Poderes en conflicto

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La Corte Suprema de Justicia ordenó esta tarde el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a Sucre, en una medida que irritó al gobierno del presidente Evo Morales. El gobierno dio a entender que no estaba dispuesto a dar curso a la orden. Es decir, la independencia de poderes, base insustituible de la democracia, está en cuestion.

El Vicepresidente Alvaro Garcia dijo que “el gobierno mantiene su posición de pedir a la Justicia que no libere, que no colabore con los sediciosos que han atentado contra la democracia en Bolivia”.

Dos autoridades ministeriales dijeron que la decisión del magistrado de la corte era “el auto supremo de la vergüenza” y dejaron claro que el gobierno estaba reacio a cumplir la orden y que Fernández sería mantenido en La Paz como confinado.

“La condición de Leopoldo Fernández es en calidad de confinado y va a estar sometido a ello en el resto de los 90 días en La Paz; como gobierno vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida. Está confinado en La Paz y ser quedará acá”, dijo el Viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.

El vice-Ministro de coordinación de Movimientos sociales, Sacha Llorenti, dijo que era “una vergüenza” la decisión, que ordena trasladar a Sucre todos los documentos del proceso contra Fernández y al propio acusado.”Este es el auto supremo de la impunidad y de la vergüenza”, reiteró indignado. “Es así como funciona la justicia. Sólo para los ricos”, dijo al recordar que el recurso ante la Corte Suprema interpuesto por los abogados del prefecto había llegado al tribunal durante la jornada y respondido “en sólo 30 minutos”.

Otras autoridades reafirmaron que la orden no modificaba la situación de Fernández, debido a su detención bajo el estado de sitio (estado de excepción) y que permanecería en La Paz como confinado. Entretanto, deberá continuar la investigación sobre el hecho sangriento ocurrido en el departamento norteño de Pando la semana pasada.

Juristas a los que este blog consultó dijeron que la cuestión del tiempo en emitir una decisión no es un argumento que pueda valer en un caso como el del prefecto. La defensa del acusado arguye que el caso de Fernández es de corte por haber sido electo democráticamente como prefecto (y ratificado el 10 de agosto). Pero el juez que ordenó ayer su detención preventiva, dijo que existían indicios de culpabilidad del acusado en los cargos de terrorismo.

Los juristas recordaron que si el tiempo fuese argumento, el propio gobierno tendría que responder por la demora en tomar acción contra un militar, también acusado de terrorismo, en el atentado contra un canal de televisión hace casi tres meses.

La semana termina con un conflicto de poderes, en presencia de observadores internacionales que acompañan el diálogo comenzado ayer entre prefectos opositores y el gobierno, en busca de fórmulas que pacifiquen al país. Tendremos que prepararnos para ver un cerco a Sucre, esta vez sobre la Corte Suprema? O para una retirada de posiciones que nos daria una imagen civilizada ante el mundo que ahora nos observa?

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