Rebeca Delgado contraataca

La ex presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado sacudió esta noche los cimientos del gobierno y de su partido, el Movimiento al Socialismo, a lo largo de una entrevista en el escenario de PAT (No Mentirás) en la que reclamó el retorno a los orígenes del movimiento que encumbró a Evo Morales y Álvaro García. Se declaró católica y defendió su derecho de alzar el puño izquierdo y de jurar haciendo la señal de la cruz con la mano derecha al aclarar a la entrevistadora Ximena Antelo que se trata de una representación de convicciones que “no son incompatibles”.
Articulada, asegurando militar en una izquierda ideológicamente humanista, lejos de los ejemplos marxista-leninistas del siglo pasado que hundieron al socialismo y sus expresiones actuales, Rebeca Delgado denunció la dictadura que impera en el Movimiento al Socialismo.

Sus colegas, dijo, se han vuelto,  simples “levanta manos” para aprobar las normas e instrucciones que reciben del Ejecutivo. Muchos de sus compañeros no expresan su oposición a esos métodos autoritarios de eliminar a los “libre-pensantes” por temor a represalias. (Contra el libre pesamiento se manifestó hace el presidente Morales y advirtió a los dirigentes del MAS que no pueden actuar por iniciativa propia).
La parlamentaria desahució moralmente la reelección del presidente Morales por violar el artículo transitorio de la CPE que la prohibió. El Tribunal Constitucional, dijo, no tenía manera de responder negativamente a la consulta que le envió el senado que estaba redactada de manera que la respuesta fuese la que buscaba el gobierno. Respondió a las objeciones que le hicieron las presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados y les dijo que dijeron lo que afirmaron porque les había ordenado que lo hicieran.
Puso nombre al autor, o director de esas políticas: el Vicepresidente Álvaro García Linera.
Y dijo que también ella sentía miedo. Había recibido, dijo, llamadas de compañeros de ruta que le han advertido que tenga cuidado. Su posición, y las palabras con las que se expresó esta noche, será un tema de debate en los gabinetes políticos.
Como telespectador y observador atento a las noticias, aguardo las reacciones a esta entrevista, reveladora de  fisuras profundas que ocurren en el gobierno.

Caso terrorismo: Abogado del gobierno va preso

El abogado del gobierno en el llamado “caso terrorismo” Fernando Rivera Tardío fue esposado y traído preso a Santa Cruz por funcionarios de la policía durante el desarrollo de la sesión que desde el lunes se lleva a cabo en Tarija. El apresamiento, resultado de denuncias del inversionista estadounidense Jacobo Ostreicher preso desde hace año y medio en Santa Cruz, cayó como un rayo en la audiencia de Tarija. La sesión fue suspendida hasta el jueves, pues repentinamente del proceso desapareció el representante de la parte querellante. El juez del proceso otorgó un plazo de poco más de un día  para que el Ministerio de Gobierno designe a un sustituto. Los acusados permanecerán el Tarija.

Tras salir de la perplejidad, los procesados que presenciaban la insólita escena “vivieron uno de los momentos más felices durante todo el proceso”, me dijo una persona relacionada con uno de los acusados presentes en Tarija. “Cantaron la ronda ‘arroz con leche’, aplaudieron la escena y le dijeron a la autoridad del gobierno: Te esperamos” (en la cárcel de San Pedro, en La Paz). Me aseguraron que el fiscal Marcelo Soza estuvo en la audiencia pero que no dijo una palabra.

Inesperadamente, todo el caso que ha tenido en vilo a cientos de cruceños desde hace tres años y siete meses se encuentra desprovisto de una cabeza acusatoria. Si esta cabeza va a la prisión acusada de extorsión en un caso que se arrastra desde hace año y medio y que surge como la que parece ser una de las peores llagas del sistema judicial boliviano, ¿qué se puede pensar de todo el proceso? ¿Del actual y de otros?

Más inquietante aún es cómo el supuesto caso terrorismo-separatismo se cruza con el que surge del arresto del ciudadano norteamericano. Unas 14.000 toneladas de arroz están desaparecidas de un total de 20.000 toneladas. El valor del producto desaparecido está calculado en unos 14 millones de dólares y sólo se sabe de $US 10.000, girados por el empleado de un ingenio arrocero sobre la cuenta particular de un funcionario del gobierno. ¿Dónde está el resto? El gobierno está atrás de trece personas, hasta ahora. Más de la mitad aparece como parte del gobierno (uno figura como ex funcionario del Ministerio de la Presidencia).

Una pregunta angustiosa está en la garganta de muchos bolivianos: ¿Son estas personas solamente la punta de un témpano? ¿Quiénes son la parte más gruesa y pesada del témpano? Pocas veces la pregunta de una persona de la audiencia del programa “No Mentirás” en PAT pareció tan pertinente: Si la corrupción llega a funcionarios tan próximos a ministros de estado, ¿cómo será en otros niveles?

La detención del abogado del gobierno ocurrió cuando la audiencia de Tarija había sido sacudida, el lunes, por una nueva intervención de “El Viejo”, el controvertido personaje que emergió en las noticias nacionales como el “testigo esencial” del fiscal Soza, quien luego ordenó su detención acusándolo de complicidad con toda la trama.

Ignacio Villa Vargas dijo que los interrogadores del gobierno trataron de forzar que declarase implicando al cardenal Julio Terrazas como financiador de los supuestos terroristas. “El Viejo” consiguió hablar extensamente durante la audiencia, pese a las protestas del fiscal Soza. Como ha sido casi un hábito, el personaje, ahora recluido en una silla de ruedas, acosado por la diabetes y problemas cardiovasculares, pidió que se le dejara hablar pues estaba seguro que no llegaría vivo al final del proceso. Y contó que no comía lo que le servían en el penal de “El Abra”, en Cochabamba, pues se había querido envenenarlo. Dijo que a poco de ser llevado a esa prisión dio la comida a dos perros, que murieron al día siguiente.

La ametralladora verbal de “El Viejo” disparó otras municiones. Dijo que la explosión en la residencia del Cardenal Primado fue ejecutada por el  entonces agente gubernamental Luis Clavijo y la dragoneante policial Marlyn JudithVargas Villca (“Karen”). La afirmación  puede hacer que los dos funcionarios, junto al capitan Walter Andrade (el de la fotografía en la que aparece al  lado de Eduardo Rózsa Flores durante un churrasco en Santa Cruz), sean convocados para declarar en el proceso.
Para el miércoles y el jueves estaba prevista la intervención de Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, considerados dos pesos significativos en el grupo.

Este martes corría la versión de que las autoridades del gobierno preferirían cancelar el proceso oral pues parecería evidente que la parte acusadora no tiene fortaleza argumental para contrarrestar a la defensa, que tiene en jaque constante la teoría de que en Bolivia se intentó desatar un movimiento separatista, precedido de actos terroristas.

El juez Sixto Fernández anunció inicialmente un parentesis de 48 horas para que el gobierno designe al sustituto del representante preso, pero la defensa observó el  plazo. Pudo haber influido en el ánimo de los jueces la sentencia bíblica a la que acudió el abogado Otto Ritter, del general Gary Prado Salmón, para que reconsideren el plazo: “con la misma vara que  midieres serás medido después”.

Ir a tribunales de ética, recomienda UNIR

Fundación UNIR, una de las instancias más respetadas de observación y vigilancia del comportamiento de los medios de comunicación en Bolivia, recomendó este martes al gobierno que considere presentar un reclamo formal ante el Tribunal de Ética Periodística de la ANP y el Consejo Nacional de Ética Periodística para zanjar la controversia en torno al discurso del Presidente Morales sobre las condiciones climáticas, el flojo y la flojera.
También recomienda a los medios ejercitar una supervisión ética y técnica más rigurosa en el tratamiento de las noticias.
La recomendación de UNIR coincide con planteamientos de organizaciones periodísticas y, por venir de la institución que fundó y dirigió la periodista Ana María Campero, fallecida hace dos años, puede representar una salida para el conflicto que enfrenta al gobierno, que quiere abrir un juicio contra ANF, El Diario y Página Siete.

El gobierno argumenta que esos medios distorsionaron un discurso que el presidente improvisó en Tiahuanacu hace dos semanas cuando, entre otras cosas, dijo: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el altiplano es diferente, si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento. Es una verdad eso. Pero en el oriente, sólo por flojos podemos hambrear”. Los medos sindicados sostienen que no realizaron ninguna tergiversación y que se limitaron a reproducir las palabras del presidente.

La sugerencia de UNIR viene tras la Carta a la Nación que el domingo publicaron 14 periodistas, todos Premio Nacional de Periodismo o dirigentes de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas que plantearon al gobierno que retire la denuncia contra esos medios.

UNIR dice en los párrafos finales de la vivisección que ha realizado de la controversia:

“El gobierno debe reconocer que ni la penalización de la interpretación periodística de los hechos ni el reiterado estímulo de un enfrentamiento con los medios informativos son una vía adecuada para lograr que la democracia y el pluralismo se fortalezcan o para
que la ciudadanía acceda a información necesaria, responsable y de calidad. A su vez, los responsables de los medios noticiosos y de los gremios periodísticos, además de defender y promover el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) establecido y garantizado por la Constitución Política del Estado, debieran ejercitar una supervisión ética y técnica más rigurosa sobre el tratamiento de las noticias, las opiniones y los análisis referidos a temas, instituciones y personas con repercusión pública. Sin embargo, las autoridades de los distintos ámbitos y niveles del Estado debieran considerar siempre el alcance que pueden llegar a tener sus actos y declaraciones en el espacio mediático. Y la ciudadanía debiera estar permanentemente vigilante y ser exigente respecto de la vigencia del DIC en el país.”

El análisis de UNIR es un trabajo de cuidado meticuloso y sus sugerencias lucen atinadas. Es difícil que el gobierno no las escuche.  Revive paso a paso el proceso de la información, a partir de los boletines emitidos por Agencia de Noticias Fides,  su crónica final  y la publicación que, en base a ella, hicieron El Diario y Página Siete. Pese a provenir  de la noticia de ANF, el titular y primer párrafo de la versión que reprodujeron los dos diarios son diferentes y quizá el  origen de toda la controversia que se desató. En ningún caso, sin embargo, hubo una tergiversación ni una incitación racista. Las autoridades inicialmente echaron toda la responsabilidad sobre ANF y después incorporaron en la cuestión a los dos diarios paceños.

Tal vez la semana concluya con la tensión  gobierno-prensa-periodistas disipada.

Tiempos de zozobra

Lo ocurrido esta noche en Santa Cruz puede marcar una señal aguda de los tiempos que vive el país, convulsionado como pocas veces bajo el gobierno del presidente Evo Morales. No pasaban muchas horas de la represión desencadenada por la policía de La Paz sobre mujeres que apoyaban al TIPNIS y a las mujeres marchistas y su precario campamento frente al edificio de la vicepresidencia cuando miles de cruceños hicieron ondear sus banderas verde y blanco en el centro de la ciudad y se concentraron en la plaza principal para brindar respaldo al gobernador Rubén Costas.

El gobernador, amenazado con una imputación por una supuesta malversación de fondos públicos para realizar el referéndum que aprobó los estatutos autonómicos vigentes y ante una probable suspensión como autoridad departamental, desafió a la lluvia, quitó el paraguas que le ponían sobre la cabeza sus ayudantes y gritó a la multitud que los fiscales “serviles” del gobierno “se equivocan”. “Cuidado, cuidado”, dijo. “El león está despierto”.

Fue un desafío como raras veces se planteó al gobierno del Movimiento al Socialismo estos años. El presidente Morales daba por descontado hace tres días que Costas sería sustituido y arriesgó, incluso, un gesto generoso (?) al decir que telefonearía a los asambleístas de su partido para que no aprovechen la circunstancia para elegir a un partidario del gobierno sino, más bien, a un dirigente del partido Verdes, que eligió al gobernador.

Los más altos funcionarios del gobierno hicieron fila para apoyar la apuesta del presidente por la destitución de Costas. En Santa Cruz se manifestaron miles de cruceños, muchos venidos desde las provincias, para apoyar al gobernador, el único todavía en funciones de los que fueron electos desde agrupaciones opositoras. Todos los demás han sido destituidos por supuestos delitos y presiones de los partidarios del Movimiento al Socialismo. (Creo que, en el fondo, se trata de un “hambre por “pegas”. Alquien puede decir los n;umeros en que han aumentado las planillas de las empresas nacionalizadas?)

El mano a mano ocurre cuando el gobierno central está en la peor fase de un infierno astral. No es sólo el TIPNIS o las disputas entre mineros, ni del fraccionamiento de su partido ni su frágil política exterior. Ocurre cuando encuestas independientes parecen indicar que ha ingresado en un tobogán de impopularidad. El apoyo que tendría en estas últimas semanas no pasaría del 30%, menos de la mitad del poercentaje que lo reeligió para un segundo mandato.
Las cartas están dadas y la partida está en curso. Mucha gente espera que el acoso gubernamental sobre las autoridades elegidas que le hacen sombra se manifieste también tras hechos notoriamente irregulares. Costas siguió el mandato del cabildo más numeroso realizado en Bolivia hasta 2008. Elcabildo costó unos 10  millones de bolivianos. En cambio, nadie aprobó la compra al contado de  un fábrica de papel de casi 15 millones de dólares (diez veces el costo del cabildo) que no funciona. El país fue estafado. Tampoco nadie desde dentro del gobierno se ha pronunciado sobre la compra irregular, igualmente al contado, del avión presidencial de casi 40 millones de dólares, 26 veces el costo del cabildo. No es que un error cubra otro error, pues Costas ha dicho que está dispuesto a defenderse y que demostrará su inovencia, pero gran parte del país desconfía de la imparcialidad de la justicia boliviana. Vale una pregunta, como hace 2000 años: Quo vadis?

Ahí vienen los Tipnis

Tres dos meses de caminata los Tipnis, defensores de su heredad natural, se aprestan a ingresar a La Paz, que el año pasado los recibió como héroes auténticos de la Bolivia de la selva y que ahora vuelven a reclamar lo que entonces se les ofrendó y que creen que fue desdibujado por el gobierno con una nueva ley que puede partir el territorio Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure.
La marcha, al igual que la anterior, es para los indígenas bolivianos una epopeya de una dimensión aún no calibrada. Al comienzo, en Trinidad, eran poco más de cien. Ahora son 1.500, de acuerdo a los recuentos de los medios informativos. Recorrieron más de 600 kilómetros y están a las puertas de la ciudad capital. Durmieron dos noches en Urujara, en la cumbre ventosa, uno de los lugares más gélidos del país, para demorar su ingreso a La Paz y demostrar al gobierno que ellos no tienen nada que ver con el golpe que las autoridades aseguran que está en marcha para derrocarlas.
Esperan encontrarse con el presidente Morales quien, al decir de las informaciones oficiales, se fue a Argentina para participar de una reunión que tendrá lugar solo de aquí a dos días, el viernes, con la tríada de Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. Paraguay no asiste. Fue desairado por sus socios que quieren castigarlo por el enjuiciamiento y destitución de Fernando Lugo. El mandatario boliviano sería el primero en llegar a Mendoza.
El presidente “está ocupado” con otros menesteres, informaron portavoces del gobierno. El año pasado, los caminantes de a VIII Marcha tampoco pudieron econtrarse con el mandatario el primer día. Se había ido a Cochabamba.
La jornada de hoy será menos fría pero más intensa.

La carga de la prueba

A lo largo de las últimas 24 horas, ha quedado claro que nadie en el gobierno agarrará el guante supuestamente lanzado desde su prisión por el general retirado de la policía René Sanabria. Al ex jefe policial le toca, de acuerdo al gobierno, precisar sus declaraciones, hechas en dos  hojas de papel desde la prisión en Estados Unidos. En el manuscrito que se atribuye a quien fuera uno de los hombres de mayor confianza y poder en el gobierno hasta su detención en Panamá y su casi inmediata remisión a Estados Unidos,  se dice que el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti debería revelar los nombres de funcionarios del gobierno implicados en el narcotráfico. El ex ministro dijo que, de ser auténtico el documento, se trataría de  “una patraña” y que en el gobierno no ha habido ningún encubrimiento.  Su sucesor Carlos Romero destacó que el manuscrito “no tiene firma” y por consiguiente carece de seriedad.

Es decir, desde la prisión el ex alto funcionario tendría que probar que el documento es efectivamente suyo. (Deberá tener a su lado a un notario – boliviano, claro, y en lo posible del partido de gobierno). Entretanto, no habría ninguna investigación. ¿Les parece?

Frente a frente (o de espaldas)

El gobierno ha ofrecido “mediar” en el conflicto que tiene a los paceños y a los habitantes de otras ciudades desprovistos de transporte público. Los choferes, que enfrentan un creciente disgusto de la población de La Paz, ya agobiada por el caos vehicular urbano, aceptaron la propuesta y esperaban lo mismo de las autoridades del municipio de la ciudad. Éstas hicieron saber que si el gobierno desea mediar en un conflicto de la Alcaldía y un sector, los dirigentes del Movimiento Sin Miedo (MSN), que gobierna el municipio paceño, se ofrecían también para “mediar” en conflictos del gobierno, verbigracia, la marcha del TIPNIS.
Un cruce parecido de posiciones surgió con la marcha del TIPNIS, que en estos momentos (al mediodía de este martes) se encamina hacia las puertas de San Ignacio. Quienes se oponen al ingreso de los marchistas a San Ignacio dijeron que deberían circunvalar el pueblo, y no ingresar a él. Los marchistas han respondido: OK, si Uds. aceptan que nosotros decidamos por dónde deberá ir la carretera.

La marcha está en curso

Actualización: Incorpora detalles tomados de los medios esta mañana de sábado.

Partieron en blue jeans, abarcas y botas en los piés, apoyados en muletas y con sandalias, con la bandera tricolor en alto, whipalas, sombrero de saó y gorras beisboleras, todos se encaminaban rumbo a un nuevo encuentro con el destino. Cientos de pobladores del TIPNIS, mujeres con sus hijos en brazos, otras llevándolos de la mano al lado de sus maridos o compañeros, marcharon rumbo a La Paz con una sola meta: conseguir que el gobierno anule, esta vez definitivamente sin dejar viva una sola coma,  la ley 222 que abriría las puertas para una mayor devastación de su territorio pues garantiza la continuidad de la carretera que puede pasar por el medio del territorio que por un par de meses creyeron inexpugnable.
La marcha puede durar entre 45 y 60 días.
El gobierno, entretanto, decretó un feriado extra agregado al 1 de mayo, con motivo “turístico”, dijo el Ministro del Trabajo enla TV esta noche (“No Mentirás”) , para que los trabajadores bolivianos puedan gozar de las ciudades y centros urbanos visitando museos y lugares históricos  o divirtiéndose en reuniones familiares. El repentino feriado, como “reconocimiento al esfuerzode los trabajadores”,  fue visto con sospecha, en tanto que sectores privados protestaron por la medida. El Día del Trabajo será celebrado con más asueto. El feriado le cuesta al país unos 150 millones de dólares (mil millones de bolivianos, de acuerdo a un nota en El Deber). Se trata de extravagancia que pocos países podrían permitirse. Es como si echáramos al aire 3.000 escuelas ($50.000 por unidad). Ni Arabia Saudita se permitiría ese derroche!
Los TIPNIS partieron desde Trinidad a las 16:15, sin uno de sus dirigentes principales, Adolfo Chávez, quien se encontraba hospitalizado afectado por un fuerte resfrío. Los despidió el sacerdote Adán Bravo, quien ofició una Misa en la Catedral de la capital beniana. Tras impartirles la bendición, les dijo: “…vayan y griten su verdad. Vayan y sigan luchando, vayan en paz, que su causa es justa. Dios apoya a los justos…”, dijo citado por El Dia, en su edición del sábado.

Esta vez, como parte la columna de unos 700 marchistas, había más de un centenar de campesinos de la Confederación de Pueblos Indígenas de los Ayllus y Markas del Qollasuyo. Pero tan importante como una  incorporación de CONAMAQ de esa magnitud, puede ser también la presencia de pueblos que se habían comprometido con el gobierno a no asistir a la marcha.

ERBOL, la agencia informativa con más de 300 emisoras rurales asociadas. dijo que en el movimiento estarán presentes delegaciones de la Asamblea de los Pueblos Guaraní (APG), de la Central de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Central de Pueblos Indígenas de La paz (CPILAP) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia (COPOAP). Dirigentes de esosnpueblos habían firmado acuerdos con el gobierno para no sumarse a la marcha. La noticia está aquí.

Tras la primera jornada, los marchistas avanzaron hasta Puerto Vallarta, unos 16 kilómetros de Trinidad. El recorrido fue hecho en unas tres horas. Se detuvieron para cenar y reposar. Probablemente reanudarán la caminata el lunes.

Vale todo para evitar la marcha

El gobierno del presidente Morales está poniendo todo su empeño para convencer a los nativos del TIPNIS de que no participen de la caminata que deberá empezar el 25 de abril. Es decir, para que desistan de preservar el lugar de la devastación que creen que causará el Tramo II de la carretera desde San Ignacio. Por lo que se ve, las autoridades parecen poseídas por la paranoia, pues de sus actitudes podría deducirse que temen que con ese proyecto el gobierno se esté jugando todo, como si de la marcha dependiera su existencia.
No hay cómo evitar el pensamiento de abuso de poder sobre una población ya abusada abundantemente, y la utilización de recursos públicos con fines ética y legalmente discutibles. En muchas otras partes eso está prohibido y la violación a la prohibición conlleva castigos fijados por ley.
Es perceptible el desasosiego de las autoridades con esta marcha. Para ellas, el TIPNIS parece representar el peligro de una capitulación. Es el peligro que se corre cuando las apuestas se vuelven demasiado altas, tanto que no es posible pagarlas, en caso de perder.
La prensa viene densa estos días sobre denuncias que apuntalan las afirmaciones de los indígenas sobre presiones del gobierno para conjurar la marcha. Todo vale. El fin justifica los medios, denuncian.
Erbol, por ejemplo, trae el testimonio de María Plácida, de la comunidad Totora, del TIPNIS, y dirigente de la Subcentral Sécure, quien dice que los motores fuera de borda que el presidente entregó a los nativos, con amplia publicidad, sirven solamente a los que prometan que no se sumarán a la marcha. “Nos dicen que si marchamos no podemos usar los motores, pero aquellos que respaldan la carretera sí los usan (…) tenemos que asegurar que no iremos a la marcha”, dijo la dirigente a Erbol. Lean aquí toda la entrega de Erbol, que congrega a unas 300 emisoras rurales.
Lo más reciente en la cadena de sucesos alrededor de la que parece una via crucis reminiscente de Semana Santa para los habitantes originales del TIPNIS, es una declaración del dirigente Mario Castillo, de la Federación de Cocaleros del Trópico, quien ha anunciado que la organización a la que pertenece no dejará que nadie se movilice hacia la marcha. Si quieren ir, pues que vayan en canoa, pero no por estos caminos, a los que se oponen, ha sido su amenaza.
Tal vez suene a música a los oídos del gobierno, o tal vez alerte aún más sobre las dificultades que rodearán a la nueva marcha. La noticia se la encuentra también en Erbol y fue reproducida por varios medios nacionales.
Un ángulo importante para mirar los acontecimientos recientes en torno al controvertido proyecto es el conflicto existencial que enfrenta el gobierno. El 25 de septiembre los marchistas se sobrepusieron a la brutalidad policial y sin amedrentarse continuaron estoicamente hasta La Paz, a donde llegaron ungidos de gloria el 19 de octubre. Fue un knock-out para una política del garrote. Pero disconforme con lo que había firmado, el presidente instó a sus seguidores a que ellos presionen para revertir la medida que había revertido otra anterior. La re-reversión ocurrió el 9 de febrero, cuando se aprobó la ley 222 que abrió la posibilidad para una consulta a posteriori con el nombre de “previa”. Es un intrígulis que pocos podrán entender y menos encontrar en él alguna congruencia. Pero luce como si el gobierno creyera que una nueva derrota sería insoportable.
La atmósfera en torno a este vaivén de cosas se volvió un poco más inquieta esta semana cuando el representante de las Naciones Unidas Dennis Racicot subrayó que el proceso en curso deberá estar libre de coerción. Es decir, el proceso que substituye al que debió ser proceso previo debería estar exento de presiones como la que denunció la dirigente Plácida.

Una nueva fuerza

Un anuncio surgido en el Comité pro Santa Cruz hace saber que se ha articulado  una Alianza Cívica Nacional, de la cual pocos  sabíamos. Po lo menos, yo la ignoraba. Pero lo principal es que con esta ACN el gobierno tiene ahora al frente una fuerza que podría equilibrar, si es manejada inteligentemente, sus movimientos. Ya no tendría más el  horizonte despejado para cuaquier acción, especialmente la de desplazar a autoridades electadas. De acreditar en el contenido de las resoluciones de la alianza, el gobierno deberá tener cuidado en las medidas contra los gobernadores de Beni (Ernesto Suárez Sattori, suspendido) y Rubén Costas, quien por confesión propia anda con el bolsón de viaje bajo el brazo en caso de ser detenido y llevado a La Paz.
A primera vista, el gobierno del presidente Morales difícilmente podrá alegar un “golpe cívico prefectural”, como en 2008. Los cívicos departamentales se unen en un ”Pacto de Unidad” para “derrotar políticamente a las tendencias autoritarias que ponen en peligro la institucionalidad del Estado” y proclaman su defensa a la democracia “como un sistema de valores, formas y mecanismos reguladores del ejercicio del poder político”. Difícilmente eso podrá ser leído como una conjura.  Con los ojos internacionales con más atención en Bolivia desde la paliza de Tipnis y la ausencia de responsables directos, las acciones oficiales no podrán ser sino cuidadosas y repetuosas de las normas legales.
El centenar o quizá más de firmantes, entre ellos representantes cívicos de Cochabamba, Beni, Pando y El Alto, exige al presidente Morales “cumplir y hacer cumplir” la CPE que él pidió aprobar, y respetar el voto popular a quienes resultaron electos (ergo, los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez, suspendido, y de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera). Es decir, dar fin a   los “golpes institucionales” que han destituido a gobernadores, alcaldes y autoridades   mayoritariamente electos que no comulgaban con las ideas ni determinados actos del gobierno.
La ACN ve que la democracia boliviana está en riesgo debido a estos “actos ilegítimos” y ha decidido mantenerse en emergencia hasta el esclarecimiento de las acusaciones a los gobernadores de Santa Cruz y Beni. Cuál será la fuerza real de este movimiento es algo aún por ser determinado. El gobernador del Beni está suspendido principalente por haber ordenado la cmpra de un equipio generador de energía en un momento crítico para esa ciudad beniana. Se lo acusa de haber iugnorado trámites administrativos para ordenar la operación. Sobre el de Santa Cruz hay una variedad de acusaciones, peero una de las principales es haber gastado dinero en la realización dek plebiscito en el cual el epartamento aprobó sus estatutos autonómicos con  un 84% de voto.

La jornada de anoche parece haber testimoniado que los comités cívicos se han colocado detrás de sus escudos romanos y desafían el poder, hasta ahora sin contrincante organizado. Está por verse si el gobierno preparará su caballería para doblegar a los cívicos o si se trata del inicio de un juego civilizado en el que dos fuerzas buscarán en la razón la fuerza de sus argumentos.

El Pacto de Unidad y Compromiso suscrito por  los dirigentes reunidos en Santa Cruz critica de manera indirecta al gobierno y dice quen el progreso y el desarrollo no pueden fundarse “en líneas étnico-culturales sino  en las potencialidades de las regiones.” Es decir: Dejen de guiarse sólo  por  el aymaro-centrismo y miren a los nueve departamentos. También manifiestan su respeto a la sabiduría y representación política de los originarios del oriente, pero sin rechazar el conocimiento universal y el mundo moderno. Es una velada crítica a quienes censuran la tecnología y el mundo que nos han traído los avances científicos del último siglo y los que avasalladoramente ocurren en estos años, lo mismo que un revés a quienes quieren aprender en las arrugas de los abuelos.

Al igual que 2011,e ste 2012 que ya nos toca las puertas se anuncia extremadamente activo.