Anomalías

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Algunas de las denuncias que echan sombras sobre la limpieza del plebiscito del domingo 10 de agosto:

  • En las mesas 12507 y 24709 de Oruro hubo el número de votos superó al de los inscritos. Hubo más de cien votos respecto al número máximo de personas que debían votar.
  • En una de las mesas, una persona que no aparecía registrada en el Padrón Electoral actuó como jurado.

    Una tercera mesa está observada pues una de las papeletas estaba impresa con solamente la opción sobre la continuidad o revocatoria del presidente y del vicepresidente.

    Las autoridades han decidido que haya una nueva votación en las dos mesas el día 24.

    (Datos tomados del diario el Nuevo Día, de Santa Cruz, del día 15/08).

    No existe una información precisa sobre cuántos habrían votado con cédulas de identidad irregulares, pero las denuncias han sido reiteradas desde el día de la votación.

    Por otra parte, el presidente de la corte departamental Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, anunció que se propone renunciar al cargo, debido a irregularidades en el padrón electoral de cruceño. “No es posible administrar ninguna elección en esas condiciones”, dijo.

    Aún se desconoce comentario alguno de la Corte Nacional Electoral (CNE), pero la decisión de Parada ciertamente generará reacciones.

     

    También en Oruro está en juego una contradicción que se dio antes del plebiscito: cuál criterio para los porcentajes aplicar. El congreso aprobó la ley extraña que creaba una originalidad electoral: los prefectos podían ser ratificados sólo si obtenían un porcentaje superior al de los que NO votaron por ellos. Eso determinaba que el prefecto de la Paz (ahora ex prefecto) tuviese que obtener el 62% de votos a favor. Obtuvo sólo el 42%, más que el 38% de votos con los que fue electo en 2005, y numéricamente muchos votos más que los que lo eligieron. La Corte Nacional Electoral decidió que para los prefectos regiría sólo el concepto universal de la mitad más uno. El Vicepresidente García Linera dijo que el criterio de la ley prevalecería. Ahora está en duda la situación del prefecto de Oruro y aliado del gobierno, Alberto Luis Aguilar, quien debía obtener cerca del 60% según la ley, pero sólo llegó al 50,86%. El prefecto se proclamó confirmado y ha asistido a reuniones con el gobierno, pero su permanencia en el cargo está en duda.

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