Día: febrero 6, 2008

Comercio en jaque

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El reloj para el fin de plazo, o su extensión, del régimen de preferencias arancelarias de que gozan productos andinos en el mercado estadounidense, está en contaje inexorable. El número de empleos que esas preferencias generan para Bolivia es de aproximadamente 40.000, según la Cámara de Exportadores. Otras fuentes hablan de hasta de 100.000. Casi el 100% está ubicado en El Alto, bastión político del gobierno. Sin embargo, el tema parece no sensibilizar a las autoridades, que no se han preocupado por desarrollar una relación con Estados Unidos que permita mantener ese beneficio, o extenderlo. El presidente Morales dijo que hay alternativas al mercado estadounidense (el más codiciado del mundo!), pero no dijo cuáles. (Hay que subrayar que a ese beneficio El Alto debe una porción considerable de su crecimiento. Es decir, el sistema de libre mercado, que muchos alteños dicen detestar, ha dado vida económica a El Alto.) Sería interesante saber si Cuba, Venezuela o Nicaragua comprarían los productos que van al mercado de USA, o si la UE estaría dispuesta a absorber lo que Estados Unidos dejaría de comprar. El asunto no es tan fácil como cambiar de menú en un restaurant (está ligado a los progresos que realicen  los países andinos a la erradicación de los cultivos de coca. Además, abrir un mercado para la exportación significa promoción y sobre todo habituar al consumidor a determinado producto). Que lo diga el departamento de comercio exterior de la cancillería.

Por lo que se escucha, el gobierno estaría feliz si ese acuerdo se acabase. Sus autoridades han hecho todo lo posible para enturbiar el relacionamiento La Paz-Washington. Desde la pueril acusación de que el embajador estadounidense conspiraba con un ciudadano colombiano (que está preso en Santa Cruz y, que se sepa, NADIE lo ha entrevistado, y tampoco se conoce cuál ha sido su suerte!) en base a una fotografía tomada durante la Feria Agro-Industrial de septiembre, hasta la próxima convocatoria del diplomático al Ministerio del Interior para explicar el financiamiento a una Organización de Estudios Policiales. Poco se sabía de esa organización hasta el estallido del escándalo de los espiones, hace dos semanas, que seguían a periodistas independientes y a políticos de oposición. Está bien que el gobierno defienda la seguridad del estado, pero hacerlo representa también una alta dosis de inteligencia. Por eso los servicios de espionaje se llaman de «inteligencia», aunque en muchos casos sea sólo un eufemismo.

A propósito de la acusación de conspiración, la Fiscalía de Distrito ha dicho reiteradamente que el gobierno nunca pidió que el caso fuese investigado. Consiguientemente, lo dio por concluido.

Alguien debe disculparse.