Cuesta arriba

El tiempo trabaja a favor de Roberto Micheletti. Cada día que logra mantenerse, es un día contra Manuel Zelaya. La OEA empieza a reconocer esta realidad y a medida que los errores del mandatario depuesto empiezan a recorrer las redacciones de la TV, la radio y los diarios, la unanimidad de la condena empieza a ceder para dar paso a las reflexiones sobre cómo salir de la crisis con cierta ecuanimidad.

El movimiento rutinario en la capital hondureña parece inalterado y la gente acude normalmente a los centros comerciales, según los informes que llegan de Tegucigalpa.

El secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció ayer, cuando se preparaba para viajar hoy a Tegucigalpa, que “es difícil cambiar las cosas en un par de días”. La frase de Insulza la registra El Universal, de Caracas, esta mañana y exhibe la de camisa de fuerza que se colocan las instituciones cuando presentan un ultimátum y carecen de fuerza para hacerlo cumplir. Recuerden los que las Naciones Unidas dieron cuando procuraban, en vano, la rendición de Saddam Hussein. Cada ultimátum iba acompañado de la noción de fuerza militar de los Estados Unidos. Saddam no cedió y ocurrió la invasión armada. La situación no guarda similitud con la que se presenta en Honduras, pues en Irak había una dictadura implacable. Pero uno se pregunta, ¿qué hará la OEA cuando, mañana sábado, transcurra el plazo de 72 horas que dio a los nuevos gobernantes hondureños para que restituyan en el poder a Zelaya? Ni remotamente se dibuja en el horizonte la posibilidad de una acción armada, tipo República Dominicana en la década de 1960. El presidente colombiano Alvaro Uribe ya alertó que debe respetarse la no intervención y su cancillería no estuvo muy a gusto con el ultimátum. Y Estados Unidos no luce dispuesto a endosar las acciones radicales que propone el presidente Hugo Chávez (“vamos a derrocarlo”).

Las vacilaciones están a la vista. Primero, Chávez se disponía a viajar del brazo con Zelaya para llevarlo a Honduras, con la escolta de Insulza. Después dio un paso atrás y decidió que no iría. Luego Zelaya aplazó también su anunciado retorno para cuando se cumpla el plazo de la OEA. No hay señales claras de que hoy se disponga a ir, pues Micheletti está firme con la idea de aprehenderlo y juzgarlo apenas ponga pie en Honduras. No se puede imaginar a Insulza reclamando la libertad de Zelaya ante la policía hondureña.

La otra cara de la medalla, la versión de los nuevos gobernantes de que “no hubo golpe de estado sino aplicación de la ley”, empieza a hacer impacto. Una posibilidad fuerte es que las elecciones presidenciales del 29 de noviembre sean anticipadas. El tema a discutir (o negociar) es quién las presidirá y quién entregará la banda presidencial. Tal vez ninguno de los dos, pues se habla también de la posibilidad de que los comicios no los presidida ni Micheletti ni Zelaya. Y casi ciertamente no se colocará la “cuarta urna” que pretendía Zelaya que abría la posibilidad de una constituyente que lleve a la reformulación de la Constitución y asentar el pie para romper las “cláusulas pétreas” que prohíben la reelección y castigan la intención de hacerlo.

De allí partió la crisis. La oposición a Zelaya dice que las papeletas fueron elaboradas en Venezuela. El gobernante depuesto lo niega y dice que era sólo una consulta, tipo encuesta. Pero la oposición, basada en el libreto parecido utilizado en Venezuela y en Bolivia, rechazó la iniciativa. Y la Corte Suprema de Justicia, una institución acosada en nuestras latitudes, la declaró ilegal. La justicia ordeno entonces aprehender a Zelaya. Los militares obedecieron diligentemente y convirtieron la orden en expulsión del gobernante a Costa Rica. Eso colmó la medida y la crisis creció a todo vapor.

Al inicio de sus gestiones, Insulza tuvo el primer traspie. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, le informó que la decisión de la justicia de Honduras era irreversible y detalló los delitos que supuestamente habría cometido el depuesto mandatario. Tras la reunión de Insulza con el juez era difícil sostener por entero la ilegitimidad de la salida de Zelaya. Pues parecía improbable que el Secretario General de la OEA pueda argumentar la ilegalidad del golpe si el defendido, ante los ojos de la justicia de su pais, cometió delitos una de cuyas penalidades es la separación del cargo. Para el juez no valió el ultimatum de la OEA ni la posibilidad, expresada por Insulza, de que Honduras resulte apartada de la organización hemisférica. La pelota parece estar ahora en el campo de la OEA.

Para los gobiernos tentados por el autoritarismo, este episodio lamentable es un campanazo de alerta.