Maduro con el Papa

Nicolás Maduro esuvo este lunes 20 minutos con el Papa Francisco, en un encuentro de grandes significados. Con su legitimidad cuestionada, el presidente venezolano ha querido dejar claro que no tiene todas las puertas cerradas y que está decidido a dejar abierta la de la Iglesia, reiteradamente cerrada por la irreprimible locuacidad e intolerancia de su mentor, el fallecido Hugo Chávez. Es una puerta muy importante y aquella a la que tiene acceso una mayoría de venezolanos (más de dos tercios bautizados en la fe católica).
En busca de fortalecer todo lazo que se le ofrezca y así tener a flote la imagen de un gobierno en actividad, Maduro aceptó un premio de la FAO en Roma y aprovechó el viaje para buscar un encuentro con el Pontífice, que aceptó recibirlo en audiencia –al igual que había aceptado recibir a la presidente argentina. Recibió el premio del brasileño José Graziano, el presidente del organismo mundial y miembro destacado del Partido dos Trabalhadores. Irónicamente, el premio por la lucha contr el hambre en Venezuela llega al mandatario venezolano cuando su país atraviesa por una severa crisis de desabastecimiento de alimentos que no tiene signos de aminorar.
Al buscar el encuentro con el Pontífice, Maduro se distanció de la actitud belicosa de su antecesor. El paso puede haber provocado cuando menos perplejidad en el gobierno boliviano, cuyas relaciones con la Iglesia Católica y sus autoridades han sido en el mejor de los casos inestables.

El escueto comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede dice que la reunón fue cordial y que en ella se habló de la criminlidad, pobreza y drogas, de acuerdo a la reseña que trae El Nacional.

Henrique Capriles, quien sostiene que él ganó la elección del 14 de abril, envió una carta al Papa pidiéndole su intercesión para que el mandatario venezolano abra una puerta herméticamente cerrada en su país: la del diálogo. Como es habitual, la nota oficial del encuentro no describió ninguna situación en particular.
El encuentro con el Papa sigue a otra medida vital: restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos. No hacerlo podría haber sido para Maduro enfrentar un jaque peligroso en sus relaciones con Colombia, que este mes deberá suscribir un acuerdo de cooperación con la OTAN, el bloque militar más poderoso de la tierra. Ese acuerdo explica la rapidez con la que Caracas y Washington acordaron llevar las relaciones bilaterales a la normalidad. Para Venezuela, dejar descubierto su frente con Estados Unidos, el eje de la OTAN, habría sido peligroso.
Todo esto ocurre ante las narices de Bolivia, cuyas relaciones con Estados Unidos están suspendidas, en el nivel más bajo de su historia y sin perspectivas de mejorar. Con Chile estamos en uno de los peores momentos después de la Guerra del Pacífico; con Brasil, la anunciada salida del actual embajador Marcel Biato no augura nada bueno para las relaciones bilaterales. Nada podemos festejar con nuestros vecinos, pero quizá algo se pueda aprender.

El informe que no llega

Hace más de un mes, la autoridad alemana a cargo de la lucha contra las drogas reiteró un pedido de la Unión Europea para que Bolivia entregue cuanto antes los resultados de un estudio  sobre los usos de la hoja de coca (El Diario, 11/05/2013). La declaración de  Mechthild Dyckmans tenía un tono urgente (“lo más pronto posible”, pidió) con un eco de impaciencia por la ostensible lentitud de las autoridades en entregar el informe, que la propia UE decidió financiar con un millón de euros en 2009. El estudio debe informar sobre cuánta coca se cultiva en Bolivia y cuánta efectivamente es destinada al consumo legal y cuánta, en consecuencia, va al narcotráfico.

El reclamo europeo no es nuevo. Hace dos años el embajador de Dinamarca dijo que el viejo continente esperaba “un estudio bien hecho y de calidad”.  Una posición similar fue expresada hace pocos meses por funcionarios de Naciones Unidas en Bolivia.  En las relaciones personales y mucho más en la diplomacia internacional es mala señal hacer esperar a los amigos o los socios.

Con diversos argumentos, el gobierno ha aplazado sucesivamente la entrega del estudio, que debía estar concluido en 2010. En coincidencia con la reciente declaración de la autoridad alemana, un alto funcionario boliviano informó que el trabajo sería concluido en este mes de junio y que en julio estaría ya impreso y listo para su presentación.  Ahora, según la versión más reciente de otro representante oficial, el documento será sólo una referencia a ser combinada con estudios adicionales (se ha hablado inclusive de un censo y de encuestas adicionales entre mineros, conductores, zafreros, constructores y otros sectores) cuyo avances todavía se desconocen.

El estudio final sería conocido sólo a fines de año, pero la danza de fechas y aplazamientos lo ha ensombrecido.  En la claridad, transparencia y credibilidad de los datos de este estudio yace  gran parte de la seriedad y responsabilidad que los países de la UE puedan asignar al gobierno. Se trata de un punto particularmente sensible tras la expulsión de Bolivia de la oficina anti-drogas de Estados Unidos y la suspensión indefinida de todos los programas de cooperación estadounidense que recibía el país. Bolivia está sola en el empeño anti-narcóticos, con muy pocos amigos en el mundo, y la demora que manifiesta en entregar un estudio fundamental sólo juega en contra de sus esfuerzos por demostrar que, en esta batalla, es autosuficiente. Peor: da lugar a sospechas, presumiblemente infundadas, de intereses que no querrían transparencia en números que se refieran a esta cuestión.

Uno de sus puntos más importantes deberá echar luces sobre la extensión de los cultivos que ya existen y la que sería necesaria para cubrir el consumo tradicional.  La ley de hace un cuarto de siglo fijó un límite de 12.000 hectáreas que ha sido ampliamente superado por la realidad. Datos oficiales de las Naciones Unidas mencionan desde el año pasado la cifra de 27.200 hectáreas, más del doble que la extensión legal permitida pero inferior a las 31.000 hectáreas mencionadas en años anteriores y lejos de las que, con cifras mayores, mencionan informes no oficiales.

Es conocido que el gobierno tiene en el sector de los sembradores de coca una de sus fuentes primordiales de apoyo y el margen de movimiento que pueda tener en cuestiones susceptibles de afectar a sus simpatizantes es estrecho. El tema es espinoso, pero no por eso se lo puede ocultar ni diferir.

Los que van y los que vienen

La información sobre un inminente convenio de cooperación de Colombia con la OTAN, el bloque militar más poderoso del planeta, cayó en algunos países de América Latina como rayo en mañana asoleada. Sin esperar pormenores, algunos presidentes reaccionaron al instante, pues súbitamente sintieron que todos los esquemas geopolíticos bajo los que trabajaban eran remecidos. Que Colombia, que comparte con Venezuela una de las fronteras más extensas y porosas de América del Sur (2.000 kilómetros), estuviese a punto de suscribir un acuerdo que, al menos sicológicamente, conferiría un equilibrio a la balanza militar de las dos naciones, fue una noticia desagradable para Nicolás Maduro. Solo días antes, el presidente Juan Manuel Santos lo había enfurecido cuando recibió a Henrique Capriles.

Históricamente, Venezuela ha procurado mantener ventaja militar sobre Colombia. Fue el primer país latinoamericano en adquirir de EEUU una flotilla de cazas supersónicos F-16, en los 80. Años después, bajo el chavismo, incorporó 24 aviones rusos de combate SU-30 y media centena de helicópteros de ataque y defensa. A esas compras se sumaron 100.000 fusiles de asalto tipo AK-47 y, según informes en la red, plantas para fabricar esos fusiles y municiones. La cuenta militar de los últimos años es de miles de millones de dólares. Hasta ahora, la mayor ventaja colombiana ha sido la supuesta experiencia de su Ejército tras décadas de lucha contra las guerrillas.

Son aún desconocidos los alcances del acuerdo que, ciertamente, estará en los análisis de los movimientos guerrilleros colombianos que negocian la paz en La Habana bajo auspicios de Venezuela. Maduro, que acababa de anunciar que quería una milicia obrera con dos millones de hombres, consideró la noticia como una confirmación de sus sospechas contra el gobernante colombiano y acentuó sus recelos hacia Bogotá. Y el presidente Morales vio en el anuncio un peligro para los regímenes de izquierda en la región, incluso el boliviano, y pidió una reunión del Consejo de Seguridad de Unasur para discutir el paso dado por Bogotá. No hubo explicación sobre qué puede hacer ese organismo, del que participa la propia Colombia.

EL DEBER remachó la secuencia de noticias del vecindario con un hecho inesperado: Venezuela se encamina a normalizar plenamente sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Mientras La Paz se encuentra de ida con sus relaciones con Washington en acelerado deterioro, Caracas ya está de vuelta. Algo quizá aún más importante: Santiago, con la visita del presidente Piñera a la capital estadounidense, coloca las relaciones con la única superpotencia en un momento estelar. Uno se pregunta si todo esto es debidamente evaluado por el gobierno boliviano.

Ronald Castedo, una vida en riesgo

Los avatares del Juicio del Siglo que se arrastra desde hace más de cuatro años, en una lentitud con pocos paralelos en la historia del país, han llegado estos días a un punto indeseable en cualquier lugar del mundo. El corazón de uno de los acusados bajo detención domiciliaria trabaja con un quinto de la capacidad normal, corre el riesgo de detenerse y, como último recurso, podría recibir un trasplante.
Ronald Castedo  está hospitalizado bajo terapia intensiva desde hace tres semanas y el médico principal a cargo de su salud asegura que el paciente podría recuperarse sólo si recibe un corazón saludable. No es una perspectiva aceptable para un juicio sobre el que aún pesan dudas que ni el Ministerio Público ni la acusación patrocinada por el gobierno han conseguido disipar. La reputación de la justicia boliviana está en la balanza con una gravedad que algunos no quieren admitir. Sacrificar una vida en una causa dilatada y en muchas facetas todavía oscura no debería ser una posibilidad ni siquiera especulativamente.
Los fiscales que en las audiencias argumentaron que la afección de Castedo, el ex presidente de COTAS, no era resultado del juicio y concluyeron que no debía ser apartado del caso, quizá ya están ante una reconsideración de la noción de que Castedo debe continuar como un sujeto más entre los acusados porque supuestamente estaba doliente cuando comenzó el juicio. El argumento es frágil. Es como si un chofer en camino a Yungas dijera: “Sé que los frenos del ómnibus están dañados, pero ese defecto existía desde antes de que iniciáramos el viaje. Por eso, vamos a continuar”.
El caso está en suspenso otra vez, hasta el 17 de junio. Ahora Castedo será sometido a una nueva evaluación médica, después de haber sido descartada la que había conducido un galeno que fue funcionario del gobierno y que los fiscales consideraron como sin base. El médico había dictaminado que Castedo no está en condiciones de soportar la presión sicológica y física de un juicio en el que está acusado, junto a otras 38 personas, de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. “La ley protege la vida, pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí  mismo”, dijo el abogado Herman Fríes.
Me parece –Uds. podrán corregirme- que el sistema penal boliviano no autoriza a interrogar en el instante a los fiscales o a la defensa. Si hubiese sido posible, los abogados del acusado podían haber preguntado inmediatamente a los fiscales sobre sus conocimientos de medicina, y si estaban preparados para emitir un veredicto para argumentar profesionalmente contra el informe que habían recibido.
El andamiaje del caso dependerá del informe sobre la salud mental del paciente, que deberá emitir otro forense. Los días que corren son tensos y determinantes para el juicio.

Medios, jueces y jurados

El problema para una justicia creíble y la difusión de informaciones de la propaganda del Estado a través de los medios, ha sido patente en el Juicio del Siglo y estos días ha causado incertidumbre. Hay temor de que los jurados no tengan protección suficiente para formar libremente sus opiniones durante un juicio. En los casos controvertidos como el que está en debate, la imparcialidad parece depender de la frecuencia y fuerza persuasiva de lo que los jurados ven, leen o escuchan. ¿Ud. juraría que en nuestro medio y en este juicio los jurados pueden tener opiniones genuinamente imparciales?
En teoría, todas las partes deben confiar en la honestidad de los jueces y jurados, y en que serán capaces de resistir influencias indebidas en el caso que tratan. Es difícil creer que esa confianza sea plena en este Juicio del Siglo y probablemente en muchos otros.
En Bolivia, a diferencia de otros países, los jurados no son recluidos para evitar influencias sobre sus opiniones antes de la emisión de un veredicto. El sistema es distinto y abordar el tema expresa la preocupación sobre si esa diferencia reduce las garantías para un juicio en el que debe primar sólo el mejor saber y entender de los jurados adquirido durante el proceso. Esta desprotección puede poner en entredicho la imparcialidad de los jurados y la seguridad de todos los involucrados. Especialmente cuando la tarea de los jurados ocurre en un ambiente con gran flujo de informaciones, opiniones y tendencias que los jurados no pueden evadir.
El problema es mayor cuando una de las partes es el Estado. Con predominio sobre los medios, en Bolivia el Estado se expresa en radios, estaciones de TV y periódicos impresos.
Imagine Ud. las influencias que apuntan al pensamiento de los jueces y jurados cuando un proceso se extiende por semanas, meses y años. Contabilizados, cuando Ud. lea este artículo habrán transcurrido más de cuatro años y siete semanas desde que comenzó el caso, con la irrupción policial al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas, seguida de persecuciones y encarcelamientos.

Que se tenga memoria, es uno de los juicios colectivos más numerosos y el que más interés ha concitado en el país. El juicio militar colectivo más famoso del siglo pasado, el de Nuremberg (40 millones de muertos sólo en Europa, holocausto de los judíos, destrucción y sufrimiento, desplazamientos y pérdidas incalculables), puso en el banquillo a 23 personas de Alemania nazi. Duró 11 meses, de noviembre de 1945 a octubre de 1946. En el caso boliviano, los acusados son 39 y el juicio pronto superará 50 meses.
“La idea de que el tribunal sea imparcial es el aislamiento. Eso aquí no sucede, tanto porque los jueces leen periódicos, escuchan y miran la TV”, me dijo un abogado. “Todo esto sucede porque el procedimiento penal es un engendro del proceso español y el americano. Es escrito y oral”. Cuando se adoptó este procedimiento, “el objetivo fue hacer los procesos más rápidos. Creo que no lo han conseguido. Peor aún si el proceso es político, con formalidades jurídicas”. (Es difícil imaginar jurados que pasen cuatro años de su vida recluidos en aras de una opinión independiente). Otro abogado, parte de la defensa, me dijo que “siempre ha sido así” y que nunca se había planteado la posibilidad de modificar el sistema.
Los penalistas podrán explicar mejor el problema, pero la cuestión se volvió patente cuando se discutía si la defensa podía hacer uso del Power Point para su presentación. En el debate, la acusación dijo que la presentación visual en esta fase del proceso podía ser una interferencia indebida sobre los cinco jurados (dos jueces técnicos, dos juezas ciudadanas y el presidente del tribunal, el juez Fernández). Los defensores reaccionaron: ¿No son interferencia los avisos impresos y las emisiones de la TV pública que emitía periódicamente un programa sobre terrorismo en el que los acusados aparecían como parte de un plan terrorista? A eso siguió un pedido para que el juez haga que la TV pública cese esas emisiones. Y el juez alegó que no podía hacerlo así como tampoco vetar la publicidad impresa en forma de folletos y avisos. Quedó flotando el temor angustioso de que jurados y juez, con tanta parafernalia informativa diversa que no pueden evitar, no están totalmente inmunes a lo que llega ante los ojos. Menos aún si llega del gobierno.
La semana que empieza puede ser crítica, pues toca defenderse al húngaro-rumano Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes de la operación del 16 de abril. La anterior audiencia, interrumpida por un nuevo receso de 10 días que acaba este lunes, fue dominada por la defensa del otro sobreviviente, el boliviano-croata Mario Francisco Tádic. La acusación objetó preguntas de la defensa que buscaban indagar si Tádic, no siendo de Santa Cruz, había conocido al general (r) Gary Prado Salmón, supuestamente el comandante de la conspiración que, en la teoría oficial y desde la silla de ruedas en la que está postrado, buscaba dividir a Bolivia, y suscitó la interrogante de si un grupo en todo sentido abigarrado como el juzgado sería capaz de derrotar al ejército boliviano.
Por el interés natural que este proceso debe concitar, es extraño que en las audiencias no sea perceptible la presencia de otros juristas, catedráticos y alumnos de facultades de derecho. Un hecho así enseña didácticamente y no ocurre todos los días.

Paralelos

A mediados de 1974 en Lima, durante una conferencia de prensa del contralmirante chileno Patricio Carvajal, una periodista venezolana escuchaba atenta las explicaciones sobre la escasez de artículos de primera necesidad entre los factores que habían llevado al golpe brutal del año anterior. El contralmirante citaba al papel higiénico y al jabón entre los productos que habían desaparecido de los almacenes. En la que parecía una pregunta temeraria la periodista le espetó con sarcasmo: “Ahora que las mujeres en Chile ya tienen papel higiénico y jabón, ¿cuándo van a llamar a elecciones?” Visiblemente molesto, el representante chileno respondió que los militares se proponían restablecer la economía antes de planear otros pasos, entre los que llamar a elecciones no figuraba.

He recordado este episodio tras la alarma que cunde con la economía venezolana y sus vicisitudes, curiosamente parecidas a las que precedieron al final del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Déficit fiscal, pérdida de valor de la moneda y disminución de las reservas internacionales eran parte de los ingredientes que exhibían las peripecias en las que se debatía la economía de uno de los pocos países que aún conservaba el sistema democrático que se hundía en gran parte del continente.

Entre 1970 y 1973, el déficit del sector público chileno se quintuplicó al pasar del 6% al 30% del PIB (suma anualizada de todos los ingresos públicos y privados de un país). Como la producción había descendido y había menos ingresos y menos impuestos, el desequilibrio del erario público era cubierto con emisión de moneda. La consecuencia era una inflación desenfrenada. En tres años, las reservas monetarias se habían reducido a un solo mes de importaciones, entre ellas las de algunos alimentos esenciales, y la inflación en las postrimerías del golpe se había vuelto “híper”. Estudios de entonces afirman que su ritmo era 1% al día.

En Venezuela, la inflación anualizada hasta abril llegó muy cerca del 30%, el déficit del sector público alcanzó el 9% y la escasez de dólares ha dado fuerza a un mercado negro en el que el valor de la divisa estadounidense es cinco veces mayor que el de la cotización oficial. ¿Estamos camino a repetir la historia?

El médico venezolano José Rafael Marquina, que se especializó en informar sobre los deterioros de la salud del desaparecido presidente Hugo Chávez, dijo a Tal Cual Digital, de Caracas, a fines del año pasado que éste había cuidado de su salud de la misma manera en que trató la economía del país: improvisadamente. No hay indicaciones que bajo el líder ungido por Chávez, Nicolás Maduro, eso hubiese cambiado. 

Dicho a vuelo de pájaro, en el centro de la cuestión está la capacidad administrativa del Estado. La fallecida Unión Soviética sucumbió en la ineficiencia después de 72 años. Tuvo empleo pleno y estantes vacíos. Pero aún hoy,  un cuarto de siglo después de la caída del Muro de Berlín (un hito que los regímenes del Socialismo siglo XXI quieren ignorar), las innovaciones rusas conocidas provienen del área militar, la única en la que pudieron competir con el capitalismo.  China se ha convertido en potencia económica tras adoptar un capitalismo de estado conducido con mano de hierro. Y sus saltos económicos habrían sido imposibles sin las enormes inversiones del occidente capitalista. En Venezuela la economía está de rodillas a pesar de  haber recibido más de un billón (doce ceros) de dólares en una docena de años.

La mala gestión es como la gestación: no se la puede ocultar. Uno de sus síntomas inocultables es la hinchazón de la planilla.  Venezuela tenía 1,3 millón de empleados del estado hace diez años. Hoy, el número es el doble. Un trabajo en El Universal decía que la planilla estatal había crecido al ritmo de 310 empleados por día.  Bolivia no está muy atrás. El colega Humberto Vacaflor dice que una de las causas de la quiebra financiera de Huanuni, que antes de su nacionalización lucía como empresa prometedora, es también la  hinchazón de su planta de empleados, que a la sombra estatal creció cinco veces, de unos 800 a más de 4.000 en un sexenio. De otras empresas pocos hablan: YPFB y Entel.  ¿Alguien apostaría que sus panillas no han crecido frondosamente?

Cuando en Chile la escasez se agudizó,  la sintieron también los militares. En Venezuela,  los almacenes militares, antes un emporio de todo y lo mejor, también empiezan a acusar la escasez.  Las versiones no oficiales que llegan de Caracas  dicen que hay inquietud entre los oficiales (nadie estaría tranquilo) a cuyas tropas les tocaría controlar una indeseable situación de caos. Más grave aún: empieza a crecer el número de los que alertan sobre la habilidad del sucesor de Chávez para manejar el barco.

Justicia en entredicho

La forma de justicia que en estos tiempos Bolivia proyecta al mundo tiene estampadas marcas indelebles. La de la mal entendida “justicia comunitaria” con la amenazante habilidad de los degolladores de perros; la de los comerciantes incendiados vivos en Achacachi; la de los policías martirizados en ayllus de Potosí; la de los campesinos vejados en Sucre; la paliza brutal a los marchistas en Chaparina. A esas imágenes se ha sumado la sombra de Jacob Ostreicher y la cruzada del actor Sean Penn para liberarlo. Del caso se supo localmente como una noticia policial más, pero ahora, después de casi dos años, es un suceso que aparece en medios mundiales como ejemplos de una realidad distinta de la que exhibe la propaganda oficial.

Es una de las ironías actuales de Bolivia. Un senador del gobierno admitió a tropezones la noche del miércoles que el actor fue designado embajador “de las causas nobles” por el presidente Morales y que ese nombramiento está vigente. Colegas del legislador dicen que el agro-inversionista Ostreicher es un malagradecido al boicotear la porción del rally de Dakar que deberá pasar por Bolivia. Conociendo el anuncio de un posible boicot y el desánimo que eso provocaría, las autoridades deberían tomar más en serio al actor, a su defendido y la causa que los une.

Con toda su notoriedad, el caso tiene rivales que le disputan atención y a ratos lo  aventajan. El llamado “caso terrorismo” o Juicio del Siglo se arrastra desde hace  cuatro años, cada vez con menos creyentes y con la sospecha de que los mayores responsables no están en el banquillo. El juicio transcurre bajo la mirada impaciente de decenas de familias cruceñas y cientos, quizá miles, de parientes y amigos a quienes llega el oleaje del proceso que ahora se desarrolla en Santa Cruz. La audiencia para este caso trasciende fronteras con una peligrosa magnitud que muchos aún no perciben.  El que estén involucrados ciudadanos de países de los que nos llegan pocas noticias, como Irlanda, Hungría y Croacia, no significa que esos países sean indiferentes al proceso en curso ni su bloque mayor, la UE.

Estos días cumple un año en la Embajada de Brasil el asilado más notable que ha tenido Bolivia: el senador Pinto, todavía en su refugio en La Paz sin perspectivas de un salvoconducto. Y acaban de pasar seis meses desde que el periodista, Fernando Vidal, de Radio Popular de Yacuiba, también estuvo cerca de ser convertido en bonzo por quienes lo atacaron y quisieron quemarlo junto a su operadora Karen Anze.

Ninguno tiene apoyo de un Premio Oscar, pero encierran dramas que algún día serán parte del neorealismo boliviano

Tropiezos de la diplomacia del mar

La unanimidad que rodeó al gobierno en los pasos relativos a la reivindicación marítima parece haber empezado a romperse. Dos conocidos articulistas, atentos al tema por el papel que jugaron en la diplomacia boliviana, han criticado con preocupación este fin de semana los movimientos más recientes y los consideran desafortunados para la causa que abrazan los bolivianos: la gestión del presidente Morales ante el ex presidente Carter y el retiro del tema nacional de la agenda que guiará las sesiones de la OEA la próxima semana en Guatemala.

El guante fino con el que los dos comentaristas trataban este tema parece agotado.
En un artículo en el diario La Patria, de Oruro, el ex vicecanciller Marcelo Ostria Trigo afirmó que “tras la presentación de la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte de la Haya la posición del actual gobierno chileno –que desde su inicio fue dura y aun intolerante– se ha radicalizado.” “Por ahora”, dice, “se ve muy lejana la posibilidad de una negociación directa, como las de 1950 y 1975; esto, para gozo de los halcones chilenos, contrarios a una solución efectiva de la mediterraneidad de Bolivia.”
Ostria Trigo, ex embajador en Israel, Hungría y la OEA, fue uno de los artífices de la reaproximación con Chile en 1975 con el “abrazo de Charaña” de los generales Banzer y Pinochet, y es considerado entre los que mejor conoce de la cuestión de la mediterraneidad y sobre la negociación frustrada para conseguir una salida directa al Pacífico sobre la frontera chileno-peruana. Es la primera vez que opina públicamente sobre la cuestión desde que el gobierno nacional optó por el camino a La Haya tras los acercamientos con los presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Otro diplomático y ex ministro, Manfredo Kempff Suárez, opinó en El Diario, que el retiro de la cuestión marítima del temario de la asamblea de la OEA “deja una sensación frustrante, un tufillo a desistimiento y abandono de uno de los pocos logros diplomáticos bolivianos que producían escozor y malestar en la Cancillería chilena… (Con) la resolución de 1979 apoyada masivamente en La Paz y las subsiguientes resoluciones del organismo, Bolivia abrió un espacio de discusión sobre la necesidad de que nuestro vecino diera pasos efectivos hacia una solución de nuestro justo reclamo”.
Insertada en los temas anuales de consideración de la asamblea a partir de entonces, la resolución obligaba a Bolivia y Chile a abordar el tema e informar a la región. Esa resolución fue considerada como la mayor hazaña diplomática de Bolivia en su reclamo por un acceso soberano al Pacífico Las opiniones de los dos ex diplomáticos podrían provocar otras sobre el nuevo paso dado por Bolivia.

“Parece -dice Kempff- que con la nueva Diplomacia de los Pueblos que ha instaurado el MAS… Chile ya no tendrá que preocuparse de la OEA”.
Ambos consideran innútil el viaje del presidente Morales y el encargado de la gestión boliviana en La Haya, el ex presidente Eduardo Rodríguez.
Ostria Trigo subraya que “el canal de Panamá fue devuelto luego de una negociación bilateral” y que no se parece a la situación que se ha creado con la demanda en La Haya. “Es impensable… que La Haya acepte influencias… para fallar en las causas judiciales que le han sido presentadas. Es un tribunal serio, idóneo y con una conducta nunca observada como parcializada”.
Kempff nota la coincidencia entre el anuncio del retiro de la demanda boliviana con el viaje a Georgia donde procuró “arrancarle (al ex presidente norteamericano) una promesa extemporánea e inútil de mediación con Chile.” Y ahora, dice, Bolivia está con las manos atadas y no podría plantear su reclamo en otras instancias internacionales a causa de la demanda ante La Haya.

Tádic sigue disparando

El juicio del Siglo llegó este martes a uno de sus momentos de mayor suspenso cuando el boliviano-croata Mario Francisco Tádic reasumió su defensa y reclamó la anulación de todas sus declaraciones en los últimos cuatro años pues fueron emitidas, dijo, bajo presión de las torturas que le aplicaban funcionarios del gobierno.
Por el curso de todo el proceso, el caso podría encaminarse hacia una corte internacional en cuyo banquillo de los acusados eventualmente estarían otras personas y no solamente aquellas ahora sindicadas por el gobierno.
En el trasfondo yacen las demandas de los gobiernos de Irlanda y de Hungría, sumados a los de Croacia, que exigen una investigación internacional en torno al caso que ha provocado la mayor atención sobre Bolivia desde los juicios contra Regis Debray, en 1967, y de Luis García Meza, en la década de 1990.
Tádic y el rumano Elöd Tóásó son los dos sobrevivientes de la incursión de una fuerza especial de la policía el 16 de abril de 2009 al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, de la que resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el Irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi, en condiciones que Tádic describió este martes como una masacre. La acusación restó mérito a las afirmaciones de Tádic.
El boliviano-croata hizo una afirmación ante los jurados que está sin respuesta oficial convincente desde la madrugada del episodio: “No era necesario matar a nadie. Podían haber nos detenido (en cualquier momento) sin utilizar fuerza letal”, exclamó Tádic.
La pregunta de Tádic no tiene aún respuesta contundente sinotentativas. No ha aiso demostrada la afirmación de que el grupo disparó sobre la policía y que ésta reaccionó en defensa propia. Y en la ronda sobre quienes cuelga la pregunta aparecen autoridades del primer círculo del gobierno que en algún momento podrían ser interrogadas.
El ex fiscal del caso Marcelo Soza, que aparece en ese estrecho círculo, ha sido mencionado como testigo de la acusación, por “El Viejo”, el ex testigo fundamental de Soza convertido en acusado a las pocas semanas de abrirse la investigación. Soza dijo también este martes que está dispuesto a ser testigo de la acusación o de la defensa.
Tádic también disparó otra interrogante ante la que la acusación no ha tenido una respuesta convincente: “Qué terrorista se registra en un hotel con su nombre legal! Qué terrorista se aloja en un hotel con una sola salida!”
La verdad, dijo Tádic, probablemente nunca se sabrá a menos que hablen el muerto (que no podrá hacerlo) o quien dio la orden de ataque sobre el hotel. El presidente Morales ha dicho que antes de partir aquella madrugada hacia Venezuela dejó órdenes expresas al vicepresidente García Linera para reducir al grupo, pero en la orden no aparece la palabra “matar”.

A pedido de la acusación -y las objeciones de la defensa, que no veía en el punto algo relevante para el caso en ese momento- relató su experiencia en Croata y contó  brevemente la historia de ese país.
Tádic declaró su orgullo por haber combatido en Croacia y subrayó que su frente de batalla estaba a 400 kilómetros de aquel donde se encontraba Eduardo Rózsa Flores.

El caso está ingresando a un terreno cada vez más minado. Las jornadas que vienen prometen ser dignas de seguimiento.

Tramonto populista

El Socialismo del Siglo 21, abrazado por algunos países de la región desde comienzos de siglo, está en aprietos que marcan sus limitaciones y su declinación como modelo. Ideado por un sociólogo alemán (Hans Dietrich Steffan) residente en México, el auge de este modelo sufrió un frenazo en 2009 con el derrocamiento de Juan Manuel Zelaya, el presidente hondureño que buscaba la reelección. Vino después otra caída, la de Fernando Lugo, de Paraguay, como secuela de un juicio de responsabilidades, en junio del año pasado. Un vistazo sobre Venezuela y Bolivia muestra a gobiernos presionados por penurias económicas y sociales. Incluso aliados como Argentina no logran salir de una atmósfera también volátil.
A un mes de las elecciones más controvertidas de la historia de Venezuela en décadas, el régimen de Nicolás Maduro no ha conseguido afirmarse y es visto con olor a fraude por muchos países no comprometidos con el “neo socialismo” que seguía su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez. Políticas económicas fallidas del régimen son vistas como la causa de un agudo desabastecimiento que abarca a más de un quinto de los productos esenciales de la dieta venezolana. La escasez agudiza el descontento y ha llevado a nuevos choques verbales entre Maduro y algunos industriales, pero el desabastecimiento persiste y tiende a empeorar como una paradoja en un país bendito con una abundancia descomunal de ingresos petroleros.
Si y cómo saldrá Maduro del atolladero es todavía motivo de apuestas. Un termómetro infalible suele ser el valor oficial de la divisa norteamericana comparado con el del mercado paralelo. En Venezuela, el paralelo tiene un precio cuatro veces superior al oficial.
En los socialismos del Siglo 20 los desastres económicos causaron hambrunas y millones de víctimas de las que sólo se supo con algún detalle después. El “socialismo real”, desprovisto de matices, que expusieron los Premio Nobel Boris Pasternak (Dr. Zhivago) y Aleksandr Solzheinstsyn (Archipiélago Gulag), habría tenido dificultades para sobrevivir hoy, con la revolución de las comunicaciones que hace que las noticias sean vistas y escuchadas “en vivo” en gran parte del mundo. Eso puede explicar la tendencia de los gobiernos populistas hacia el control de medios informativos.
En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB), un baluarte anti-dictaduras en los años de los regímenes militares, ha puesto estos días en graves aprietos al gobierno, acosándolo con bloqueos, marchas y protestas callejeras por todo el país para mejorar substancialmente una propuesta oficial para las jubilaciones. Hasta el jueves, el gobierno contraatacaba con la recurrente acusación de que los manifestantes conspiraban para derrocarlo.
En la culminación de una jornada furiosa de manifestaciones y bloqueos, una dirigente “libre-pensante” del partido de gobierno se alzó contra la forma en que ha sido decidida la candidatura hacia una reelección del presidente Morales, ignorando una disposición transitoria contenida en la CPE. Rebeca Delgado ha dicho que gran parte de sus colegas oficialistas en el congreso es de “levanta manos” que siguen pasivamente las órdenes del Poder Ejecutivo. El ambiente social y político boliviano se ha vuelto más volátil todavía con un ingrediente que puede ser letal: policías, que a media semana dijeron que se podrían sumarse al reclamo de la COB por una jubilación con el 100% de sus salarios. Han puesto un ejemplo: los militares tienen ese beneficio. ¿Por qué no el resto?
En Argentina, la presidente Cristina Fernández acaba de renunciar la posibilidad, que la oposición observaba con recelo extremo, de una modificación de la constitución que, en 2015, le permitiría una nueva reelección. Si esa decisión es irrevocable, se verá en los próximos meses. Pero nadie duda que parecen lejanos los días en que los gobiernos populistas lograban imponer iniciativas sin mayores contratiempos y el socialismo del Siglo 21 sólo parecía crecer en la región.