Día: agosto 10, 2007

El laberinto de la ampliación o la ampliación del laberinto

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A fines de julio de 1990 la embajadora estadounidense April Glaspie presentaba credenciales ante Saddam Hussein cuando el líder iraquí preguntó a la diplomática sobre la posición de Estados Unidos ante la disputa de Irak con Kuwait. Las transcripciones conocidas sobre ese diálogo registran la siguiente respuesta: “Nosotros no tenemos opinión en los conflictos árabes, tales como la disputa entre ustedes y Kuwait… ” Las palabras de la diplomática están consideradas entre los grandes gaffes que precipitaron el conflicto que todavía perdura. Todo por una mala comunicación.

De este tipo de fallas por ambigüedad está llena la historia. En toda comunicación de decisiones, nada es redundante y todo debe ser meridianamente claro.

El año pasado, el congreso boliviano deslizó un artículo ambiguo en la convocatoria a la Asamblea Constituyente y surgió una disputa de más de ocho meses sobre cómo serían votados los artículos de la nueva Carta Magna. Y hace pocos días, extendió el período de trabajo de la asamblea con una ley redactada en tal forma que puede prestarse a interpretaciones seguramente lejos de la cabeza de quienes la aprobaron. Su lenguaje es impreciso y capaz cuando menos de demorar una llegada feliz al final del espinoso camino hacia nuevas reglas constitucionales.

Por ejemplo, miren el artículo primero:

1) En caso de que todos los artículos sean aprobados en detalle por el voto de los dos tercios de los miembros presentes (y si el número de los presentes es escasamente el mínimo? No deberían estar presentes todos los asambleístas?), el texto final de la Nueva Constitución Política del Estado será aprobado mediante el voto (a favor o en contra? O será que se lo aprobaría con el simple acto de votar, independientemente de si es un voto a favor o en contra? ) de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Constituyente. Ese texto se remitirá al Presidente de la República de conformidad a la Ley de Convocatoria…

Una mejor redacción podría haber dicho

En caso que todos los artículos sean aprobados en detalle por el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes, el texto final de la NCPE deberá ser aprobado con el voto afirmativo de dos tercios del total de los miembros de la AC. Ese texto será remitido al Presidente de la República de conformidad a la Ley de Convocatoria de la AC.

O miren el artículo segundo:

1) Al concluir su trabajo y en caso de disenso las comisiones elaborarán dos informes, uno por mayoría, aprobado por mayoría absoluta de los miembros, y otro por minoría
que será la segunda propuesta más votada a condición de que ésta no sea presentada o apoyada por constituyentes pertenecientes a la bancada responsable de la propuesta de mayoría.

Más claro habría sido:

Si hubiere disenso, las comisiones presentarán dos informes al concluir sus trabajos: Uno por mayoría, que deberá haber sido aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, y otro por minoría, que corresponderá al de la segunda propuesta más votada. Los constituyentes que favorezcan un informe estarán excluidos de toda forma de participación en el otro. En consecuencia, el segundo informe no podrá ser presentado ni apoyado por constituyentes de la bancada responsable de la propuesta de mayoría.

Los ejemplos podrían continuar. Pero donde la ley ingresa en un terreno oscuro es cuando empieza mencionar plazos.

Por ejemplo, dice que el referéndum dirimidor (que decidirá sobre los temas álgidos, desde la visión de país hasta la plurinacionalidad) será convocado en hasta 120 días después de la publicación del proyecto de nueva constitución. Son cuatro meses más y con ellos podemos llegar al 14 de abril.

El artículo sexto acentúa las dudas sobre la extensión de los trabajos constituyentes cuando dice que “el Congreso Nacional remitirá los resultados finales del Referendum Dirimidor a la Directiva de la Asamblea Constituyente, la que convocará a sesiones de manera inmediata para que los artículos dirimidos en la consulta popular sean incorporados al texto”, etc.

No había sido ampliada sólo hasta el 14 de diciembre? Con qué poder se reunirán los (ex) constituyentes para incorporar los artículos surgidos del primer referéndum?

De la oscuridad se pasa a un campo minado cuando se establece que la AC que dejó de funcionar el 14 de diciembre aprobará “en un plazo no mayor a 30 días” computables a partir de su convocatoria, el nuevo texto a ser sometido al referéndum final. Y así entramos al 14 de mayo. Esta fecha es aún incierta, pues el plazo de 30 días depende de la fecha de la convocatoria.

Lo que es cierto es que, a estas alturas, la cabeza del lector, sometida a un bombardeo de fechas y plazos, ya habrá perdido el norte, y probablemente se mueve sin brújula en un laberinto oscuro.

Hay más. El artículo octavo establece que al concluir el proceso de aprobación y de incorporación de las nuevas normas emergentes del referéndum dirimidor, “la Presidencia de la Asamblea Constituyente remitirá el texto final… al Poder Ejecutivo, el que convocará a Referéndum Constituyente, a ser realizado en un plazo no mayor a ciento veinte días computables a partir de la publicación del Decreto de Convocatoria”.

La pregunta sobre si seguirá vivo hasta aquí (mediados de mayo de 2008) el mandato extendido de los constituyentes, es aclarada sólo en la “disposición final primera” que estipula: “Las y los Constituyentes…conservan su mandato hasta la entrega del texto final de la Nueva Constitución Política del Estado para el Referéndum Constituyente.”

De hecho, entonces, las tareas de los asambleístas no acaban en diciembre. Acaban en mayo, al entregar al gobierno el texto a ser sometido al referéndum final.

Entonces, la extensión es o no es sólo hasta diciembre? Por lo visto, no. Las deliberaciones concluyen en diciembre, pero la Asamblea tendrá tareas tal vez hasta mediados de 2008.