobierno percibió que podría contar con el quórum necesario para aprobar el proyecto de ley “en grande”, es decir en bloque, para luego proceder a su revisión y redacción final y utilizó su mayoría para conquistar la primera votación.

La jugada enardeció a los legisladores de oposición, que optaron por retirarse y buscar que la sesión tuviese que paralizarse por falta de quórum. No se conocen con precisión los detalles, pero la sesión continuó y, según el gobierno, fueron respetados los acuerdos que habían sido logrados en las negociaciones que empezaron el miércoles. Al parecer, al menos dos senadores que nominalmente figuraban en filas opositoras, permitieron la continuidad de las deliberaciones con la garantía de que serían mantenidos supuestos acuerdos hasta entonces habrían sido logrados entre los dos bloques.

Entretanto, de acuerdo a relatos de Radio Panamericana, grupos militantes de campesinos ingresaron al recinto legislativo. El presidente de la Cámara de Senadores, el opositor Oscar Ortiz, dijo que él y otros de sus colegas habían sido “golpeados y zarandeados” (sacudidos, empujoneados) por las llamadas “milicias sociales” del gobierno. “Ni siquiera podemos caminar dentro del recinto congresal”, dijo cuando el grupo opositor todavía no lograba salir del edificio. “El MAS (el partido del gobierno), está atropellando a los congresales con sus grupos de choque”. Se lo vio en imágenes de la TV levantar las manos sobre la cabeza en actitud instintiva de protección mientras se escuchaba el crujido de los vidrios de una de las puertas de acceso que eran rotos.

Poco antes, hubo agresiones verbales cuando los legisladores de oposición percibieron la jugada que había permitido aprobar el proyecto en su primera etapa. El senador Fernando Montenegro fue mostrado en programas noticiosos de TV esta noche diciendo que lo único que había quedado claro tras largas horas de reunión era que el Vicepresidente de la República y Presidente del Congreso, Álvaro García Linera, era “un cobarde y ma…” Éste le replicó: “Ud. es un pobre idiota”. Hubo una andanada verbal con la que la autoridad congresal tuvo que lidiar. Una legisladora opositora le repitió a voz en cuello la frase del héroe máximo boliviano cuando, el 23 de marzo de 1879, el comandante de las fuerzas de Chile que invadían la entonces localidad boliviana de Calama le intimó rendición. “Yo, ¿rendirme? Que se rinda su abuela, c…” Otro le dijo que le daba vergüenza que presidiese el congreso.

A las 21 horas, se esperaba que en cualquier momento el presidente Evo Morales suspendiese el ayuno que había iniciado casi 12 horas antes en el Palacio de gobierno para presionar por la aprobación de la ley.

En la noche, un ministro del gobierno informo que en el proyecto de ley se incluirían disposiciones para colocar un techo máximo de 100.000 los bolivianos que serían habilitados para votar desde 13 países, inclusive en Argentina y Brasil.

En Santa Cruz, el Presidente del Comité Cívico, Luis Nuñez, advirtió que con la nueva ley “todos los bolivianos van a ser engañados” y reiteró que el gobierno quiere garantizarse un triunfo holgado el 6 de diciembre. Anunció que el lunes ese comité iniciará la recolección de 500.000 firmas para exigir un nuevo padrón. El diputado opositor Oscar Urenda, al llegar a esta ciudad de La Paz, dijo que los cambios en el proyecto eran “sólo cosméticos” y que el gobierno ya tiene “un gran fraude que viene de atrás”. No elaboró la frase, aunque se suponía que se refería al padrón electoral en torno al cual hay un sinnúmero de denuncias, desde el voto de personas fallecidas hasta el múltiple, de muchas personas inscritas con un solo número de carnet, hasta el “voto colectivo” en comunidades campesinas del altiplano boliviano, donde en el más reciente plebiscito fueron contabilizadas decenas de mesas en las que no hubo ni un solo ausente, ni un solo voto blanco y todas las boletas eran favorables al presidente Morales.

Después, García presentó disculpas al país por los actos bochornosos de la jornada.

Contexto

Esta noche algunos programas de TV exhibieron una noticia proveniente de las Naciones Unidas, en las que el presidente de su asamblea en el período en curso, Miguel d’Escoto Brockmann, transmitía solidaridad al presidente Morales en huelga de hambre. A la noticia, y a los medios que la reprodujeron, les faltó un contexto importante: Miguel d’Escoto fue canciller del primer gobierno sandinista de Nicaragua, uno de los países de la alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), de la que forman parte Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Huelga de hambre

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 El presidente Evo Morales y dirigentes de los sectores sociales que lo apoyan iniciaron a las 10.00 am de este Jueves Santo una huelga de hambre como presión extrema sobre los legisladores que se oponen a la ley que debería regir los comicios presidenciales de este fin de año y las prefecturales de 2010. El gobierno quiere que sea aprobado sin modificaciones un proyecto de ley inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es mayoría, y después modificado por los Senadores, donde la oposición tiene mayoría. Todo esto en el curso de los últimos 20 días.

El ayuno se lleva a cabo en el Palacio de Gobierno. La medida ignora los argumentos que llevaron a la modificación. Pero en juego parecen estar dos puntos importantes: el reclamo para lvantar un nuevo padrón electoral, pues el vigente no sería garantía para celebrar elecciones limpias, y la votación de los bolivianos residentes en el extranjero. Los dos están ligados o tienen cimientos similares. La oposición al régimen de Morales sospecha que el voto en el extranjero, puesto que será conducido por cónsules y embajadores, todos a cargo de funcionarios nombrados desde el Poder Ejecutivo, será abrir puertas al fraude.

El reclamo por un nuevo padrón electoral ya tiene, desde hace más de una semana, a siquiera una docena de personas en huelga de hambre en la ciudad minera de Potosí y en El Alto, en la planicie altiplánica de La Paz. Se trata de dirigentes de una organización política que apoya al alcalde de Potosí, René Joaquino.

El presidente dijo que  empezaba su ayuno para “defender el voto” popular que aprobó la constitución en enero pasado y que dispone la realización de elecciones. Mostrado en vivo por la TV, Morales dijo que reclamar un nuevo padrón equivalía a no realizar las elecciones de diciembre. Los opositores sostienen que el gobierno se contradice pues si es factible empadronar a más de un millón de bolivianos que residirían en el extranjero, debería ser aún menos complicado el re-empadronamiento nacional . El ex Presidente del Tribunal constitucional, Willman Duran, dijo que un nuevo empadronamiento es factible y que, de ser preciso, las elecciones del 6 de dicidembre podrian ser aplazadas por un mes.

 La decisión presidencial empezó al mediodía a tener repercusiones en otros niveles de gobierno. La prefectura de La Paz anunció que se había abierto en esa repartición pública un piquete de ayuno. Una actitud similar fue tomada por autoridades prefecturales en Cochabamba.

Las críticas a la medida vinieron de expresiones conspicuas de la oposición al gobierno de Morales. La Prefecta de Chuquisaca, la dirigente quechua Savina Cuéllar, dijo que la huelga de hambre constituía una expiación “por los daños que le ha causado al país”. “El no puede gobernar a todos los bolivianos..por eso dice que está en huelga de hambre”, dijo.; El portavoz de la prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, dijo que el presidente pretendía convertirse en mártir cuando lo que realmente quiere es que Bolivia acabe bajo una dictadura. “Debe decir claro si lo que quiere son elecciones limpias o un fraude”, agregó. En La Paz, el ex presidente Carlos Mesa dijo que la actitud del presidente constituia “un cerco al congreso”  para imponer una ley injusta por la fuerza.

Con la medida, el gobierno ignora las argumentaciones presentadas a lo largo de toda la noche del miércoles y el amanecer del jueves por congresistas de oposición. Antes de esa medida, el gobierno había dicho que si la oposición no aprobaba la ley todos los legisladores oficialistas renunciarían, lo que supuestamente dejaría abierto el camino para que el gobierno funcionase mediante decretos, como en las dictaduras. La renuncia, cuya posibilidad había sido propalada durante todo el miércoles, no se llevó a cabo. Al parecer, el riesgo era demasiado grande, pues una renuncia colectiva del oficialismo permitiría a la oposición maniobrar y quedarse con el control de las dos cámaras, atando las manos del gobierno. Al rayar la medianoche de miércoles a jueves, los parlamentarios oficialistas eran abucheados por sus rivales, que les reclamaban la renuncia anunciada. Los sectores sociales también desistieron, temporalmente, de la amenaza de cercar al congreso para extraer de los legisladores de oposición el voto a favor del proyecto gubernamental.

A primera vista, los acontecimientos parecían un juego de póker con reiterados “bluffs”. La huelga de hambre parecía la última o una de las últimas cartas del gobierno. Qué podría venir después era todavía un campo abierto para la especulación.

Las huelgas de hambre de autoridades bolivianas no son cosa nueva. Una de las más populares la encabezó Hernán Siles Zuazo, en 1979, para que el congreso reconociese la mayoría relativa que había conseguido en las elecciones nacionales y lo ungiese presidente. No consiguió su propósito de inmediato y la crisis desembocó en un golpe militar.

Actualizaré esta entrada en la medida en que ocurran nuevos acontecimientos.

 

Bravo! Canal 33

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En medio de la intensa jornada alrededor de los palacios Legislativo y de Gobierno, hasta esta madrugada se destacaba la imagen televisiva solitaria de Canal 33, Gigavisión, que transmitía en vivo y en directo la sesión del Congreso. Otras estaciones transmitieron sólo parcialmente la histórica sesión. Quienes, desde Santa Cruz, querían enterarse de lo que ocurría en la Plaza Murillo, con los congresistas del Movimiento al Socialismo (MAS) que anunciaban que renunciarían ante la imposibilidad de lograr la aprobación de su ley para las elecciones de fin de año y las que se celebrarían el próximo, tuvieron esa ventana. Bravo para ese canal, que puso ante los ojos de gran parte de Bolivia, las primeras horas de esa sesión y cumplió su misión informativa. Esta mañana, el canal continuaba como el único que mostraba la sesión al país.

Líder en esa transmisión debía haber sido el canal del Estado, el 7, pagado por toda la sociedad boliviana. Pero el canal nominalmente de todos, transmitía entrevistas mientras se cernía sobre la nación la amenaza del cierre del Congreso, reclamada por líderes de los llamados “sectores sociales” que originalmente habían presionado por la renuncia en masa de los legisladores oficialistas.

El plazo para la aprobación de esa ley –y la amenaza de renuncia- se cumplía a la medianoche. En medio de una ansiedad general, llegó el campanazo y no hubo renuncia inmediata. La sesión continuó. A alguien (o algunos) le falló el cálculo y la amenaza tenía toda la apariencia de un bluff. Esta vez, los legisladores pusieron ante el país la fuerza de sus posiciones a través de la razón y eran vistos por el público, un gran segmento de la sociedad boliviana, interesado en escucharlos. El público podía juzgar la fortaleza de las argumentaciones directamente y sin intermediarios. Gigavisión cumplió.