Aversión al debate

La posibilidad de que los bolivianos podamos asistir a un debate entre todos lo que aspiran a dirigir sus destinos en los próximos cinco años es casi nula tras el reiterado desaire del Presidente Morales y del Vicepresidente García hacia la idea. Los lugares que les correspondían en el debate promovido por la Asociación de Periodistas de La Paz estuvieron vacios.  No es claro si se discrimina a los candidatos rivales solo porque tienen ideas diferentes a las del gobierno, soberbia por la distancia de los dos mandatarios respecto a sus oponentes mostrada en sondeos de intención de voto, o por la perspectiva de perder electores que afectaría mayormente al oficialismo. (ED, 22-09-14). En cualquiera de esos escenarios, no cabe eludir una confrontación de ideas, a menos que se quiera disparar sobre el propio pie.

Nadie puede negar que debatir ideas y enfrentar cuestionamientos sea esencial para una democracia que se precie de serlo o que aspire seriamente a alcanzarla. Ninguno de los dos mandatarios ha ofrecido una excusa capaz de convencer que el debate es innecesario o irrelevante. Imaginen Uds. el bloqueo que habría sufrido el diálogo al final de la Sudáfrica del apartheid si uno de  los bandos decía: No discuto contigo porque eres racista o porque quieres manejar la economía de manera diferente a como yo lo hago.

Un ejemplo a la mano de comportamiento democrático está aquí al lado, en Brasil, donde habrá elecciones generales el 5 de octubre Nunca escuché a ninguno de los candidatos líderes decir “no debato contigo porque tienes menos del 1 por ciento de intenciones” (Luciana Genro, con 0,9%  o Pastor Everaldo con 0,8%), no me gusta tu pasado o solo debato con las “organizaciones sociales.” Esos argumentos habrían recibido rechiflas de burla y desaprobación que habrían hecho parecer el bullicio del Marcaná al de un cementerio a la medianoche.

La lista de temas que podrían ingresar a un debate es larga y nadie podría dudar de la trascendencia de abordarlos frente al país. Desde la conducción económica, la situación de la industria petro-gasífera, el narcotráfico, la deuda externa, los acuerdos con China y las obligaciones con ese país, la percepción de los candidatos en torno al Juicio del Siglo y los eventuales responsables del  episodio, inclusive el antisemitismo que también empieza a perfilase en esferas no oficiales, todos son temas de un menú muy amplio. El país habría querido que los candidatos expongan sus ideas “en vivo” y las articulen para llegar al mayor número de ciudadanos. La oportunidad la pintan calva, de acuerdo a un viejo dicho. Nadie sabe cuándo ni si habrá otra.

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Hasta aquí esta entrada. Un lector tuvo la gentileza de encontrar en este blog un artículo escrito hace cinco años, sobre el mismo tema de la negativa del presidente a debatir. Véanlo oprimiendo las palabras subrayadas.

 

Analogías

Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.

El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)

Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.

Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.

A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.

“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.

Y ellos se juntan…

Incorpora clip de la propaganda de Marina Silva. 

Toda la izquierda que encabezó el fallecido Hugo Chávez ahora defiende a Dilma  Rousseff y ataca a Marina Silva.  Esa referencia subraya la trascendencia de las elecciones del domingo 5 de octubre en Brasil y los temores que evoca en sus vecinos de izquierda radical la eventualidad de una derrota del Partido de los Trabajadores (PT), cuyo certificado de nacimiento fue firmado por las dos candidatas, una de las cuales (Marina) se apartó para seguir su propio camino.

Al estilo deprecatorio trotsko-lenino-stalinista, lean la definición de la ambientalista en un artículo hospedado por Telesur, la cadena televisiva fundada bajo Chávez: “…candidata del Partido Socialista, organización política de extrema derecha, fiel seguidora de los dictados de Washington y que de socialista sólo tiene el nombre. De modo que, sin forzar los términos, podría decirse que Marina Silva es a Brasil lo que Henrique Capriles ha sido a Venezuela.”

La definición es incorrecta como afirmar que el Polo sur está en  el norte. Ningún partido ni candidato en Brasil tiene la mitad de la torta como la tuvo Capriles. Los candidatos que cuentan son tres, con Aecio Neves, el socialdemócrata, en tercer lugar en los sondeos de opinión. No es cierto decir que Marina Silva, o su partido, el Socialista Brasileiro, es de “extrema derecha”. Antes que mostrar una realidad, la afirmación descubre miedo.

A diez días de las elecciones, Brasil ha ingresado al momento de “vale todo”. La perspectiva de un cambio de mando en la principal economía latinoamericana eriza la piel de los líderes del Socialismo  del Siglo 21. En momentos en que la economía del vecino gigante, el mayor socio comercial de Bolivia, aún exhibe señales de recesión, la apuesta es gigantesca, con aportes de toda la izquierda, desde la moderada hasta la más radical. Los sondeos dicen que la presidente Rousseff ha retomado ventaja sobre su contrincante. Pero con pocos días para el primer veredicto de las urnas (nadie duda que habrá una segunda vuelta), los vaticinios están en zona brumosa. “Haja  coracao”, como dicen los brasileños.

Nota:  Desde hace unos días circula en la web un you tube que impresiona. Véanlo Uds. y juzguen:

https://www.youtube.com/watch?v=X5qM4ZdNGVw

 

 

“…ya no puedo más”


La incertidumbre cundió este viernes en el Juicio de Siglo cuando la juez ciudadana Sonia Mamani abandonó el mayor proceso penal de la historia boliviana y se desplomó ante la mirada asombrada de la audiencia. Solo segundos antes había agarrado el micrófono y con debilidad inocultable que resultaba de una anemia aguda provocada por una úlcera anunció: “Me estoy sintiendo muy mal. Voy a irme…ya no puedo más”. No llegó a caminar tres pasos y, casi sobre la mesa de los fiscales que pugnaban por bloquear al testigo Boris Villegas, las piernas se le doblaron y cayó de costado. El médico Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados por el ex fiscal Marcelo Soza, corrió a socorrerla mientras el desorden se apoderaba de la sala, en la sesión más tumultuada desde que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz a principios de 2013.
“No se le sentía el pulso y empecé a reanimarla”, dijo, cuando el juez Sixto Fernández le ordenó apartarse debido a su condición de acusado y dejar solo en la tarea de primeros auxilios al médico de turno. “La juez continuó siendo atendida por el médico de turno en la sala, cuyo acento me indicó que no era boliviano”, dijo.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.

La juez, en declaraciones que publicó El Deber, dijo que cubría los costos de la clínica con sus propios reursos. Pero el presidente del tribunal, el juez Fernández, le decía: “Tienes que seguir. Vamos a poner un médico y te vamos a asistir, pero nada de eso pasó hasta el momento” (jueves).

La posiblidad de que el presidente Evo Morales tome alguna medida, inclusive un indulto para apartar el problema que mantiene atención de la ciudadanía desde 2009, se volvió más remota con la  declaración del mandatario a El Deber, publicada el  viernes. Morales fue el primero en anunciar que habían intentado matarlo, que había habido una balacera de 30 minutos (ahora se asegura que duró menos de cinco y que, al parecer, el fuego fue principalmente unilateral), y que se quería dividir a Bolivia con una  campaña separatista. “Es separtismo”, dijo y, más adelate, subrayó: “Cómo para los separatistas puede haber amnistía…”

 

Conminatorias

El Fiscal General del Estado ha sido conminado a “materializar” la extradición del ex fiscal Marcelo Soza, a cargo del Juicio del Siglo durante cuatro años y ahora en Brasil, donde se le ha extendido la condición de refugiado al menos hasta septiembre de 2015. La conminatoria carece de plazo pero tiene características que el magistrado, Ramiro Guerrero, no podrá ignorar. Viene del Presidente del Senado, Eugenio Rojas, a quien se supone asesorado por funcionarios versados en derecho de asilo y en las decisiones soberanas que asumen los estados.

El funcionario dijo que esa autoridad “tiene que hacer cumplir la norma. No sé por qué no está haciendo cumplir. Es su atribución; tiene que demostrar toda la documentación del caso…nosotros vamos a exigir un informe que nos presente y aclare cuál es la tarea que ha cumplido respecto a Marcelo Soza”.

Las expresiones de la autoridad legislativa ocurrieron durante una entrevista con la Cadena A de televisión.  Horas antes, la misma estación había logrado hablar con el ex fiscal Soza, quien, esta vez sin matices, afirmó que lo ocurrido en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 fue una masacre. (El Deber, 10-09-14). En su “Carta al Pueblo de Bolivia” y la declaración ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil, en marzo y abril pasados, había dicho que hubo “uso excesivo e irracional de la fuerza” en el ataque policial de esa madrugada.

Por instrucciones del senador, el fiscal general deberá lograr una hazaña que la diplomacia británica ni Scotland Yard alcanzaron en 35 años, cuando persiguieron sin éxito al asaltante del tren postal inglés Ronald Biggs. El famoso asaltante vivió feliz como refugiado durante décadas en el barrio bohemio de Santa Teresa, en Rio de Janeiro, hasta entregarse voluntariamente a las autoridades de su país a principios de siglo. Murió en diciembre del año pasado.

Es poco probable que el Dr. Soza quiera entregarse hacia 2049 o que el caso que lo ha llevado hasta el cerrado brasileño persista hasta entonces.

La conminatoria del senador se suma a la demanda de los acusados que también reclaman la presencia de Soza para limpiarlos de acusaciones que la ex autoridad ha declarado que son ilegales y fruto de presiones. Puede especularse que la conminatoria del legislador al fiscal general contribuye a agitar más las aguas del Juicio del Siglo, remecidas por los documentos y declaraciones de la ex autoridad judicial a los medios nacionales y que en el proceso todavía no son reconocidos como palabra legal.

Los testigos deben callar

Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.

Cambios que tocan la puerta

Las entradas más recientes sobre la importancia de las elecciones en Brasil el 5 de octubre hacen innecesaria una mayor explicación. El programa oficial de la candidata Marina Silva  es una señal roja para las tendencias proteccionistas en el Mercosur y un campanazo de alerta para los regímenes de tendencias autoritarias: no tendrán al lado a un Brasil complaciente con su comportamiento respecto a los derechos humanos ni al deterioro de la democracia. Ese tiempo se acaba y es posible imaginar las expresiones de gusto o disgusto que provoca entre los personajes políticos principales de la región. Marina Silva propone una “democracia de alta intensidad” que anticipa una actitud militante a favor de los derechos democráticos a través de su política exterior.  

 Entre otras cosas y tomado de su programa, gracias a un amigo de Brasilia, el programa (página 40) promete:

 -Adoptar los instrumentos necesarios para que Mercosur asuma un papel proactivo en la negociación de acuerdos bilaterales y regionales.

- Acelerar las negociaciones para una pronta conclusión de un acuerdo de asociación, sobre bases equilibradas entre Mercosur y la Unión Europea.

- Proponer una política de aproximación de Mercosur con la Alianza del Pacífico.

- Promover el fortalecimiento gradual da Unasur como organización de cooperación de políticas regionales de defensa, seguridad pública, combate a los crímenes transnacionales y protección del medio ambiente.

-Desarrollo energético y de transportes de baja emisión de carbón, promoción de la salud pública, educación de calidad, desarrollo de las ciencias, la tecnología y la innovación.

-Reafirmar el respeto a la cláusula democrática como condición para la participación en los esfuerzos regionales de integración, lo que implica respeto al pluralismo y a la independencia y equilibrio de poderes, a la alternancia en el poder y  garantías a las libertades fundamentales.  

-Adoptar una posición proactiva en las negociaciones sobre el cambio climático, con una lectura dinámica del concepto de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.

-Asumir in mayor protagonismo en la implementación de las convenciones resultantes de la Conferencia Rio-92, tanto respecto al clima como a la biodiversidad.

-Adoptar una agenda positiva para las relaciones con Estados Unidos.

-Actualizar las posiciones adoptadas por Brasil en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el tratamiento de los conflictos regionales.

P.S. No encontré ninguna mención al G77, aunque sí al G20, grupo mucho más restringido en el que Brasil se mueve a gusto.