Ahora que el Tribunal Constitucional ha reconocido la prioridad del ámbito natural para llevar a cabo el llamado “caso terrorismo”, las autoridades deberían otorgar también garantías para el retorno a Bolivia del juez Luis Tapia Pachi, quien defendía la misma causa ratificada por el TC. Tapia Pachi pretendía que el juicio se instalara en Santa Cruz, el lugar de los acontecimientos del 16 de abril de 2009. La actitud del juez determinó su salida del país y está asilado en Brasil desde 2010, cuando sus colegas del Ministerio Público ordenaron su detención. Creo que el público, especialmente el cruceño, querría saber qué ocurre con él, y cuál es su situación juridica, pues este juez es uno de los elementos importantes del caso en curso desde hace cuatro años.
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El dedo en la llaga
No ha habido respuesta adecuada de ningún tipo de parte del gobierno a la consulta que le presentaron hace tres días los periodistas a la presidente del Senado, Gabriela Montaño. Le preguntaron si el gobierno era capaz de lanzar la primera piedra al sostener, en un lenguaje nada usual en el mundo diplomático, que Bolivia no debe conceder salvoconducto al senador pandino Roger Pinto porque está acusado de delitos comunes. Le dijeron que un ciudadano peruano, que fue asesor del primer círculo del presidente Evo Morales, recibió asilo de Bolivia a pesar de haber sido ya juzgado y con sentencia en su país. A esa etapa no se ha llegado con el legislador pandino, quien alega que buscó refugio en la embajada brasileña en La Paz debido al acoso del gobierno, del que dice que en vez de investigar sus denuncias sobre corrupción y narcotráfico se dedicó a perseguirlo judicialmente. La senadora Montaño respondió que desconocía “el caso” y se calló. El país, incluso los que militan en el partido de gobierno, querría escuchar una explicación. Y saber si aquí también se aplica el dicho anglo-sajón: “Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa”.
¿Habrá encuentro privado Evo-Dilma?
Una pregunta que ronda algunas cabezas en círculos diplomáticoss se refiere a si el presidente Morales, prematuramente de viaje a Argentina, buscará allí el contacto que, por lo que se sabe, no tuvo la semana pasada con la presidente de Brasil Dilma Rousseff. Seguramente el tema de la entrevista lo tiene Ud. a flor de labios: el asilo al legislador pandino Roger Pinto.
Conviene que el presidente Morales tome en cuenta que este momento es muy delicado para la diplomacia regional tras lo ocurrido en Paraguay. Desde columnas importantes de la prensa, la presidente vecina es fuertemente criticada por la actitud de Brasil frente a Paraguay. Es uno de los países que no reconoce al gobierno de Federico Franco (al igual que Bolivia) y fue quien, en principio, sugirió que Paraguay podía ser marginado de MERCOSUR. Esa posición de la mandataria es cuestionada como raras veces, en un país donde su diplomacia generalmente merece apoyo interno unánime. Por eso, parece dudoso que Itamaraty esté dispuesto a comprar un pleito adicional como el que representaría considerar el planteamiento boliviano de revertir la decisión de conceder asilo político al senador.
No ayudaron a la causa del gobierno boliviano las declaraciones de autoridades nacionales sugiriendo que es Brasil el que querría explicar a Bolivia el porqué de la concesión del asilo. El derecho de asilo exime a Brasil de cualquier explicación y es importante subrayar que no es un riesgo pequeño querer prolongar la indefinición sobre el asilo al legislador.
El legado bolivariano
Con ese título, acompañado de una fotografía de Hugo Chávez, la revista Foreign Affairs, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo por su cobertura de asuntos de política exterior, trae esta semana un extenso artículo. Firmado por el periodista Douglas Farah, ex corresponsal de United Press International y Washington Post&Newsweek, y ahora investigador del International Assessment and Strategy Center, el trabajo periodístico describe síntomas de deterioro político que afectan gravemente a la justicia y la democracia en los países llamados “bolivarianos”. Algunos segmentos del artículo (la traducción es del blog):
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“La semana pasada, un líder opositor tomó una decisión poco común y buscó asilo en la embajada de Brasil en La Paz, acusando al gobierno de Evo Morales de perseguirlo y amenazarlo de muerte. En una decisión igualmente sorprendente, el gobierno brasileño desairó al de Morales y concedió el asilo, reconociendo que los temores del legislador estaban bien fundados.”
“El pasado mes, un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fugó de su país bajo la custodia de la DEA, temiendo que lo que sabe de narco-corrupción en altos niveles del gobierno de Hugo Chávez colocaba su vida en peligro. En Ecuador, los jueces que rehúsan seguir las órdenes del presiente Rafael Correa han sido obligados a renunciar y varios viven ahora en el exilio. Un líder opositor está también perseguido por procesos con los que el gobierno busca silenciarlo.”
“Estos episodios subrayan el legado más efectivo y pernicioso de la Revolución Bolivariana que preconiza Hugo Chávez: acentuado poder de gobiernos crecientemente corruptos, neutralización de los jueces, silenciamiento de los medios independientes y criminalización de la oposición política.” LA NOTA ENTERA está aquí al lado, en PAGINAS.
Más decibelios
El presidente Evo Morales ha asegurado que en Bolivia “no existe persecución política sino delincuentes políticos”, al expresar, al igual que la mayoría de sus subordinados, contrariedad por la decisión de Brasil de otorgar asilo al senador pandino Roger Pinto. El calificativo que ha utilizado es el mismo con el que, hace 35 años, el general Hugo Bánzer Suárez, llamaba a los bolivianos exiliados cuyo retorno era exigido como un paso para superar la dictadura y reinstaurar la democracia. “Delincuentes políticos” eran muchos, desde Juan Lechín Oquendo y Marcelo Quiroga Santa Cruz hasta Walter Guevara Arze, Hernán Siles Zuazo y quizá algunos de los que apoyaron al actual mandatario en los albores de su carrera sindical y política. Casi todos volvieron bajo una amnistía general irrestricta que el gobierno dictó, presionado interna y externamente.
El presidente dijo también que “…quien quiere escaparse a otros países sabe que ha cometido delito y por eso quiere escaparse”. Habló esta mañana en el Palacio de Gobierno cuando aún persistía el eco de las afirmaciones que el día anterior habían tenido el Vicepresidente García Linera, el Fiscal General Mario Uribe y que agitaron el ambiente de las relaciones con Brasil, sede de la que probablemente es la diplomacia más madura de América Latina. El vicepresidente dijo que el asilo que se ha concedido al senador Pinto era “desatinada”. La expresión fue quizá algunos decibelios más fuerte que la utilizada por el fiscal Uribe, quien había afirmado que la medida a favor del legislador entorpecería la veintena de procesos que le sigue el gobierno.
Uno esperaba mayor cautela del presidente, pues su palabra es final, no tiene apelación. El primer mandatario no precisó cuándo el gobierno extenderá el salvoconducto para que el asilado pueda viajar a su nuevo destino. “…El tema del salvoconducto no entiendo legalmente”, fue parte de su respuesta, de acuerdo con Erbol. Anunció, sin embargo, que enviará documentación a las autoridades brasileñas para que valoren la posición del gobierno. La pregunta es obvia: Sólo ahora? El legislador pandino está en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo.
Decibelios en alza
La guerra verbal desatada en Bolivia contra el asilo otorgado por Brasil al senador Roger Pinto sumó este martes dos voces sonoras que pueden haber colocado a las relaciones bilaterales en uno de sus niveles históricos más bajos. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que con el asilo a Pinto la cancillería del vecino país había cometido “un desatino”, un término de decibelios pocas veces utilizado entre países que por su vecindad y lazos comerciales suelen tratarse con el máximo cuidado. Brasil es el principal comprador de gas natural boliviano y el que la declaración hubiese provenido de quien momentáneamente, debido al viaje a Europa del presidente Morales, es el Primer Magistrado de la Nación, confiere a las palabras dichas un peso supremo.
“Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el gobierno del Brasil, de otorgar a una persona que acá en Bolivia está acusado (a) no por sus ideas, sino por delitos comunes”, dijo. La Real Academia de la Lengua enseña el significado de ese adjetivo: “Locura, despropósito o error”. Sin comentario.
Desde la capital de la república y en la misma sintonía se manifestó el Fiscal General de la República, Mario Uribe, quien dijo que el que se conceda asilo al senador pandino “significa poner en grave riesgo el esclarecimiento de hechos de corrupción, dando curso a la impunidad, lo que en definitiva estaría disminuyendo la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.” De esta última, en la asamblea de la OEA de la semana pasada en Tiquipaya, elpresidente Morales ha pedido su refundación.
Fiel a la cautela con la que maneja sus decisiones, la cancillería brasileña no ha comentado, de inmediato, las declaraciones de los dos funcionarios, que se suman a las de parlamentarios del partido de gobierno, molestos con el paso dado por el vecino país. Para quienes conocen la forma cuidadosa con la que Brasil conduce sus relaciones diplomáticas, el silencio de su diplomacia a las protestas bolivianas puede tener muchos significados, pero pocos podrían argüir que la decisión no fue debidamente calculada. En ese cálculo es muy probable que hubieran sido consideradas las reacciones airadas que se han escuchado desde el 8 de junio, cuando una escueta declaración en la página web de Itamaraty anunció que el asilo estaba concedido.
El vicepresidente dijo que el senador asilado está “acusado de asesinato, como en el caso de las muertes de dirigentes indígenas en Pando por la masacre en el Porvenir; por otro lado está acusado por (de) delitos comunes, por daño económico al estado, por malos manejos de recursos públicos…no se le está acusando por su concepción de derecha”. Esa matanza, con más de una decena de víctimas, es uno de los episodios más controvertidos ocurridos bajo el gobierno actual. Las declaraciones del vicepresidente están registradas este miércoles en la prensa de brasileña.
Por lo general, Brasil y todos los países signatarios de las convenciones de asilo, no juzgan el mérito de las acusaciones que pesan sobre aquellos a los que se beneficia con esa figura del derecho internacional. Suelen guiar sus decisiones por su propia y soberana evaluación respecto a las garantías que los países involucrados ofrecen de que tendrán un juicio justo quienes se consideran perseguidos o desamparados.
No parece probable que los reclamos bolivianos vayan a encontrar eco en las autoridades brasileñas. Podrían, más bien, afianzar la convicción de que la decisión que tomó su Consejo de Relaciones Exteriores fue correcta.
Asilo concedido
El gobierno brasileño anunció esta tarde que ha concedido asilo al senador pandino Roger Pinto, en una decisión con implicaciones políticas y diplomáticas llamadas a tener repercusiones en Bolivia. En juicio de legisladores de Convergencia Nacional (CN), el partido del legislador asilado, la medida cuestiona la calidad del respeto a los derechos humanos y la independencia de la justicia en Bolivia bajo el Estado Plurinacional y endosa la decisión del legislador de buscar resguardo para sí y su familia. Se ignora si el gobierno del vecino país recibió ya el salvoconducto necesario para el legislador y su familia. Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña estaría en Rio Branco, desde donde el senador sería trasladado a Brasilia junto con su familia quizá durante este fin de semana.
El escueto comunicado de la cancillería del vecino país dice:
El gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Roger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano y en base al artículo cuarto, inciso X de la Constitución Federal.
Ese artículo de la CPE de nuestro vecino dice:
La República Federal de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios:
I – Independencia nacional; II – Prevalencia de los derechos humanos; III – Autodeterminación de los pueblos; IV – No intervención; V – Igualdad entre los Estados; VI – Defensa de la paz; VII – Solución pacífica de los conflictos; VIII – Repudio al terrorismo y al racismo; IX – Cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; X – Concesión de asilo político.
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Hasta el mediodía, la cancillería aseguraba que no había recibido ningún comunicado oficial de Brasil. Por la tarde predominaba el desconcierto en las filas del gobierno, en las que al parecer se creía que si el asilo era concedido, eso ocurriría sólo más adelante este mes. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo la decisión brasileña era “una mala señal” pues la protección era extendida a un legislador con más de 20 procesos. Quintín Quispe, otro legislador del partido de gobierno, pareció confundido y dijo que Pinto debía buscar asilo en Estados Unidos. Su colega Roberto Rojas dijo que, a pesar del asilo concedido al senador, los procesos contra éste deben continuar. Ninguno abordó la desconfianza del legislador sobre la aplicación de la justicia en Bolivia y la dependencia que se atribuye a los jueces respecto al Poder Ejecutivo, patente en algunos casos como el de Leopoldo Fernández, preso desde hace más de tres años, y el de los acusados en el episodio Hotel Las Américas. Esa desconfianza puede haber sido atizada por las declaraciones del gobernador de La Paz favorables a ahorcar a todos los opositores al gobierno. El gobernador pidió, posteriormente, disculpas.
El cañonazo noticioso en Bolivia partió el jueves del diario paceño Página Siete, que mantuvo firme la solidez de su primicia a pesar de los intentos oficiales por desmentirla.
Hasta la noche se desconocía si habría algún comentario oficial del gobierno plurinacional sobre la decisión brasileña, que lo coloca bajo el escrutinio mundial. Con el antecedente de esta tarde, es posible que muchos de los casos controvertidos, bajo juicio o en proceso, sean puesto ahora bajo la lupa de los juristas. Es posible también que el precedente genere mayor atención alrededor de la marcha en curso del TIPNIS y de la paliza que recibieron los marchistas el año pasado.
En junio de 2009, el vecino país otorgó asilo en masa a 118 ciudadanos que solicitaron protección. La medida fue recibida también con asombro, pero sin mayores estridencias. Brasil consideró que el grupo tenía “razones fundadas” para temer que un eventual proceso no sea justo. Anteriormente, Perú había otorgado la misma protección a dirigentes políticos de oposición, en una decisión que provocó agrias reacciones de las autoridades bolivianas.
El programa “No Mentirás”, de PAT, colocó en la noche frente a frente a opiniones divergentes sobre la decisión brasileña. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, se cuadró al lado de la posición oficial y dijo que el senador Pinto debe responder por los juicios entablados en su contra y que, en todo caso, la decisión de asilo es reversible y que las autoridades se enpeñarán en lograrlo. Dijo que la decisión era “errada”y la atribuyó a “falta de información” de la cancillería del vecino país. “El asilo no corresponde en casos de delitos comunes”. Su colega Roberto Rojas también sostuvo que el asilo es revocable. A ojos simples, la revocatoria parece una posibilidad extremadamente remota. No se conoce ningún caso, por lo menos en Brasil, en el que una condición de asilo hubiese sido revocada.
En la otra esquina del ring, el analista Carlos Cordero, columnista de varios periódicos, dijo que el asilo era una “mala noticia para el gobierno” que ocurría en el rastro de varios informes sobre la precariedad de los derechos humanos y de la justicia en Bolivia. Citó informes de las Naciones Unidas, de la Iglesia Católica y los reclamos persistentes de los medios informativos sobre prácticas y amenazas contra la libertad de expresión. “Hay persecución, es patente y la he denunciado”, dijo.
El asilo para el senador Pinto
El diario Valor, de Sao Paulo, informa hoy que el gobierno brasileño ha decidido otorgar asilo político al senador Roger Pinto, en una medida que echa por tierra los alegatos contra el legislador y ensombrece el papel de la justicia en Bolivia. Una de las razones expuestas por el senador Pinto para pedir protección del vecino país es que la justicia en Bolivia no es confiable ni imparcial. Pinto está refugiado en la sede diplomática brasileña desde el 28 de mayo.
Firmado por Fabio Murakawa, de su redacción central, la versión dice (traducción del blog):
El gobierno brasileño decidió otorgar asilo político al senador boliviano Roger Pinto, quien está refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo. Líder del bloque opositor convergencia Nacional, Pinto es perseguido políticamente política por denuncias contra el gobierno de Evo Morales sobre corrupción y participación de funcionarios públicos en el narcotráfico.
Oficialmente, Itamaraty dice que a;un analiza el pedido hecho por Pinto a la presidente Dilma Rousseff, pero representantes del gobierno brasileño ya informaron a las autoridades bolivianas que la decisión está tomada, de acuerdo a informaciones obtenidas por Valor.
Pese a que la concesión de asilo puede ser interpretada como reconocimiento de que existe persecución política en Bolivia, el gobierno no pretende decirlo de manera explícita. Pero Valor fue informado que la decisión del gobierno brasileño se basa en que hay señales de parcialidad de la justicia y cercenamiento de la defensa en algunos de los procesos contra el senador. Temerosos de estremecer las relaciones bilaterales, los diplomáticos brasileños discuten con sus pares bolivianos el momento y la forma mejores para hacer el anuncio. También negocian la concesión de un salvoconducto para que el senador pueda dejar la embajada rumbo al aeropuerto sin ser apresado.
Hay una orden de detención de Pinto porque en el día en que llegó a la sede diplomática brasileña debía presentarse a un tribunal de cobija para deponer en uno de los cuatro procesos por corrupción a los que debe responder –los otros 16 son por desacato. Autoridades brasileñas han dicho al senador que un avión de la fuerza Aérea Brasileña será desplazado para traerlo a Brasil. Pinto pidió que se lo llevase a Brasilia, donde tiene muchos amigos senadores como Sergio Petecao (PSD), de Acre, vecino a Pando, su tierra natal. “Tiene miedo de quedarse en la frontera. Allí es presa fácil (para asesinos)”, dijo Petacao a Valor, al informar que no tiene confirmación de que Brasil otorgará el asilo solicitado. El avión podría hacer escala en Rio Branco, donde la madre, la mujer y una hija y un nieto del senador llegaron la semana pasada. La familia, tras cruzar la frontera y solicitar también asilo, dijo que un grupo de simpatizantes del presidente Morales había amenazado con quemar la casa del senador en Pando.
Oficialmente, el gobierno boliviano dice que aún no ha recibido información sobre la decisión brasileña de otorgar asilo y asegura que respetará la decisión que se tome. “Es posible que Brasil haga un anuncio sobre el asilo. Esa es una decisión soberana de ese país y nosotros la respetaremos. Pero hasta ahora no hay nada”, dijo la Ministra de Información Amanda Dávila a los medios locales.
Entre bastidores el gobierno de La Paz continúa tratando de evitar que se conceda del asilo. Todavía existe el temor de que el gobierno boliviano no conceda el salvoconducto lo que llevaría a la embajada en La Paz a una situación parecida a la de Tegucigalpa en 2009. El entonces presidente hondureño Manuel Zelaya permaneció durante más de cuatro meses en la embajada brasileña, luego de haber sido depuesto por un golpe. “Si no hubiera salvoconducto, él está dispuesto a quedarse en la embajada para siempre”, dijo una fuente próxima al senador.
Valor supo que Brasil no pretende hacer ningún anuncio hasta que el salvoconducto sea concedido, para no dar la impresión de que quiere presionar al gobierno boliviano, pero tampoco va a esperar indefinidamente a que esa situación se resuelva.
