Día: noviembre 17, 2008

Justicia campesina en acción

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Actualización, Hs. 22:30

Campesinos de la población de Achacachi detuvieron el domingo un autobús que presuntamente transportaba asaltantes y capturaron a once personas, inclusive al chofer, y tras llevarlas al estadio local dieron lugar a un acto macabro: rociaron a todos con kerosene y gasolina y les prendieron fuego. Al revolcarse aterrorizadas, las personas sofocaron el fuego, pero luego fueron flageladas y dos murieron, ambos varones. La noticia la dio Radio Fides y otras emisoras en la mañana. En la noche, los nueve sobrevivientes, heridos con quemaduras de primero, segundo y tercer grado, estaban en un hospital.

En su versión en la internet (www.radiofides.com) la emisora divulgó lo siguiente:

«El Viceministro de Justicia del gobierno, Rubén Gamarra, informó que una persona falleció a consecuencia del grave maltrato que recibió en el intento de linchamiento en la población de Achacachi, en el departamento de La Paz. Aún no se identificó a la primera víctima, que fue trasladada a la ciudad de El Alto, junto a las otras personas que sufrieron las vejaciones.» Poco despues las autoridades informaron sobre una segunda víctima y desvirtuaron la versión de que una mujer embarazada también había perdido la vida.

El corresponsal de la emisora informó en la noche que los linchadores habían obligado a una de las mujeres a golpear con una piedra a uno de sus compañeros. «Nos han quemado y nos han pegado. Nos han confundido con rateros, pero nosotros no somos rateros.  Nos han quemado el rostro, las manos, todo el cuerpo. Nos han confundido con otros. Estabamos en el micro y nos obligaron a bajarnos. Ibamos a una fiesta de los choferes en Achacachi», dijo a la emisora una mujer identificada como Lidia. Dijo que en el campo deportivo los detenidos fueron desnudados por sus captores, quienes les echaron gasolina sobre el cuerpo. De acuerdo al corresponsal, la mujer tenia gran parte del cuerpo vendado.

Tambien en la noche, las emisoras de TV exhibieron imagenes que mostraban artículos presuntamente robados por la supuesta banda, entre ellos carteras, celulares, anillos y licuadoras que habrían estado dentro del vehículo tomado e incendiado por la turba. 

El Viceministro acogió la versión de los campesinos y dijo que el brutal episodio había sido resultado de «la reacción de la población ante delincuentes.» No explicó en qué consistían los delitos de los aprehendidos y salvajemente castigados. Los aprehendidos fueron seis varones y cinco mujeres.

Al parecer, los pobladores sospechaban del grupo que estaba en el vehículo y descubrir que llevaba objetos supuestamente robados los enardecio y obligaron a los pasajeros y al conductor a descender. Pero los sobrevivientes negaban las acusaciones de sus captores y decían que habían llegado a ese lugar para participar de una fiesta y  no para robar. 

El Viceministro Gamarra dijo que se había hecho «todo lo posible» para evitar el linchamiento de los once y que los nueve sobrevivientes serán procesados en El Alto. No informó qué acusaciones que pesarían sobre las víctimas, pero aseguró que los victimarios también serían procesados. Se desconoce la identidad de los atacantes.

Los campesinos aprehendieron a sus víctimas a las 8:00 PM del domingo y los llevaron hasta un campo de fútbol de la localidad, a unos 90 kilómetros de La Paz. El martirio se prolongó hasta por lo menos las tres de la madrugada, según la información radial de Fides.(Otros informes dijeron que las torturas a los supuestos delincuentes comenzaron a esa hora y continuaban hasta media mañana del lunes. El teniente coronel José Toro, de un regimiento militar, intentó intervenir para detener la brutal tortura, pero los cautivos estaban rodeados de un círculo humano que cerró el paso al militar). El corresponsal de Fides que transmitía la noticia dijo que algunas de las víctimas clamaban por misericordia, pero no eran escuchados por los enardecidos victimarios. A media mañana, el Viceministro todavía exhortaba a los captores a liberar al grupo.

El episodio exhibió los peligros que puede encerrar una «justicia indígena» independiente del control de la justicia ordinaria. La justicia que aplican los campesinos de acuerdo a sus costumbres en sus comunidades puede adquirir carta de ciudadanía con el proyecto de constitución del gobierno, y sobre la cual los bolivianos votarán el 25 de enero.  Pero portavoces gubernamentales y legisladores oficialistas subrayaron que la justicia a mano propia no corresponde a los postulados del proyecto constitucional, mucho menos los linchamientos. De todos modos, no será buena noticia para el presidente Morales, quien tiene previsto informar a la OEA sobre ese proyecto y probablemente algunos delegados quieran saber de los alcances que la justicia indígena tiene en aquel documento.

Achacachi es conocida por este tipo de «justicia». Fue allí que hace algunos meses un grupo de campesinos degolló públicamente a dos perros diciendo que esa era la muerte que aplicarían a los líderes de las regiones de la llamada Media Luna, en el oriente, norte y sur de Bolivia, donde se concentra la mayor oposición al gobierno del presidente Evo Morales. El cruel episodio conmovió al país y llevó a organizaciones de defensa de los animales a pedir al gobierno que evitase su repetición. Los mata-perros fueron identificados como integrantes de «Los Ponchos Rojos», que forman parte de las organizaciones sociales que respaldan militantemente al gobierno. Que se sepa, nadie ha sido juzgado.

El Viceministro de Justicia Comunitaria, Valentin Ticona, aclaró en el programa noticioso nocturno de Fides que justicia comunitaria no equivalía a linchamiento ni a tomar la justicia por cuenta propia. Informó que lo ocurrido sería investigado y que los culpables serían castigados de acuerdo a las leyes vigentes.