“…ya no puedo más”


La incertidumbre cundió este viernes en el Juicio de Siglo cuando la juez ciudadana Sonia Mamani abandonó el mayor proceso penal de la historia boliviana y se desplomó ante la mirada asombrada de la audiencia. Solo segundos antes había agarrado el micrófono y con debilidad inocultable que resultaba de una anemia aguda provocada por una úlcera anunció: “Me estoy sintiendo muy mal. Voy a irme…ya no puedo más”. No llegó a caminar tres pasos y, casi sobre la mesa de los fiscales que pugnaban por bloquear al testigo Boris Villegas, las piernas se le doblaron y cayó de costado. El médico Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados por el ex fiscal Marcelo Soza, corrió a socorrerla mientras el desorden se apoderaba de la sala, en la sesión más tumultuada desde que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz a principios de 2013.
“No se le sentía el pulso y empecé a reanimarla”, dijo, cuando el juez Sixto Fernández le ordenó apartarse debido a su condición de acusado y dejar solo en la tarea de primeros auxilios al médico de turno. “La juez continuó siendo atendida por el médico de turno en la sala, cuyo acento me indicó que no era boliviano”, dijo.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.

La juez, en declaraciones que publicó El Deber, dijo que cubría los costos de la clínica con sus propios reursos. Pero el presidente del tribunal, el juez Fernández, le decía: “Tienes que seguir. Vamos a poner un médico y te vamos a asistir, pero nada de eso pasó hasta el momento” (jueves).

La posiblidad de que el presidente Evo Morales tome alguna medida, inclusive un indulto para apartar el problema que mantiene atención de la ciudadanía desde 2009, se volvió más remota con la  declaración del mandatario a El Deber, publicada el  viernes. Morales fue el primero en anunciar que habían intentado matarlo, que había habido una balacera de 30 minutos (ahora se asegura que duró menos de cinco y que, al parecer, el fuego fue principalmente unilateral), y que se quería dividir a Bolivia con una  campaña separatista. “Es separtismo”, dijo y, más adelate, subrayó: “Cómo para los separatistas puede haber amnistía…”

 

Conminatorias

El Fiscal General del Estado ha sido conminado a “materializar” la extradición del ex fiscal Marcelo Soza, a cargo del Juicio del Siglo durante cuatro años y ahora en Brasil, donde se le ha extendido la condición de refugiado al menos hasta septiembre de 2015. La conminatoria carece de plazo pero tiene características que el magistrado, Ramiro Guerrero, no podrá ignorar. Viene del Presidente del Senado, Eugenio Rojas, a quien se supone asesorado por funcionarios versados en derecho de asilo y en las decisiones soberanas que asumen los estados.

El funcionario dijo que esa autoridad “tiene que hacer cumplir la norma. No sé por qué no está haciendo cumplir. Es su atribución; tiene que demostrar toda la documentación del caso…nosotros vamos a exigir un informe que nos presente y aclare cuál es la tarea que ha cumplido respecto a Marcelo Soza”.

Las expresiones de la autoridad legislativa ocurrieron durante una entrevista con la Cadena A de televisión.  Horas antes, la misma estación había logrado hablar con el ex fiscal Soza, quien, esta vez sin matices, afirmó que lo ocurrido en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 fue una masacre. (El Deber, 10-09-14). En su “Carta al Pueblo de Bolivia” y la declaración ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil, en marzo y abril pasados, había dicho que hubo “uso excesivo e irracional de la fuerza” en el ataque policial de esa madrugada.

Por instrucciones del senador, el fiscal general deberá lograr una hazaña que la diplomacia británica ni Scotland Yard alcanzaron en 35 años, cuando persiguieron sin éxito al asaltante del tren postal inglés Ronald Biggs. El famoso asaltante vivió feliz como refugiado durante décadas en el barrio bohemio de Santa Teresa, en Rio de Janeiro, hasta entregarse voluntariamente a las autoridades de su país a principios de siglo. Murió en diciembre del año pasado.

Es poco probable que el Dr. Soza quiera entregarse hacia 2049 o que el caso que lo ha llevado hasta el cerrado brasileño persista hasta entonces.

La conminatoria del senador se suma a la demanda de los acusados que también reclaman la presencia de Soza para limpiarlos de acusaciones que la ex autoridad ha declarado que son ilegales y fruto de presiones. Puede especularse que la conminatoria del legislador al fiscal general contribuye a agitar más las aguas del Juicio del Siglo, remecidas por los documentos y declaraciones de la ex autoridad judicial a los medios nacionales y que en el proceso todavía no son reconocidos como palabra legal.

Los testigos deben callar

Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.

Cambios que tocan la puerta

Las entradas más recientes sobre la importancia de las elecciones en Brasil el 5 de octubre hacen innecesaria una mayor explicación. El programa oficial de la candidata Marina Silva  es una señal roja para las tendencias proteccionistas en el Mercosur y un campanazo de alerta para los regímenes de tendencias autoritarias: no tendrán al lado a un Brasil complaciente con su comportamiento respecto a los derechos humanos ni al deterioro de la democracia. Ese tiempo se acaba y es posible imaginar las expresiones de gusto o disgusto que provoca entre los personajes políticos principales de la región. Marina Silva propone una “democracia de alta intensidad” que anticipa una actitud militante a favor de los derechos democráticos a través de su política exterior.  

 Entre otras cosas y tomado de su programa, gracias a un amigo de Brasilia, el programa (página 40) promete:

 -Adoptar los instrumentos necesarios para que Mercosur asuma un papel proactivo en la negociación de acuerdos bilaterales y regionales.

- Acelerar las negociaciones para una pronta conclusión de un acuerdo de asociación, sobre bases equilibradas entre Mercosur y la Unión Europea.

- Proponer una política de aproximación de Mercosur con la Alianza del Pacífico.

- Promover el fortalecimiento gradual da Unasur como organización de cooperación de políticas regionales de defensa, seguridad pública, combate a los crímenes transnacionales y protección del medio ambiente.

-Desarrollo energético y de transportes de baja emisión de carbón, promoción de la salud pública, educación de calidad, desarrollo de las ciencias, la tecnología y la innovación.

-Reafirmar el respeto a la cláusula democrática como condición para la participación en los esfuerzos regionales de integración, lo que implica respeto al pluralismo y a la independencia y equilibrio de poderes, a la alternancia en el poder y  garantías a las libertades fundamentales.  

-Adoptar una posición proactiva en las negociaciones sobre el cambio climático, con una lectura dinámica del concepto de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.

-Asumir in mayor protagonismo en la implementación de las convenciones resultantes de la Conferencia Rio-92, tanto respecto al clima como a la biodiversidad.

-Adoptar una agenda positiva para las relaciones con Estados Unidos.

-Actualizar las posiciones adoptadas por Brasil en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el tratamiento de los conflictos regionales.

P.S. No encontré ninguna mención al G77, aunque sí al G20, grupo mucho más restringido en el que Brasil se mueve a gusto.

Veto al voto

La principal organización de campesinos de Bolivia ha anunciado que se propone controlar a sus afiliados,  gran parte de los cuales vive en las áreas rurales del país, para que voten verticalmente por los candidatos del partido de gobierno. Bajo ese razonamiento,  quien en las elecciones del 12 de octubre vote por el presidente Evo Morales (opción cuya legalidad es aún discutida), lo hará también por el candidato del partido en todas las circunscripciones electorales. Una forma ciega de voto cascada.  

La instrucción causa inquietud entre quienes creen que el voto es una manifestación suprema de la libertad individual y juzgan que condicionarlo es vetar un derecho elemental. En la otra esquina, los defensores de ese control dicen que se trata de una manifestación de la vida comunitaria que debe ser respetada.  En una reciente declaración el Vicepresidente García Linera defendió la iniciativa como un “control moral”, expresión de la que denominó como “democracia comunitaria”  enmarcada en la Constitución.

La práctica de controlar el voto no es nueva. Existía desde la instauración del voto universal, hace más de 60 años. Hay, incluso, algunas ocurrencias en elecciones recientes, cuando algunos votantes fueron acompañados hasta la caseta de emisión del voto por supuestos asesores que ayudarían en ese ejercicio democrático.  Ahora se la presenta como un mandato forzoso de sindicatos adscritos al partido de gobierno.

Sobre llovido mojado. El anuncio se suma a la sensación de inevitabilidad que parece ganar espacio al aproximarse las elecciones el 12 de octubre. De esa sensación, mal augurio para las cimientos colectivos de democracia, son responsables en gran medida los dirigentes que discrepan de la necesidad de enfrentar los comicios con una fórmula unitaria capaz de abrir una alternativa válida, incluso para un período difícil como el que empieza a asomar, con nuestros vecinos en dificultades económicas (Brasil para de crecer y, con la “avalancha Marina”,  es posible un cambio en el timón brasileño,  mientras Argentina tiene el  cuello amenazado por una inflación agobiante, segunda en la región después de la de Venezuela).  Si ellos se resfrían, nosotros corremos el riesgo de una pulmonía, dice un adagio.

Con las perspectivas de voto controlado, fuerzas políticas dispersas y un afán hegemónico manifiesto, es como si el país entrara a una tormenta que arrecia sin paraguas protector. 

Desafíos

El racionamiento biométrico que pretende implantar en Venezuela el presidente Nicolás Maduro y la oleada que, con http://https://haroldolmos.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=12124&action=edit amenaza desbancar al gobierno del PT en Brasil, se han erigido estos días como el mayor desafío para la cadena de países bajo regímenes socialistas del Siglo 21. La protesta venezolana se hizo escuchar el jueves con pitazos y batir de cacerolas que han recordado al gobierno heredero de Hugo Chávez que aún tiene al frente a una porción formidable de la población de su país. Más cerca de nosotros, los sondeos le han dicho al de Dilma Rousseff que tiene muchas cuentas por saldar a favor de brasileños descontentos con los resultados del doble sexenio de gobierno del Partido de los Trabajadores.

La insatisfacción en Venezuela con los racionamientos de agua y electricidad creció con la intención de aplicar un control biométrico sobre las compras, especialmente de productos esenciales, una situación hace poco tiempo inconcebible. La única forma de racionamiento que se conocía era la existente en Cuba y en los países tras la Cortina de Hierro antes de la caída del Muro de Berlín.

Mientras el país parece encaminado hacia elecciones legislativas de fines de 2015, es improbable una disminución a corto plazo de la polarización en la que ha caído la sociedad venezolana. Con una gestión administrativa desastrosa que ha colocado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en su peor crisis desde la nacionalización de hace 40 años (al igual que en otras latitudes, se desconocen las cifras de la industria) la producción ha declinado y los ingresos, todavía multi-billonarios, han sido insuficientes para la voracidad del estado. Afectado por una aguda indisponibilidad de dólares, muy pronto el gobierno podría enfrentar la perspectiva desagradable de romper la excentricidad de una gasolina hiper-barata que cuesta miles de millones de dólares subsidiar (el país consume unos 500.000 barriles diarios de petróleo) y de provocar nuevas devaluaciones del bolívar.

El camino de Dilma Rousseff para la reelección parecía expedito hasta el estallido de protestas callejeras de una magnitud y furia sin precedentes en Brasil. El malestar no se apagó ni con el mundial de fútbol de junio y julio. La emergencia de Marina Silva, ayudada por la solidaridad que causó la muerte trágica del candidato socialista Eduardo Campos el 13 de agosto, ha colocado a la “tercera vía” a las puertas de gobernar.

Tenaz luchadora por el medio ambiente, la dirigente socialista ha triplicado el porcentaje que asignaban las encuestas al Partido Socialista Brasileño hace sólo tres semanas. Los sondeos en curso, cuyos resultados serán conocidos durante la semana que empieza, dirán si persiste la tendencia, que ha dejado en tercer lugar al socialdemócrata Aécio Neves y ahora pisa los talones de una Dilma Rousseff acosada por incómodas perspectivas electorales como nunca estuvo su partido desde el primer triunfo de Lula da Silva en 2002. Si Marina registrase un estancamiento, la noticia no sería festejada por el partido de gobierno. Es improbable que las simpatías captadas por la ambientalista se vuelquen hacia Dilma. Es, más bien, probable que el apoyo que tienen los socialdemócratas converja hacia Marina.

Con el PT gobernando, el “chavismo” ha contado cuando menos con guiños de asentimiento para gran parte de sus políticas, incluso para el ingreso de Venezuela al Mercosur. No es seguro que los guiños sean tan seguidos con eventual gobierno de Marina. Los analistas creen que una corriente distinta al mando de la mayor economía del continente sería un serio traspié para los más radicales del socialismo del siglo 21.

Quienes fuera de Brasil tendrían mayores razones para festejar una eventual victoria de la ecologista brasileña serían los habitantes y los defensores del Tipnis. La carretera generadora de violencia en esa región del centro boliviano fue un tiempo financiada por un banco estatal brasileño y había sido criticada por el candidato presidencial socialdemócrata de hace cuatro años, José Serra. La llamó “transcocalera”.

Para quienes analizan lo que ocurre en nuestro vecindario y lo extrapolan a nuestro propio patio, va un dato: En el debate entre candidatos hace una semana, Marina Silva dijo que estaría feliz si, de ganar la contienda del 5 de octubre, pudiera tener a Serra como uno de sus ministros.

Ahí viene Marina

 El ex presidente norteamericano Richard Nixon dijo una vez que por donde fuera Brasil por allí iría América Latina. Eran las últimas semanas de 1971 y el ex presidente norteamericano brindaba por su huésped en ese momento, uno de los dictadores del régimen militar que comandó el destino del país vecino durante casi dos décadas.  Mientras hubo dictadura en Brasil, en el resto del continente se afirmaron los regímenes de fuerza. Cuando se reinstauró la democracia, ésta cundió firme entre sus vecinos. Cuando asomó Lula da Silva, los regímenes de izquierda se fortalecieron bajo características variadas y, en algunos casos, reacios a aceptar naturalmente una esencia de la democracia: la alternancia en el poder.

Una encuesta divulgada hace una semana en Brasil remeció las creencias que hasta pocos  días antes predominaban. La actual presidente Dilma Rousseff dejaba de ser favorita para ganar en la primera vuelta del domingo 5 de octubre y en el desquite sería vencida por la ecologista María Osmarina Silva de Souza, destacada ambientalista ex dirigente del Partido dos Trabalhadores, de Luiz Inacio Lula da Silva, y ahora con la bandera del Partido Socialista Brasileño.  Marina, simplemente así, como se la conoce en Brasil, emergía con un sorprendente 21% de las preferencias, encima de Aécio Neves (20%), hasta entonces el segundo favorito después de Dilma (43%).

El porcentaje que le otorgó la encuesta no era desconocido para Marina. Ya estuvo cerca en las elecciones presidenciales de 2010, cuando alcanzó 19,33% de los votos válidos de la primera vuelta, con el respaldo de cerca de 20 millones de brasileños. Dilma y el socialdemócrata José Serra disputaron la final, que ganó la actual mandataria.

El porcentaje de hace unos días no resultó de la pérdida de simpatías para Dilma o Neves sino de una disminución drástica de indecisos que se volcaron hacia el nuevo fenómeno electoral brasileño.  Los nuevos sondeos son aguardados con expectativa creciente pues la lucha en curso, de consolidarse la tendencia a favor de Marina, podría efectivamente reflejarse en los porcentajes de los dos favoritos.  Favorecerían a Marina los cansados con 12 años de gobierno del PT, que tuvieron una fuerte expresión en las manifestaciones callejeras activas hasta las primeras fechas del reciente mundial de fútbol. Las encuestas no han determinado con certeza qué candidato opositor cosecharía ese descontento, si Neves o Marina. En una de sus primeras declaraciones, la candidata opositora dio una señal nítida contra el continuismo que predomina en naciones vecinas: si llegase a ganar, sería presidente por un solo período.  

La candidata socialista tiene un camino empinado cuesta arriba y cualquier vaticinio es todavía prematuro.  De su lado cuenta con la solidaridad que ha despertado la muerte del líder de la “tercera vía” Eduardo Campos, cuando la avioneta en que viajaba el 13 de agosto se estrelló cerca de Sao Paulo. Si esa solidaridad crecerá o se debilitará, es algo que nuevos sondeos podrían detectar pronto. Pero tiene como haber principal su propia lucha política que la proyectó desde los siringales del Acre, donde nació (Rio Branco) en 1958. Su defensa del medio ambiente le dio renombre internacional y su figura, menuda y de apariencia frágil, se volvió una muralla contra la devastación de la floresta y  la utilización de las aguas de los ríos amazónicos en presas hidroeléctricas, un tema sensible en Bolivia, cuya región amazónica sufrió desastres naturales devastadores este año.

Un gobierno ambientalista en Brasil sería también un mensaje a favor del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), el tema que llenó los horarios estelares de la TV y acaparó los titulares de los medios impresos hasta hace poco tiempo. Sólo una semana antes de los comicios generales en Bolivia, los que habrá en el gigante vecino dentro de mes y medio serán seguidos con atención cuidadosa por todo el continente, presumiblemente por todo el mundo. El volumen de su economía está entre los primeros del planeta y el peso gravitacional de sus inclinaciones repercute sensiblemente entre sus vecinos.