Día: agosto 21, 2007

Justicia en vilo

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La Cámara de Diputados se sumergió durante ocho horas en un acalorado debate para decidir la suerte de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que en Bolivia es el guardián que vigila la vigencia de las normas constitucionales. Cerrró el debate temporalmente hasta el miércoles sin llegar a una decisión.  Los cuatro jueces pueden acabar enjuiciados e ir a la cárcel si prevalece la aplanadora del Movimiento Al Socialismo (MAS),  que es mayoría en la Cámara Baja. El gobierno del presidente Evo Morales promovió el  enjuiciamiento de los magistrados cuando el tribunal impugnó la designación de jueces para ese tribunal dispuesta por Morales. El presidente había renovado el mandato interino de algunos magistrados y el tribunal le salió al paso diciendo que la renovación de interinatos era ilegal.  Morales consideró que el tribunal se había excedido en su función y coartaba su derecho  como Primer Mandatario.  La cuestión puede ahora sacudir la seguridad jurídica en Bolivia, que nunca gozó de  fama de gran solidez.  Hace un par de semanas, Morales había dicho que las leyes le representaban un estorbo para gobernar y que preferiría hacerlo por decreto.  La oposición vio en sus palabras una inclinación dictatorial. Y en el juicio contra los magistrados un golpe contra el tribunal para someterlo a través de nuevos miembros dóciles al gobierno. El diputado opositor Walter Javier Arrázola dijo que, de consumarse la acción contra los magistrados,  «se eliminaría todo freno a las ilegalidades, el absurdo y el atropello que ejerce la mayoría circunstancial del partido de gobierno» en el congreso y la Asamblea Constituyente.  Pero el senador oficialista Santos Ramírez dijo que los magistrados serían enjuiciados porque «han cometido una injusticia» al oponerse a las designaciones decretadas por Morales.
El nuevo elemento de tensión se agrega al que existe con la presión que ejerce Sucre, alzada con huelgas de hambre que ya duran una semana. Sucre está apoyada por los comités cívicos de cinco departamentos y reclama que la Asamblea Constituyente considere su demanda para ejercer la capitalía plena de Bolivia. Desde hace más de un siglo es sólo la sede de la Corte Suprema, después que una guerra civil llevó la capital a La Paz.   Una ironía es que hace cuatro años los miembros de este tribunal votaron para restituir los derechos plenos de un parlamentario a quien sus colegas habían expulsado del congreso: Evo Morales.